El triunfo de la protesta silenciosa

Varios centenares de personas se sumaron ayer a la causa en defensa de la capilla de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. Lo hicieron con su participación en la misa que los responsables pastorales de la universidad habían convocado por la tarde. Ni siquiera el asfixiante calor de los pasillos de la facultad impidió el éxito de asistencia. Personas de todas las edades, aunque fundamentalmente jóvenes, se concentraron en torno al altar improvisado junto a la puerta de la capilla para lanzar al rector el mensaje de que el espacio clausurado es un servicio para toda la comunidad educativa.

«No tenemos ninguna fijación con el decano ni con el rector. Sólo queremos tener un espacio en el que rezar», reconocía ayer Marta, una estudiante de la Complutense al término de la eucaristía. «Los estudiantes estamos hartos de que venga gente que intenta aprovecharse para hacerse la foto, gritar soflamas ideológicas y largarse», subrayaba Rocío, una de las alumnas que a través de su perfil en Twitter está narrando todo cuanto ocurre en su facultad.

Este ambiente festivo no pudo tener como colofón, sin embargo, la noticia de la resolución definitiva del conflicto. Tras la oferta por parte de la universidad de hasta cinco espacios alternativos en los que instalar la sala de oración –que el propio decano, Luis Enrique Otero, mostró esta semana al obispo auxiliar de Madrid, César Franco–, los responsables religiosos abrieron ayer otra vía. El Arzobispado ha trasladado al equipo decanal de Geografía e Historia su disposición a que el espacio de la actual capilla quede reducido a cambio de que no se cambie su ubicación. «Hemos propuesto quedarnos en este mismo lugar pero con el espacio más reducido», reconocía minutos después de la misa el padre Feliciano, delegado de Pastoral Universitaria de la Archidiócesis de Madrid. La renuncia a una parte de la actual capilla por parte del Arzobispado permitiría solucionar la demanda del decano de instalar en este enclave un nuevo espacio docente. Y paralelamente, esta solución dejaría a salvo el patrimonio artístico que actualmente alberga la capilla. A ello se suma además el argumento económico: la conservación del actual espacio sagrado, incluso con menores dimensiones, significaría un menor desembolso para las maltrechas arcas de la UCM, que la conversión de un aula en capilla y de la actual capilla en una o varias aulas.

Si el decano no acepta esta alternativa, el padre Feliciano aseguró ayer haber planteado la posibilidad de trasladar la capilla a algunas de las salas ofrecidas siempre que se ampliaran algo, puesto que todos los espacios propuestos por la Complutense «son muy pequeños».

Pese a todo, desde el Arzobispado se mantiene el optimismo en que se pueda alcanzar un acuerdo. Confían en el diálogo y niegan que exista una fecha límite. «No tenemos constancia de que nos hayan dado un ultimátum. No sé de donde ha salido eso», sostenía el padre Feliciano. De hecho, entre los planes de los delegados pastorales no está la necesidad de desalojar la actual capilla para el inicio de las obras de acondicionamiento.

«Nosotros no pedimos más que lo que pedimos», aseguraba al término de la misa el padre Feliciano en referencia a la protesta que algunas asociaciones católicas habían celebrado por la mañana en la facultad y en la que se había exigido la dimisión del decano. En este mismo sentido, el delegado pastoral subrayó que lo que sucede en torno a la capilla «no es una confrontación violenta» y pidió a los asistentes dejar al margen sentimientos como «el rencor, el desprecio o el odio».

Contra el rector y el decano

Además de la protesta convocada por la plataforma MasLibres.org, a la que acudió en torno al centenar de personas, la Asociación Española de Abogados Cristianos interpuso finalmente ayer una querella contra el rector de la Complutense, José Carrillo, y el decano de Geografía e Historia, Luis Enrique Otero, a los que acusa de haber incurrido en presuntos delitos de coacciones y contra la Libertad Religiosa. La querella argumenta que ambos responsables de la universidad habrían incurrido en actos tipificados como delictivos en los artículos 522 y 523 del Código Penal por haber interrumpido una vigilia de oración en la capilla y además «haber expulsado a los alumnos y profesores de la misma por la fuerza y con amenazas». Asimismo, esta asociación considera que ha existido un delito de coacciones con la colocación de una cerradura «para evitar el acceso a la capilla y al haber ordenado a guardias de seguridad impedir el acceso en la puerta de entrada a la misma».