El PSOE quiere multar con hasta 3.000 euros a clientes de prostitución

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha creado una ordenanza para «eliminarla de las calles».

«Vivimos uno de los momentos más sensibles para los derechos de las mujeres. La prostitución es otra forma de violencia de género, ataca a la igualdad y creo que debemos atajarlo», afirmó ayer Purificación Causapié, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, durante la presentación de su propuesta de ordenanza municipal contra la prostitución y la explotación sexual.

La propuesta incluye sanciones administrativas al cliente, defensa y apoyo a las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, control de la publicidad que fomente el pago por sexo y medidas preventivas dirigidas a sensibilizar. La propuesta, al margen de los acuerdos presupuestarios que han firmado con Ahora Madrid, retoma la iniciativa defendida por el Partido Socialista durante su campaña, que pasa por actuaciones de sensibilización contra la trata y explotación sexual y el «establecimiento de sanciones administrativas a quienes consumen prostitución», subrayó Causapié. Con esta propuesta, «estamos hablando del modelo de ciudad que queremos, queremos calles libres de prostitución».

El texto que propone el Grupo, y que ahora está en fase de información, se articula en torno a cuatro ejes: la defensa y el apoyo a las víctimas, las sanciones a consumidores y proxenetas, tanto en espacios públicos como en locales, la retirada de la publicidad que incite a la prostitución y, finalmente, el desarrollo de campañas de sensibilización. El primero busca la defensa y apoyo a mujeres para una alternativa vital. Es importante resaltar que «las mujeres que ejerzan la prostitución nunca serán sancionadas», subrayó Causapié. Una diferencia importante con la ley de seguridad ciudadana que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2015 y que sí persigue a las mujeres que ejercen la prostitución.

El grueso de la ordenanza que quieren sacar a adelante los socialistas está en las sanciones dirigidas a clientes, mafias y proxenetas. Éstas se dividen en leves, graves y muy graves, con una penalización económica que va de los 500 a los 3.000 euros, en función de si se dan o no más agravantes. Causapié da un ejemplo: «La demanda de servicios sexuales en la vía pública y el reparto de publicidad tendrán una sanción mínima de 750 euros, pero si a esto se añadiera que se reparte cerca de colegios, la cuantía crecería». Causapié indicó que el PSOE está «comprometido» con la abolición de la prostitución. «Toda la demanda de la prostitución y toda la difusión es sancionable; la única manera de combatir la trata, el tráfico de mujeres es incidiendo sobre la demanda de la prostitución». Así, el PSOE busca prohibir aquella publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo de la prostitución y que se publicite en Prensa: «Vamos a pedirle al Ayuntamiento que retire la publicidad institucional de todos los medios donde aparezcan estos anuncios». En este sentido, es importante resaltar que LA RAZÓN es de los pocos medios nacionales que lleva años comprometido contra estos anuncios.

Causapié remarcó que la propuesta de ordenanza se ha pergeñado teniendo en cuenta las competencias del Ayuntamiento de Madrid. En este punto, indicó que el Consistorio de la capital «puede controlar la licencia de determinados locales», que también serían objeto de multa. «La Policía Municipal puede detectar y tener pruebas de una situación de explotación sexual».