Farmacéuticos: en medio de las quejas

El debate en torno al pago de un euro por cada receta tomó ayer las más de 2.800 farmacias de la región. Tras el festivo 1 de enero, la de ayer fue en la práctica la primera jornada en la que los madrileños tuvieron que enfrentarse a una tasa que, en su mayoría, consideran injusta. «No estoy de acuerdo con este repago por las medicinas después de haber estado cotizando a la Seguridad Social durante décadas», aseguraba ayer un jubilado tras haber abonado un euro por cada prescripción. Frente a esta postura, está la de aquellos que, como una paciente del centro de salud de Espronceda, ven este recargo como un mal necesario para salir de la crisis: «Siendo una medida que afecta a los enfermos, habrá que aceptarla». Y en medio de la polémica, los farmacéuticos. A lo largo del día de ayer, estos trabajadores tuvieron que lidiar con centenares de dudas y también con el malestar de los clientes. «El farmacéutico aguanta los enfados y las iras de los ciudadanos, aunque él es simplemente un mero transmisor entre el ciudadano y la Consejería. Hay que armarse de paciencia y explicar lo mejor que sabe y que puede a los ciudadanos la nueva normativa», reconocía el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Alberto García Romero.

Pensionistas que desconocían que ellos también debían abonar la tasa, pacientes que no tenían claro si el conocido como «tique moderador» afecta a cada envase o al conjunto de su tratamiento y aquellos otros que preguntaban por las consecuencias de no pagar, protagonizaron una goteo incesante de dudas, reclamaciones y quejas que amenazan con prolongarse en las oficinas de farmacia durante las próximas semanas. La farmacéutica Mercedes Rosell subrayó que el sector se encuentra «entre la espada y la pared» ya que no tienen otro remedio que cumplir con la ley: «Estamos haciendo lo que nos digan que hagamos. Nosotros tenemos también un problema a la hora de enfrentarnos a las personas para intentar que no se enfaden y cumplan la normativa». Pese a todo, la mayoría de los farmacéuticos coinciden en que la peor solución por la que pueden optar los ciudadanos es el impago. Algunos profesionales del sector, como María Aragonés –propietaria de una farmacia en Chamberí–, reconocían que el copago aprobado por el Gobierno central ha funcionado de «alguna manera», pero no ha servido para acabar con la picaresca. Según esta farmacéutica, el euro por receta ayudará a reducir el porcentaje de ciudadanos que reconocen tener en casa fármacos sin abrir, actualmente en el 24% según Sanidad. Otros farmacéuticos, sin embargo, no creen que la medida sea positiva para reducir el almacenamiento casero de medicinas. Pablo del Pozo, farmacéutico en Chamberí, insistió en que «la gente tiene que medicarse y tendrá que pagar por lo que necesita. La solución pasa por que el médico recete sólo los envases que cada paciente necesite».

La otra gran batalla a la que tuvieron que hacer frente los farmacéuticos ayer fue la de aquellos pocos que optaron por declararse «insumisos» y no pagar el euro. El problema, en este caso, se centra en que las farmacias disponen de pocos impresos para formalizar la objección. «El sujeto pasivo o persona que actúa en su nombre y representación, que manifieste su voluntad de no abonar la tasa», reza el formulario, que ha de rellenarse por triplicado junto a una fotocopia del DNI. El impreso también subraya que la persona que no paga incumple una «obligación tributaria», y como tal se expone a la imposición de una multa.

El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, quiso destacar la «normalidad» en la puesta en marcha del euro por receta. Subrayó su carácter disuasorio y el hecho de que la aplicación de la tasa se produce «en un momento muy duro de una crisis económica muy profunda». Pese a la impopularidad de la medida, la Comunidad ha recurrido a los números para defender su implantación. El Gobierno regional ingresará 83 millones de euros y, del mismo modo, se corregirán situaciones como que en Madrid se realicen un 15% más de prescripciones que en el resto de capitales de la UE, o que el impacto del copago nacional haya sido casi un 10% menor que, por ejemplo, en Cataluña.