El PP aparta a la diputada que denunció acoso laboral

Cifuentes coloca a diputados de su máxima confianza en los puestos de Moñux y del ex alcalde de Móstoles, imputado en la Púnica.

El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha reorganizado sus órganos directivos y retirado de su puesto de confianza como portavoz adjunta a la diputada Elena González-Moñux que hace unos días denunció en «El País» que sufría acoso laboral por parte del portavoz del grupo, Enrique Ossorio, y que está de baja laboral desde entonces.

Según explicó ayer su sustituta en el cargo, Isabel González, se trata de una reestructuración que obedece al interés por parte de todos los diputados populares de solventar la situación de interinidad en la que se encontraba el grupo parlamentario debido a la baja de González-Moñux. Asimismo, quedaba también vacante la plaza de coordinador de municipios después de que el ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, renunciase a su acta tras ser investigado en el «caso Púnica».

De este modo, Isabel González pasa de ser la secretaria general del grupo para asumir las labores de portavoz adjunta, mientras que su puesto lo ocupará a partir de ahora Alfonso Serrano, que también sustituyó a Jesús Gómez al frente de la comisión de investigación de la corrupción. Por su parte, Inés Berrio pasa a la coordinación de municipios y Alejandro Sánchez el coordinador de comisiones. Todos ellos son personas de máxima confiaza de la presidenta regional.

Antes de proceder a la sustitución de González-Moñux, el grupo encargó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara madrileña para aclarar la situación laboral de la diputada. Dicho informe «dice que no hay relación laboral entre los diputados y la Asamblea, ya que los diputados tienen una función representativa, por lo que los grupos parlamentarios son autosuficientes para gestionar su dirección y sus órganos representativos», detalló González.

Según detallaron fuentes del PP, la renovación ha sido solicitada por todos los diputados del grupo y los nombramientos se han hecho por unanimidad de todos los representantes del PP en la Asamblea de Madrid. Asimismo, respecto a la posibilidad de sancionar a la diputada por su ausencia en tres plenos, dos de ellos consecutivos, las mismas fuentes señalaron que el grupo tan sólo sanciona cuando se ausenta un diputado de una votación o cuando se salta la disciplina de voto.

Sin embargo, hay un precedente en la pasada legislatura cuando el diputado de Izquierda Unida, Miguel Reneses, se ausentó durante seis meses del pleno de la Asamblea. En esta ocasión, fue el grupo parlamentario quien instó a la Mesa de la Asamblea, que es el órgano competente, a abrir un expediente sancionador a Reneses. Con todo, en dicha ocasión no existía una baja médica que justificase la ausencia del diputado.

González-Moñux se encuentra de baja debido a las tensiones con el portavoz del PP, Enrique Ossorio, que no se han traducido en una denuncia formal. «Ella misma reconoce que estar en la dirección de grupo es lo que le provoca ese malestar», indicó Isabel González, que también explicó que la diputada no había recibido bien la noticia de su sustitución. «Estas cosas no se toman bien», añadió.

La ausencia de González-Moñux provoca una situación de empate técnico que ha hecho decaer varias iniciativas en la Asamblea y que, según apuntó su sustituta, se tendrá que afrontar «votación a votación». A falta de noticias sobre la reincorporación de la diputada, el refrendo de los Presupuestos de la Comunidad para 2017 puede suponer un reto para el grupo parlamentario, incluso con el apoyo de Ciudadanos.

Dimite el alcalde de Colmenar

Miguel Ángel Santamaría presentó ayer su dimisión como alcalde de Colmenar Viejo por «motivos personales» después de que se le notificase la apertura de juicio oral como acusado en un presunto delito de prevaricación urbanística. La juez de instrucción número 3 de la localidad ha imputado al alcalde, a su predecesor, José María De Federico, y a otros diez concejales por un total de 16 infracciones urbanísticas llevadas a cabo desde 2006 por parte del equipo de Gobierno del PP en Colmenar. Desde la comisión gestora del PP de Madrid declinaron realizar comentarios al respecto. Recientemente, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, presentó un código ético para altos cargos de la Comunidad que les obliga a dimitir en caso de ser imputados en algún delito relacionado con la corrupción, similar al que han firmado todos los diputados regionales y al que quiere poner en marcha en el PP de Madrid.