de la EMVS

La decisión del Gobierno de Manuela Carmena de modificar los requisitos de forma excepcional que dan acceso a los inquilinos de las viviendas protegidas construidas por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) fue polémica desde su anuncio. La alcaldesa de Madrid decidió realizar una regulación extraordinaria para adjudicar un paquete de viviendas a familias que habían ocupado estos inmuebles por supuesta necesidad. La medida está dirigida a personas que residen de forma irregular en estos pisos que podrán optar a legalizar su situación de okupas si cumplen con requisitos como poder demostrar que llevan residiendo en ese inmueble sin contrato, que no han sido conflictivos con sus vecinos y que la unidad familiar no tenga ingresos superiores a 3,5 veces el IPREM (26.092 euros al año).

Con esta medida, el Ayuntamiento argumentó que ayudaba a los okupas que habían dado la patada por necesidad, sin embargo, dejó fuera a todas las familias que decidieron cumplir con la ley y no usurpar una vivienda.

Ahora, la asociación Madridlovale le ha interpuesto una denuncia por prevaricación y desobediencia. La denuncia, interpuesta a las 10:00 horas de ayer, está dirigida contra los concejales Marta Higueras, José Manuel Calvo, Carlos Sánchez Mato y a la portavoz del PSOE en la EMVS Mercedes González, que apoyó la regularización extraordinaria para los okupas de estas viviendas de propiedad municipal. Esta asociación sin ánimo de lucro ha decidido poner en consideración del juez el acuerdo al considerar que se tomó «de forma arbitraria» y porque «choca frontalmente con la legislación vigente». Y es que Madridlovale apunta que el acuerdo se tomó «con la finalidad de hacer caso omiso a numerosas resoluciones judiciales condenatorias por delitos de usurpación». Unas resoluciones que, según apunta la asociación, «se dictaron como consecuencia de las acciones interpuestas por la EMVS durante la pasada legislatura».