Ayuntamiento de Madrid
Cerco también a los loteros de Gran Vía
Tres administraciones cerrarán porque el Ayuntamiento no les renueva sus permisos
Tres administraciones cerrarán porque el Ayuntamiento no les renueva sus permisos.
Las quejas de los comerciantes que tienen su puesto de trabajo en Gran Vía no cesan. A las protestas de los quiosqueros de prensa por la falta de información del Ayuntamiento acerca de cómo les afectarán las obras de reforma que ya se están ejecutando en la céntrica arteria, se une ahora la denuncia de los gerentes de los tres puestos de venta de lotería –El Trébol, La Chata y Rialto–, que aseguran que el Ejecutivo que preside Carmena no ha intentado buscar alternativas a la extinción de su concesión de actividad, que expiró a finales del pasado año. A pesar de que la Junta Municipal del distrito Centro defiende que esta misma tiene carácter «improrrogable», los loteros defienden lo contrario: «No aparece en ninguno de nuestros documentos tal carácter», asegura Marisa Calleja, administradora de El Trebol. Ella explica, además, el cambio que Carmena está dando a una de las principales calles de Madrid: «Parece que solo quieren grandes empresas y acabar con las pymes, los taxistas, los comercios y las terrazas, que somos quienes damos vida a una calle con gran tradición», afirmaba ayer la responsable de uno de los quioscos.
El problema se remonta al año 2002, cuando los loteros firmaron una concesión «improrrogable» con el Consistorio por un plazo de quince años. Así, en octubre de 2017 el Ayuntamiento inició el trámite de declaración de extinción del permiso y se encontró con las alegaciones de los propietarios, que justificaron sus reivindicaciones por su «larga vinculación» con la ciudad y los efectos que supondría para la actividad y sus puestos de trabajo. «Gracias a estos puestos viven once familias», aseguró Marisa.
El Gobierno local desestimó el recurso en enero, pero ellos no se rindieron. Presentaron en febrero otro recurso de reposición en el que solicitaron una prórroga de la autorización y la suspensión cautelar de la medida. El Ayuntamiento tiene de plazo hasta el 24 de marzo para pronunciarse, y en el caso de que la respuesta sea en contra de los intereses de los propietarios, estos podrán interponer otro recurso contencioso administrativo. Aunque esperan que les sean favorables: «Nosotros adaptamos el local hace quince años a los requisitos que exigía el Ayuntamiento pagando, de nuestro propio bolsillo, 50.000 euros. Estamos dispuestos a invertir el dinero que sea en mover nuestro local, pero ellos no nos están dando la posibilidad», comentó Marisa.
Fuentes de la Junta de Distrito que encabeza el edil Jorge García Castaño afirman que en la concesión se incluía la no prórroga de la autorización, algo que en la notificación de la resolución «también se recogía», afirman. Los loteros desmienten la existencia de tal cláusula y afean al Consistorio su negativa a «dar soluciones»: «Solo nos dicen que no quieren quioscos», cuentan. Además, añade, «nos sentimos discriminados respecto al resto de establecimientos de venta de lotería por dos motivos: primero, porque nosotros tenemos que pagar un impuesto en relación a las ventas, y segundo, porque ellos funcionan por una simple autorización o tienen una concesión con derecho a renovación, mientras que nosotros no», explicó indignada. Por el momento, han iniciado una campaña en Change.org, Facebook y Twitter, con el hashtag #loterasgranvia, y han llevado a cabo una recolección de firmas: «Familiares, empleados y clientes están a favor de la renovación de licencias», explica Calleja. Los clientes fijos son los que se verán afectados, porque desean continuar comprando en estas administraciones el número al están abonados desde hace tiempo. Además, concluye Calleja, contribuye a la pérdida de dinero que supondrá para el propio Ayuntamiento.
Once familias se quedan en la calle
Los puestos de lotería nacional en Gran Vía dan trabajo a once familias, la mayoría de los empleados superan los cincuenta años y algunas de ellas tienen personas dependientes a su cargo. La portavoz recalca la edad de los involucrados para explicar la complicación que les supondrá conseguir un nuevo empleo a partir del cierre de sus negocios por las obras de la arteria madrileña.
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