Comunidad de Madrid

El juez de la Púnica da el primer paso para investigar a Ortiz

El PP asegura que el diputado regional dimitirá si el TSJM confirma su imputación en este caso

El diputado del PP Daniel Ortiz
El diputado del PP Daniel Ortizlarazon

El PP asegura que el diputado regional dimitirá si el TSJM confirma su imputación en este caso

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del «caso Púnica», ha remitido un oficio a la Asamblea de Madrid en el que pide que la Cámara autonómica confirme que el ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz es actual diputado regional. Esta circunstancia le haría derivar una posible investigación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Fuentes de la Asamblea informaron a Efe de la recepción de ese oficio, que, en la práctica, significa un primer paso para la investigación judicial a Ortiz, señalado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como posible responsable de delitos de cohecho y fraude por influir para que la empresa Cofely lograra un concurso público valorado en 75 millones de euros.

Se trata de un trámite procedimental, con el que el juez Velasco quiere saber si es él el competente para continuar con el proceso o si, en el caso de ser aforado –Ortiz es diputado en la Asamblea de Madrid desde las elecciones de mayo de 2015–, debería remitir la parte de la causa que afecta a su persona al Tribunal Superior de Justicia madrileño.

Tras conocerse la noticia, el portavoz del PP en la Asamblea, Enrique Ossorio, reconoció que Ortiz tendrá que dejar el escaño si finalmente el TSJM le investiga. Ossorio recordó que, no obstante, aún quedan pasos para que eso suceda: cuando la Asamblea certifique que Ortiz es diputado regional, tendrá que ser llamado a declarar en el TSJM, y si este órgano judicial lo investiga, entonces sí deberá dimitir, como recoge el código ético del PP. Ossorio relató que había hablado con Ortiz. El ex primer edil de Móstoles le explicó que está «disgustado», porque «no ha sido llamado a declarar» sobre su presunta implicación en el «caso Púnica», y que se siente «indefenso». Por su parte, el diputado de Ciudadanos César Zafra dijo que esta noticia «nos preocupa», pero en el acuerdo de investidura con el PP está claro que no puede haber diputados imputados en la Asamblea, por lo que si Ortiz deja su escaño «nos alegra». El diputado socialista José Manuel Franco afirmó que «el de Ortiz no es un caso aislado» y que la corrupción es «algo estructural en el PP de Madrid».

La UCO remitió un informe al magistrado en septiembre de 2015 en el que revela la que el ex alcalde de Móstoles influyó en la adjudicación del contrato millonario a Cofely para el suministro, servicios energéticos y mantenimiento de los edificios municipales y centros educativos. En su informe, los investigadores describen «el concierto urdido» entre 2013 y 2014 entre Ortiz, el ex concejal de Medio Ambiente de Móstoles Alejandro Utrilla y los directivos de Cofely Pedro García Pérez y Constantino Álvarez de la Cueva, para influir en el devenir de este concurso «independientemente de cuál fuese la oferta económica más ventajosa a cambio del pago de notorias comisiones a cargos públicos vinculados al Consistorio de Móstoles». El precio de licitación ascendía a 75 millones de euros y, de acuerdo con las pesquisas realizadas por la Guardia Civil, el alcalde y el concejal habían adquirido un compromiso previo para concederlo a Cofely, incluso antes de la publicación del contrato. El concierto con Cofely no siguió el patrón con el que la trama actuaba en otros municipios, ya que en este caso se pusieron trabas a los competidores, de forma que se desechase la oferta del licitador mejor posicionado y se orientase el concurso a la empresa que querían.