El Ayuntamiento estudia ampliar Madrid Central a Chamberí

Sugiere la instalación de señales de prohibición y control de cámaras en el Eje Fernández de los Ríos-Eloy Gonzalo-Martínez Campos. También aconseja aumentar la tarifa de la zona SER en el distrito.

Madrid Central podría ampliar sus fronteras más allá de las 472 hectáreas que permanecerán restringidas al tráfico a partir del próximo 30 de noviembre. Así al menos lo sugiere el informe «Plan Director de espacio público. Distrito de Chamberí». El texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, fue encargado por el Ayuntamiento y elaborado por el Grupo de Investigación en Paisaje Cultural (GIPC) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), a fecha del pasado 15 de octubre.

Según reza en su justificación, este Plan Director, contratado por un importe de 17.883,80 euros y solicitado por los coordinadores y servicios técnicos del distrito de Chamberí, nacía por la «necesidad» de contar en este área de Madrid con un «análisis urbanístico que informe de la situación actual» en la que se encuentran «sus vías y espacios públicos»: estudio de mejora de la accesibilidad, generación de ejes de prioridad peatonal, mejora de asfaltados en calzadas, reordenación del aparcamiento –paso de en línea a batería, eliminación del aparcamiento en doble fila–, etc.

El informe, cuyos autores enfocan con vistas a «dar respuesta a algunas demandas vecinales relativas al espacio público», se inserta «dentro de la política» del Gobierno municipal «en materia de calidad ambiental y movilidad urbana», explicitado en el Plan A de Calidad del Aire y del que se deriva la ordenanza de Madrid Central.

Así, los expertos de la UPM reconocen que la puesta en vigor de las restricciones al tráfico en el Centro «afectará radicalmente a las intensidades de tráfico dentro del primer cinturón», en el que sí se podrá circular y que incluye la zona de Bulevares –las calles de Génova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera y Marqués de Urquijo– y de las Rondas –Atocha, Valencia, Toledo y Segovia–. Y es que se prevé que la reducción del tráfico en el principal eje de Madrid Central, la Gran Vía, será del 40%, lo que «conllevará una reconfiguración de los flujos de tráfico en toda la Almendra».

Así, entre las medidas a tomar para afrontar las consecuencias de Madrid Central, el informe sugiere algunas para «evitar el tráfico de agitación», es decir, el generado por aquellos vehículos de fuera del distrito que buscan aparcamiento y que irá derivado a Chamberí. Y es que el texto hace referencia al «efecto frontera» que se puede producir en el distrito: plazas de aparcamiento ocupadas por los no residentes que quieren acercarse lo más posible al Centro. Con todo, los expertos anotan que «no se han encontrado referencias académicas de estudios» sobre las zonas aledañas al tráfico restringido, lo que hace «difícil cuantificar el impacto».

Así, entre las sugerencias se encuentran varias con carácter disuasorio para evitar entrar en el distrito. La más llamativa es la que propone «restricciones a los no residentes en determinados accesos» de Chamberí. Concretamente, sugiere la «instalación de señales que impidan» la entrada al área, «eventualmente dotadas con control mediante cámaras», en determinados «puntos estratégicos de las zonas situadas al sur del Eje Fernández de los Ríos-Eloy Gonzalo-Martínez Campos». También apunta a una restricción al acceso en las calles Menéndez Valdés desde Arcipreste de Hita, Fernando el Santo y Marqués de Riscal desde Castellana –«o en alguna de las intersecciones anteriores»–. Una medida que, en esencia, supondría la ampliación de Madrid Central al distrito de Chamberí.

Según los expertos, con esta extensión de las limitaciones «se puede obligar a los conductores no residentes a realizar trayectos sustancialmente más largos únicamente para aparcar, desincentivando por tanto acercarse al Distrito Centro». En todo caso, la UPM delega tanto esta decisión –que tendría un «alcance inmediato»– como el resto en el Área de Medio Ambiente.

Otro «elemento disuasorio» para los no residentes sería el «aumento de tarificación en las zonas SER colindantes con Madrid Central». El informe señala cuatro zonas del distrito: Gaztambide, Arapiles, Trafalgar y Almagro. Además, considera «aconsejable» aplicar esta subida del precio en el resto de zonas SER que lindan con el perímetro restringido: en Moncloa-Aravaca –Argüelles y Casa de Campo–, Arganzuela –Imperial, Acacias, Palos de Moguer y Atocha–, Retiro –Jerónimos– y Salamanca –Recoletos–. La UPM señala que «medidas similares se han tomado en Gante (Bélgica), uno de los centros históricos más extensos con restricciones al tráfico». Con todo, de forma adicional, propone al Ayuntamiento «estudiar sistemas de tarificación dinámica con la explotación de ''big data'' en función de la demanda de aparcamientos».

En esta línea, el informe también aconseja reducir «las plazas de aparcamiento de rotación», es decir, las verdes y azules, para no residentes. Concretamente, se refiere a las azules de zonas más cercanas al Distrito Centro –al sur del Eje Fernández de los Ríos-Eloy Gonzalo-Martínez Campos–, sustituyéndolas por otras de residente. Esta pérdida de plazas «se podrán compensar» con otras azules al norte del citado eje.

Desde su aprobación, la ordenanza de Madrid Central ha causado una gran controversia en la capital. Numerosos colectivos, agrupados en la Plataforma de Afectados, se han reunido periódicamente con el Ayuntamiento debido a las inseguridades del proyecto, sobre todo para los comerciantes. De hecho, el Ayuntamiento se ha visto obligado a rectificar, sin ir más lejos, la puesta en vigor del plan, que ha pasado del día 23 al 30 para no coincidir con el «Black Friday» y la inauguración de la Gran Vía. El grupo municipal del PP, liderado por José Luis Martínez-Almeida, llevó la normativa a un pleno extraordinario con el objetivo de paralizarla. Si bien salió adelante gracias a los votos del PSOE, el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, expresó las dudas dentro de su grupo hacia un plan hecho «a contrarreloj» y que denota «improvisación». En todo caso, el PP ha recurrido Madrid Central ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), entre otras razones, porque el plan no incluye memoria económica. El tribunal se pronunciará en pocos días.