El PP se querella contra Mato y Mayer por la polémica del Open de Tenis

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid cree que los ediles de Ahora Madrid cometieron prevaricación, malversación de caudales y un delito societario.

La polémica generada por la denuncia presentada por dos concejales del Gobierno de Carmena en torno a supuestas irregularidades en el convenio regulatorio del Master de Tenis de Madrid acumula un nuevo episodio. El grupo municipal del PP en el consistorio presentará a lo largo del día de hoy una querella contra el delegado de Economía, Carlos Sánchez Mato, y Celia Mayer, ex responsable del área de Cultura y Deportes, por la posible comisión de tres delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario.

La polémica se inició a comienzos del mes de mayo, al hacerse público que Mayer y Sánchez Mato –cuando aún eran responsables de la empresa pública Madrid Destino– llevaron a la Fiscalía Anticorrupción el convenio suscrito por el Gobierno de Ana Botella (PP) y la entidad que gestiona el Máster 1000 de Tenis que se celebra en Madrid cada primavera. Sánchez Mato y Mayer justificaron esta decisión al considerar que el convenio era lesivo para las arcas municipales y podría incurrir en varios delitos.

Sin embargo, el traslado de la documentación y la denuncia ante la Fiscalía se realizó sin conocimiento de la alcaldesa y a espaldas del Consejo de Administración de la empresa pública. La propia Carmena ha señalado recientemente que la decisión de Mayer y Mato fue un “error” y que por esta razón ambos fueron apartados de sus responsabilidades en el consejo de administración de Madrid Destino.

Posibles dimisiones

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del PP en el consistorio, José Luis Martínez Almeida, los dos concejales de Ahora Madrid podrían haber incurrido en un delito de prevaricación al no haber justificado conveniente la adjudicación del contrato para la elaboración de la denuncia a un despacho de abogados “ad hoc”. Además, según la querella de los populares, la actuación de ambos ediles podría ser constitutiva de un delito societario –al no haber actuado con la “lealtad” debida dentro de la sociedad Madrid Destino– y en otro delito de malversación de caudales públicos, al generar todo ello un quebranto para las arcas municipales de 50.000 euros.

Preguntado por si pedirán la dimisión de estos ediles en el caso de que terminen siendo imputados, Martínez-Almeida ha señalado que, a su juicio, no esto no será necesario: “Si son imputados, estoy seguro de que dimitirán, no porque lo pida el PP sino porque tienen un código ético que lo deja claro”.