Carmena se niega a ayudar a los jubilados venezolanos

Veta una propuesta del PP para atender y asesorar a los más de mil pensionistas sin ningún ingreso a los que el Gobierno de Maduro les cortó su jubilación en 2015

En Madrid no todos los exiliados son iguales. No es lo mismo huir de Siria, de Grecia o de Venezuela. Y si no que se lo pregunten a los jubilados exiliados venezolanos que han dejado de contar para el Gobierno de Venezuela (desde diciembre de 2015 no les paga su pensión) y para el Gobierno de Ahora Madrid, que se ha negado a estudiar siquiera sus necesidades mientras que pone a disposición de los refugiados que huyen de Oriente los fondos municipales para asesorarles y atenderles a nivel sanitario, psicológico, educativo, jurídico e incluso habitacional. Si en Venezuela, los jubilados no son iguales dependiendo de si viven dentro (si cobran pensión) o fuera (no cobran), en Madrid la diferencia está en si huyen del Daesh o de la dictadura bolivariana.

La crisis humanitaria que vive Venezuela tiene réplicas en Madrid desde 2015. Las restricciones y escaseces provocadas por el régimen de Nicolás Maduro han provocado la salida de cerca de 4.000 jubilados, de los cuales son más de 1.200 los que viven en Madrid. Estos antiguos trabajadores –muchos de ellos con doble nacionalidad– son hoy pensionistas de avanzada edad que dejaron su país para huir de la inseguridad y las carencias. Llegaron a España buscando esa tranquilidad perdida, pero desde hace meses viven con el agua al cuello.

Aunque dentro de Venezuela, los retirados no están sufriendo los impagos del Gobierno, fuera de sus fronteras las pensiones y las prestaciones por jubilación empezaron a llegar con retraso desde principios de 2015 para cortarse de forma definitiva en diciembre de ese año. Las víctimas de este recorte son cerca de 4.000 hombres y mujeres de 70 años de edad de media, que durante décadas cotizaron en su país de origen y cuya avanzada edad les impide ahora trabajar en España para poder ganarse la vida. En este largo año sin ningún ingreso han tirado de ahorros, de familiares y de amigos, pero a la mayoría se le han acabado los recursos.

Después de reclamar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, al consulado de su país en España, la embajada y al Gobierno de España al que piden que obligue a Venezuela a cumplir el convenio bilateral que tienen ambos países para el pago de pensiones y jubilaciones, muchos de estos retirados denuncian que ya no pueden hacer frente a sus pagos cotidianos. La Asociación de Pensionados y Jubilados Venezolanos de la Comunidad de Madrid (ASOPEJUVECMA), que se creó el pasado de 13 de agosto ante la precariedad de algunos de los casos, es quien ahora busca los cauces para conseguir ayudas.

En este periplo por las administraciones e instituciones y viendo las prestaciones que desde el Ayuntamiento de Madrid se anunciaban para los refugiados que huyen de diferentes países oriente –como la asistencia jurídica gratuita a cargo de fondos municipales– esta asociación que lidera Pedro Manuel Ontiveros acudió al consistorio madrileño, sin lograr una respuesta positiva. Es ahí cuando recurrió al PP del distrito de Chamartín, barrio, junto a Usera, en el que se concentra gran parte de los perjudicados por el veto de las pensiones.

La concejal popular del distrito, Isabel Martínez-Cubells, presentó el pasado jueves en la Junta de Portavoces del distrito una proposición que Ahora Madrid inadmitió. Es decir, el partido del Gobierno, con la abstención de PSOE, impidió que la propuesta del PP se debatiera en el pleno del martes. La proposición pide en primer lugar «que la Junta Municipal de Chamartín, desde los Servicios Sociales municipales, tramite con urgencia las ayudas de emergencia que permitan cubrir las necesidades de subsistencia más básicas (alojamiento, alimentación etcétera) de los vecinos del distrito que son jubilados de origen venezolano y llevan más de un año sin recibir sus pensiones».

