El convenio de las Bescam en Parla se incumple desde la «era Gómez»

El alcalde de Parla, José María Fraile, no deja de abrirse frentes. El socialista, pupilo de Tomás Gómez, suma ya dos imputaciones: una por el llamado «caso sobresueldos» –extras irregulares que durante años pagó a los funcionarios municipales–; y una segunda, por el cese ilegal del jefe de la Policía Local de Parla, que llevó a cabo en 2009 y que a pesar de que la Justicia le reclama que lo restituya, él se niega. Por esta desobediencia reiterativa, la Fiscalía ha pedido –tal y como anunció ayer LA RAZÓN– su inhabilitación como cargo público durante un año y medio, una multa de 30.000 euros y una fianza, como paso previo a la apertura del juicio oral. Sin embargo, a Fraile no parece preocuparle demasiado.

Y es que el primer edil parleño ha decidido dar batalla también por las Bescam y continuar con su desobediencia, esta vez, ante los requerimientos de la Comunidad de Madrid, que le exige que le devuelva cuatro coches Bescam. El Gobierno regional se lo ha requerido en dos ocasiones, tras haber roto el convenio de las Bescam por los «reiterados incumplimientos» del Ayuntamiento parleño. En concreto, el Gobierno de Ignacio González sostiene que en la plantilla policial de Parla faltan 35 agentes sobre los 111 que debería haber, de acuerdo con la ratio de policía por habitante que recoge el convenio que firmaron en su día Tomás Gómez y Esperanza Aguirre, como alcalde de la localidad y presidenta de la región, respectivamente.

Sin embargo, Fraile niega la mayor. Niega haber incumplido el convenio. Sin embargo, según los informes a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, el ahora alcalde, antes concejal de Hacienda, sabía que se estaban incumpliendo los requisitos del convenio de las Bescam desde el año 2005, cuando Tomás Gómez, ahora secretario general del PSM, gobernaba el municipio y Fraile era concejal de Hacienda.

Los documentos, a los que ha accedido este diario, demuestran que el jefe de la Policía Local de Parla advirtió al Gobierno de Tomás Gómez (en 2005 y en 2007)de que se estaba infringiendo la «cláusula quinta» del convenio marco de colaboración entre la Comunidad y el Ayuntamiento para la implantación de las Bescam. Esta cláusula establece que el Ayuntamiento «está obligado a mantener como mínimo la misma ratio policía local/número de habitantes que la existente en la fecha de la firma del convenio, excluyéndose del cómputo los efectivos integrantes de las Bescam». Una ratio que en Parla se incumplía de forma reiterada, como demuestra el hecho de que el jefe de Policía tuviera que redactar hasta dos escritos para denunciarlo. Un oficial jefe, que casualmente fue cesado de forma irregular cuando Fraile se hizo con la Alcaldía, dando lugar a uno de los procedimientos judiciales por los que ahora está imputado el sucesor de Gómez.

En aquel momento, el jefe de la Policía Local, Eduardo Fernández, remitió un escrito al Gobierno de Gómez en el que aseguraba –en 2005– que «con la incorporación de los citados 45 agentes (Bescam) a esta localidad (...) es urgente y necesario adecuar la estructura de mandos». En concreto, el Jefe de Policía trasladó a Fraile –entonces concejal de Hacienda– la «necesidad» de crear en los próximos tres años una plaza de suboficial, tres de sargentos y nueve de cabos. Es decir, 13 plazas.

«Es necesario cubrir plazas»

En el escrito de 2007, el oficial jefe de la Policía de Parla añadió que, además de adecuar la estructura de mandos, se debían cubrir las plazas vacantes para dar cumplimiento al convenio Bescam. En concreto, el jefe policial estableció como «necesario» que se convocaran 25 plazas para cubrir las «14 vacantes (...) y las 11 necesarias para dar cumplimiento al convenio de Seguridad firmado con la CAM». Y explica por qué: «La ratio policía local/número de habitantes, que en 2004 (cuando se firmó el convenio) era de 0,931, por lo que había 81 policías para 87.000 habitantes, de modo que para 109.000 habitantes (que había entonces) debería haber 101 policías del Ayuntamiento, cuando hay 90».

