Choque Callao-Ferraz en Torrejón

El PSM pide la expulsión de un ex edil inhabilitado crítico con Tomás Gómez y cercano a Pedro Sánchez.

A menos de medio año para la celebración de las elecciones autonómicas y locales, las peleas internas en el seno del PSM amenazan con recrudecerse. El último escenario del enfrentamiento existente entre los más cercanos al secretario general, Tomás Gómez, y el sector que cuestiona su liderazgo está teniendo a Torrejón de Ardoz como epicentro. La agrupación del PSM de esta localidad ha solicitado tanto a la dirección regional como a la nacional del partido la expulsión de uno de sus dirigentes históricos, Francisco Martín Rojas. Este ex concejal se encuentra actualmente inhabilitado para el ejercicio de cargo público por un periodo de ocho años por la comisión de un presunto delito de prevaricación. Su posición dentro del PSM se limita a la de militante de base. La sentencia todavía no es firme, ya que la decisión del Tribunal Superior de Justicia se encuentra recurrida y pendiente de lo que dictamine finalmente el Supremo. Sin embargo, la contundencia con la que quiere actuar la federación madrileña de los socialistas en este caso ha provocado indignación entre algunos sectores que ven en esta maniobra un deseo de «pasar factura por enfrentamientos de hace años».

Esta petición de expulsión contrasta con lo que sucedió con motivo del caso «Patrimonio Siglo XXI», por el que la ex alcaldesa socialista de Torrejón y ex número dos de Tomás Gómez, Trinidad Rollán, también fue inhabilitada durante ocho años por prevaricación –por aprobar la permuta de un terreno municipal a sabiendas de que era ilegal– aunque terminó siendo absuelta por el Supremo. En ese momento, denuncian los críticos a Tomás Gómez, «no pasó nada, ni se reclamó la expulsión de nadie, sino que se decidió incluso pagar sus abogados» en el proceso judicial: «¿Por qué entonces la comisión ejecutiva del PSM en Torrejón no decidió pedir la suspensión temporal de Rollán?», conluyen desde esta facción del partido.

La sentencia inhabilitó a Martín Rojas el pasado año. Ahora, pasado el tiempo, Callao ha decidido pasar a la acción. Fuentes cercanas a la tramitación de su expediente interno, la dirección regional instó a los responsables del partido en Torrejón –con su actual portavoz, Guillermo Fouce, al frente– a que promovieran una petición de suspensión de militancia temporal contra Martín Rojas. Se amparan, para solicitar esta medida disciplinaria, en el Reglamento de afiliados y afiliadas del PSOE. La dirección regional, con el aval de su secretario general y de la mano derecha de éste, Maru Menéndez, ya ha dado luz verde a este expediente disciplinario, que ahora está sobre la mesa de la dirección federal. El propio Martín Rojas ya ha presentado sus argumentos de defensa y deberá ser el equipo del actual secretario de Organización del PSOE, César Luena, el que resuelva. Según las fuentes consultadas, no está prevista, al menos de momento, la toma de una decisión en firme hasta que no exista una sentencia en firme.

Los más cercanos a Martín Rojas advierten esta «persecución» como una represalia ante el deseo, por parte de un grupo cada vez más numeroso de militantes, de «generar una alternativa a Tomás Gómez», cuya permanencia en la secretaría general y como cabeza de cartel en la candidatura a la Comunidad, aseguran, «lo único que nos puede reportar es una nueva catástrofe» en las elecciones de mayo.

A nadie se le escapa tampoco que Martín Rojas –además de un fuerte opositor interno a Tomás Gómez y a su círculo más estrecho, incluída Trinidad Rollán– formó parte de la plataforma de apoyo del actual secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con motivo de las elecciones primarias que le midieron a Eduardo Madina. Y añaden desde este sector que tampoco Gómez parece dispuesto a perdonarle a Martín Rojas su pasado más reciente como valedor del ex secretario general Alfredo Pérez-Rubalcaba en el seno de la federación madrileña.

Inhabilitación

La inhabilitación de Martín Rojas se remonta a su actuación como primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo. Desde esta responsabilidad, el también portavoz socialista en el pleno municipal dejó caducar una sanción urbanística a 41 chalets de la urbanización Torrenieve que construyó la cooperativa de viviendas que él presidía anteriormente. El juzgado número 2 de lo Penal de Alcalá de Henares le condenó a la pena de 8 años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y le obligó a abonar al Ayuntamiento de Torrejón en concepto de responsabilidad civil 13.237 euros. Desde su entorno se cree que la decisión del Supremo será exculpatoria, ya que responde únicamente a una «omisión» en un proceso administrativo.