Detenido a 218 km/h y con su hijo sin sujección

La mañana del miércoles sobre las 10:30, varios agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid que realizaban servicios de vigilancia de la carretera desde uno de los helicópteros de la Dirección general de Tráfico, dotado con un sistema de detención de velocidad, localizaron un vehículo que circulaba a gran velocidad por la R-4 sentido Toledo.

A la altura del kilómetro 31, en el término municipal de Seseña, un Porche Panamera con matrícula francesa circulaba por la citada carretera a 218 kilómetros por hora. Según la Dirección General de Tráfico, la velocidad máxima permitida para esa vía, una autopista radial de peaje, es de 120 kilómetros por hora, por lo que el vehículo casi la duplicaba. Este exceso de velocidad está considerado por la DGT como «muy grave» y supone una multa de 600 euros y la retirada de seis puntos del carnet.

Un menor sin cinturón

Los agentes, además, pudieron observar que en la parte trasera del coche un menor de aproximadamente ocho años viajaba sin las medidas de seguridad obligatorias y sin un sistema de retención infantil, por lo que se solicitó apoyo a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Toledo, para que se procediera a la detención inmediata del vehículo y se notificasen al conductor las infracciones localizadas. En España, la normativa obliga a disponer de estos dispositivos de retención siempre que se transporten niños hasta que tengan 12 años al menos, o hasta 1,50 metros de estatura, ya que se ha demostrado que reducen las lesiones provocadas por accidentes de tráfico y mejoran eficazmente los resultados en caso de frenazo brusco o impacto. En España, no utilizar esta medida de protección de menores supone una multa económica de 200 euros, además de la retirada de tres puntos del permiso de conducir.

A pesar de que el vehículo tenía matrícula francesa, la multa llegará a la casa del conductor. En agosto de 2013, LA RAZÓN ya informó de que los extranjeros infractores no se escaparían de las multas que se les aplicasen en otros países. La DGT presentó entonces un proyecto para modificar el Reglamento General de Vehículos que iba a permitir el fácil intercambio de información entre los países miembros de la Unión Europea para asegurarse de que las multas llegan al conductor, fuese cual fuese el país donde se cometiera la infracción. Hoy en día, con la nueva normativa, el Gobierno permite a los estados miembros de la UE acceder a los registros de vehículos de la Jefatura Central de Tráfico y, por lo tanto, el Estado español también puede acceder con el mismo propósito a los registros correspondientes de dichos estados.