Con la sospecha de que había más ayuntamientos que no estaban invirtiendo en seguridad lo que se habían comprometido y que por tanto estaban «cargando» a los fondos regionales los gastos de la Policía Local, de competencia municipal, el Gobierno regional decidió en 2013 revisar todas las partidas Bescam. La Consejería de Presidencia, frente a la cual está Salvador Victoria, detectó que el 78% de los municipios infrigía el convenio y que Parla era el más incumplidor. Por ello, se le redujo la subvención un 60%. Y se le advirtió de que en 2014 se le retiraría toda la subvención. Junto a Parla, corrieron la misma suerte Arroyomolinos y Paracuellos, ambos gobernados por el PP. Desde enero de 2014 Paral no recibe subvención Bescam, por lo que los agentes de Policía Local que antes financiaba el Gobierno regional ahora los paga el municipio. Además, se le ha requerido que devuelva los cuatro coches que pagó la Comunidad, así como el sistema de comunicaciones Tetra.

La justificación de Fraile

Fraile se niega a devolverlos a pesar de haber recibido ya dos requerimientos del Gobierno de Ignacio González, y a pesar también de que la Justicia le comunicó el pasado mes de mayo que desestima la medida cautelar que había pedido Fraile para intentar retrasar la entrega. El alcalde de Parla alega para justificar su desobediencia que su Ayuntamiento sí cumplió con el convenio Bescam y que, por tanto, la Comunidad de Madrid no tendría razones para romper el convenio y eliminarle la financiación.

Así se justificaba Fraile en diciembre de 2013: «Dijeron en primer lugar que los fondos no estaban justificados, cuando hemos demostrado cómo se justifican, quién se justifica, qué número de agentes... todo ello avalado por el interventor municipal (...) Luego el argumento fue el cumplimiento o no de las ratios, y cuando dijimos que se aplicaran nos encontramos con una aplicación fuera del contexto, sin nada que ver con el convenio, y por tanto recurrimos».

Victoria: «La gestión en Parla desde que estaba Gómez es un desastre»

El portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, criticó ayer la «mala gestión y la irresponsabilidad» del Ejecutivo socialista en Parla. Hizo estas consideraciones al referirse a la petición de inhabilitación del alcalde de Parla por parte de la Fiscalía por un supuesto cese ilegal del jefe de su Policía Local, tal y como publicó ayer LA RAZÓN «La inhabilitación más importante que va a tener el alcalde es la que le van a dar los ciudadanos dentro de un año, porque la gestión que se está llevando, no ahora, sino hace años con Tomás Gómez a la cabeza, está siendo un desastre». También recordó que la Comunidad mantiene abierto el procedimiento judicial para pedir al Ayuntamiento parleño que le devuelvan los coches y los terminales tecnológicos de las Brigadas Especiales de Seguridad (Bescam) tras los reiterados incumplimientos por parte de la Administración local: «El alcalde ha hecho un decreto a todas luces completamente ilegal en el que retiene esos vehículos que no le corresponden», subrayó Victoria.

El detalle

El autor de los informes, destituido

- El hombre que redactó los informes, en 2005 y 2007, en los que alertaba de los incumplimientos por parte del consistorio en relación con las Bescam era el por entonces jefe de la Policía Local, Eduardo Fernández. Roces y desavenencias con los equipos de Tomás Gómez y de José María Fraile que terminaron por desencandenar su destitución en 2009. Fraile alegó entonces «pérdida de confianza». Eduardo Fernández llevó a Fraile ante la Justicia y le dio la razón. Por este despido, el alcalde se enfrenta a una petición de inhabilitación por desobediencia a las sentencias judiciales.