La UCO pide que se investigue a Cifuentes por una adjudicación

La Guardia Civil aprecia indicios delictivos al conceder la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid, pero el juez no ve motivos para instar su imputación.

La Guardia Civil ve indicios de la comisión de delitos de cohecho y prevaricación continuada en la actuación de Cristina Cifuentes en la adjudicación «de antemano» al empresario Arturo Fernández de la gestión de la cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011. En un informe del pasado 1 de marzo incorporado a una de las piezas separadas del «caso Púnica» –en la que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid– la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado vincula esas adjudicaciones a sendas donaciones del empresario, que suman 160.000 euros, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), con la que según los investigadores el grupo empresarial habría financiado la campaña electoral del PP madrileño de 2007.

Pero los indicios desgranados por la Guardia Civil en su informe no llevarán a Cifuentes ante el juez. Según ha podido saber este periódico, el juez Eloy Velasco no aprecia indicios delictivos suficientes en su actuación –ni en la de otros tres integrantes de los comités de expertos que valoraron las adjudicaciones– que justifiquen dar el paso de elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo (ante el que está aforada por su condición de presidenta de la Comunidad de Madrid).

La UCO recuerda que la actual presidenta madrileña presidía en el momento de los hechos investigados las mesas de contratación que adjudicaron esos contratos públicos y «a la vez participaba como componente de los comités de expertos que efectuaron las valoraciones de las ofertas de los licitadores».

«Actos injustos»

El informe concluye que los integrantes del comité de expertos habrían cometido en ambas licitaciones una «pluralidad de arbitrariedades» con la «finalidad pretendida de beneficiar en todo momento a la empresa Grupo Cantoblanco» (propiedad de Arturo Fernández). La Guardia Civil pone de relieve la supuesta existencia de «actos injustos, altamente discriminatorios y fácilmente cognoscibles» de los que puede inferirse, según los investigadores, «el pleno conocimiento y voluntad a la hora de ejecutar los mismos».

El documento hace hincapié en que las aportaciones económicas del empresario a Fundescam, la fundación vinculada al PP, se efectuaron en fechas anteriores a las adjudicaciones bajo sospecha y se destinaron «en gran parte» a sufragar «de forma encubierta» gastos electorales «de la formación política a la que pertenecía» Cifuentes cuando ésta formaba parte, además, del Patronato de la citada fundación.

«La circunstancia de compatibilizar la pertenencia a los comités de expertos y valorar las ofertas –continúa el informe– con el hecho de presidir las mesas de contratación en ambas licitaciones es completamente irregular y anómala y únicamente puede corresponderse con la intencionalidad de tener controladas las licitaciones en todo momento». Es decir, precisa, «ejercer un control en la valoración directa de las ofertas de las empresas y asegurarse que esas valoraciones eran finalmente aprobadas».

La Guardia Civil llama la atención sobre el hecho de que la diferencias de puntuaciones finales entre las empresas que concurrieron a los dos concursos para gestionar la cafetería del Parlamento regional fueron «extraordinariamente significativas». De hasta 18 puntos en algunos criterios cuando en 2007 –cuando quien valoró las ofertas fue el jefe del Servicio de Contratación de la Asamblea de Madrid y el Grupo Cantoblanco no resultó elegido– fueron de tan solo 2,78 puntos.

Aunque los hechos habrían prescrito, la Guardia Civil recuerda que Arturo Fernández donó a Fundescam 60.000 euros en 2003 y en la siguiente adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Cámara madrileña, dos años después, «también resultó ser adjudicatario».

La UCO hace hincapié en que para la adjudicación del contrato a Arturo Fernández resultó determinante la valoración de la experiencia de los licitadores. De hecho, se admitieron y valoraron certificaciones de experiencia contractual al Grupo Cantoblanco que correspondían a otras empresas del entramado, algo que según la Guardia Civil «era fácilmente apreciable por el comité de expertos». Los agentes creen que los hechos podrían ser constitutivos de la comisión de los delitos de prevaricación continuada y cohecho.