En segundo lugar, Cubells pidió a la Junta «que desde los Servicios Sociales municipales del distrito de Chamartín se les informe y acompañe en la tramitación de las posibles prestaciones económicas, de competencia regional o nacional, que les pudieran corresponder. Y finalmente, la concejala del PP reclamaba que «debido a la grave crisis sanitaria que se vive en el país, que se organice desde la Junta Municipal de Chamartín una campaña de recogida de medicamentos para enviar a través de organizaciones internacionales».

La propuesta fue vetada por Ahora Madrid y el argumento que dio Mauricio Valiente, tercer teniente de Alcaldía de Carmena y concejal presidente del distrito fue respecto al primer punto de la proposición, según fuentes populares, que no era competencia de las juntas dar ayudas y que, en todo caso, darlas por un procedimiento de urgencia «era prevaricar». Tampoco fueron tenidos en cuenta, a pesar de que incluso se podría haber troceado la propuesta, el segundo y tercer punto de la proposición del PP, relativo a la asistencia jurídica –que Ahora Madrid ha puesto a disposición de los refugiados que huyen de Siria y otras zonas de Oriente con dinero público– y a la recogida de medicamentos en la Junta para remitirlos a organizaciones sin ánimo de lucro.

Derechos humanos

A pesar de que la proposición fue inadmitida de plano y por tanto ni siquiera podrá ser debatida en el pleno del distrito de este martes que viene, un grupo de estos jubilados de origen venezolano que desde hace más de un año no cobran su pensión, va a acudir al pleno para al menos reivindicar con su presencia su reclamación. Para Ana Collado, la vocal vecina del PP de Chamberí que defenderá la necesidad de ayuda de estos vecinos del barrio: «El concejal de derechos humanos debería ser el primero en saber que la defensa de los derechos humanos no entiende de fronteras». Collado se refiere a Valiente, cuya profesión es la abogacía, especializada en «asilo, inmigración y derechos humanos», según reza su currículum.

Aunque posiblemente no hay comparación alguna posible con el éxodo de refugiados sirios, las cifras de venezolanos que han abandonado su país con destino España no es desdeñable. Desde 2014, las migraciones se han disparado hasta elevarse en un 154,5 por ciento. Así, el incremento en 2014, respecto al año anterior fue de un 66%, mientras que en 2015, de un 53%, lo que supuso la llegada de 19.663 venezolanos.

El perfil / Begoña Goicoechea

«No es una cuestión de nacionalidad. Es de humanidad»

Begoña llegó hace siete años a España, junto a su hija. «Nos costó mucho que ella encontrara trabajo y ahora soy yo la que necesito la ayuda». Como cerca de 4.000 venezolanos jubilados que viven en España, Begoña empezó a sufrir retrasos en el pago de la pensión en 2015. A final de año el «grifo» se cortó definitivamente.

Ella, que había trabajado desde los 16 años, en una tienda, en una editorial, en un laboratorio médico y otros tantos sitios de pronto se vio sin posibilidades. Aquí trabajó durante poco más de un año, pero ahora no tiene edad para que nadie la contrate. Esta Navidad sacó algo de dinero haciendo adornos navideños que con ayuda de amigos vendió. «Pero eso apenas te da para una compra en el supermercado», explica. «Estamos en un limbo del que no sabemos cómo salir. Aquí no nos pueden ayudar a recibir la pensión y allí nadie contesta a las reclamaciones». E insiste: «Necesitamos ayuda. No es una cuestión de nacionalidad. Es de humanidad».

En defensa de la revolución

Los jubilados venezolanos a los que el Gobierno de Nicolás Maduro les ha cortado la pensión han dado contra un muro en Chamartín. El concejal del distrito que se ha negado a darles algún tipo de ayuda, e incluso simplemente asesorarles es Mauricio Valiente, tercer teniente de la Alcaldía de Carmena y firme defensor de la revolución bolivariana. Valiente es abogado especializado en «asilo, inmigración y derechos humanos».