El TS apoya a las cooperativas frente a las aseguradoras

El calvario de miles de cooperativistas que fueron estafados en el proceso de compra de su vivienda está llegando a su fin. El Tribunal Supremo, en una sentencia fechada a mediados de septiembre, obliga a las aseguradoras de las cooperativas de viviendas a asumir el coste de la insolvencia de la gestora de los Jardines de Valdebebas y devolver a los cooperativistas las cantidades entregadas a cuenta en la promoción de viviendas que nunca llegó a ver la luz. En concreto, la aseguradora Asefa tendrá que indemnizar con 5,1 millones a los afectados.

La sentencia resuelve a favor de los denunciantes el recurso de casación que interpusieron después de que la sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid fallara a favor de las aseguradoras. Así, el Supremo considera que los asegurados podían razonablemente esperar la cobertura del seguro de acuerdo con la Ley, frente a lo que digan los certificados individuales emitidos por la aseguradora. Es decir, que, frente a lo que esgrimen Asefa y HCC –otra de las compañías de seguros implicadas en las denuncias de las cooperativas–, la cobertura del seguro comprende no sólo los casos en que no se inicia la construcción de las viviendas, sino incluso aquellas promociones de cooperativas en las que ni siquiera se ha completado la fase de adquisición del suelo.

La importancia de esta sentencia estriba en los cientos de procedimientos similares que se están desarrollando en los tribunales madrileños por causas en diferentes zonas. De hecho, el Juzgado de Primera Instancia número 84 ha condenado a Asefa a devolver las cantidades adelantadas a los socios de una cooperativa de viviendas en Moraleja de Enmedio. Asefa alegaba que el seguro contratado estaba destinado sólo al control de la gestión de los importes depositados por la gestora de la cooperativa, sin embargo, el juez señala que hay contradicciones entre los distintos documentos sobre la póliza de carácter general y los que se entregaron a cada cooperativista y condena a la aseguradora a abonar 3 millones de euros.

De hecho, la sentencia del juez es especialmente dura con las compañías al asegurar que el contrato del seguro adolece «de un nivel de confusión que está muy por encima de las habituales dudas que puede plantear la mayor o menor complejidad de una póliza de seguros». Además, el magistrado añade que «la contradicción entre las condiciones generales, particulares y especiales y los certificados individuales es tan notoria que sorprende que la aseguradora se refiera a ella como mínimas diferencias de redacción».

Por último, el texto del letrado pone hincapié en dejar a Asefa como único responsable de la «oscuridad del conjunto documental que integra la póliza de seguro y el certificado individual de garantía entregada a los asegurados».