Elecciones municipales
El bloqueo de la oposición cuesta a Coslada 200.000 euros
PSOE, IU y UPyD impiden prorrogar el crédito para pagar el tratamiento de residuos. El interventor advierte de que las partidas están agotadas para abonar las facturas
MADRID- Coslada es una de las localidades cuyo equipo de Gobierno, como consecuencia del resultado de las municipales de 2011, se ha visto obligado en lo que va de legislatura a un permanente equilibrio en busca de apoyos. Tras las elecciones, el Partido Popular, como lista más votada por los vecinos, logró que su cabeza de cartel, Raúl López, se convirtiera en alcalde. Pero gobierna en minoría. Una circunstancia que, la semana pasada, permitió a la oposición bloquear una iniciativa del PP clave para el futuro del consistorio.
Los populares llevaron al pleno una propuesta para modificar el crédito necesario para poder hacer frente a los pagos por la eliminación y el tratamiento de los residuos. En diciembre de 2012, la Mancomunidad del Este, titular del vertedero de Alcalá de Henares –en el que se tratan las basuras de Coslada–, estableció nuevos precios para el vertido de residuos en sus instalaciones: 20 euros para los ayuntamientos mancomunados y 27,50 euros para los no mancomunados. Al estar fuera de la mancomunidad, el equipo de Gobierno de Coslada planteó dos actuaciones. Por un lado, solicitar una moratoria de seis meses para seguir pagando 20 euros por tonelada y, de forma paralela, iniciar los trámites para incorporar al municipio a la comunidad. La propuesta no salió adelante al contar con los votos en contra del PSOE, Izquierda Unida y Arco (12 ediles), con la abstención de UPyD (2) y con el visto bueno del PP (11). El equipo del PP defiende la incorporación a la Mancomunidad del Este como una medida con la única finalidad de conseguir beneficios para Coslada.
Incremento de presupuesto
Constatado el rechazo del pleno a la propuesta del PP, el interventor municipal se vio obligado a emitir un informe, al que ha tenido acceso este diario, en el que subraya que el voto contrario al «incremento de la partida del presupuesto donde se deben incluir las facturas correspondientes a la Mancomunidad del Este» llega en un momento en el que «dichas partidas y créditos están agotadas y sin saldo, por lo que el Ayuntamiento no cuenta con el crédito presupuestario suficiente». Ello implica, recuerda el interventor, que las facturas tendrán que ser devueltas a partir de ahora a la entidad que gestiona el vertedero.
La actitud de los grupos de la oposición, según el secretario general del PP de Coslada, Francisco J. Becerra, de «votar en contra de una modificación de crédito para hacer frente a una obligación existente no sólo atenta contra el interés general, sino que además puede derivar posibles responsabilidades penales». De hecho, los servicios jurídicos municipales ya están estudiando posibles actuaciones en el ámbito judicial contra los ediles que, con su abstención o su voto en contra, han comprometido el servicio de eliminación de basuras.
Los cálculos que maneja el equipo de Raúl López estiman que el bloqueo de la oposición a su iniciativa generará un sobrecoste a las arcas municipales de 200.000 euros. Dinero que, de no aprobarse la moción próximamente, deberá obtenerse casi con toda seguridad de otras partidas, en principio del área de Medio Ambiente. «IU, PSOE y Arco, así como UPyD, deberán explicar muy bien por qué ponen contra las cuerdas a los ciudadanos de Coslada y les obligan a pagar más por la basura», precisó Becerra.
EL PLAN ESPECIAL DE EL CORTE INGLÉS, TAMBIÉN EN EL AIRE
Otro de los proyectos importantes para la presente legislatura en Coslada es, sin duda, el aterrizaje de El Corte Inglés en la localidad. Sin embargo, su implantación no está contando con el apoyo decidido de los grupos de la oposición, a pesar de que se trata de un proyecto iniciado por el ex alcalde y ahora portavoz socialista, Ángel Viveros. El Ayuntamiento debe aprobar un plan especial que, de momento, ha contado con los continuos reparos de la oposición, según fuentes municipales. Y es que más allá de los beneficios que traería aparejada la llegada de estos grandes almacenes, el equipo de Gobierno de Raúl López subraya la la urgencia de dar vía libre a esta iniciativa por los 600 empleos que su inauguración supondrá.
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