Gómez no aplicó su criterio para el CGPJ en la Cámara de Cuentas

«Para ser coherente» con sus principios, el secretario general del Partido Socialista de Madrid y portavoz de esta formación en la Asamblea, Tomás Gómez, renunciaba el pasado 27 de noviembre a su acta como senador. Tomaba esta decisión en protesta por la decisión de la dirección federal de su partido de apoyar al juez Francisco Gerardo Martínez Tristán –precisamente el mismo magistrado que ha frenado la paralización de la privatización sanitaria– como nuevo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin embargo, el líder socialista no viene aplicando esa misma coherencia con sus principios con los miembros de sus filas. Ayer hacía justo un año que Gómez presentaba a la Mesa de la Asamblea madrileña su propuesta para ocupar dos puestos en la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Para una de estas vacantes los socialistas propusieron a Mónica Melle Hernández, economista y profesora titular de Economía Financiera en la Universidad Complutense de Madrid, que pocos días después ingresaba en el Consejo del órgano colegiado que fiscaliza las cuentas de los municipios, de instituciones y, en definitiva, de todo el sector público de la región.

Entonces, Gómez no apreció ninguna falta de imparcialidad ni tacha ideológica en la candidatura de Melle, que presentaba un currículo impecable. Quizás porque –tal y como ha ocurrido ahora con el CGPJ– su prioridad era tomar y mantener posiciones en el citado organismo.

Melle cumplía los requisitos legales para formar parte de la Cámara de Cuentas, pero, sobre todo, cumplía el requisito fundamental: era uno de los suyos. Porque Melle fue directora general de Infraestructura del Ministerio de Defensa durante el periodo en el que Carme Chacón (a la que Gómez apoyaría durante las primarias socialistas) dirigió ese departamento, y últimamente no duda en proclamar en su cuenta de la red social Twitter su apoyo incondicional a Gómez y a cada una de las decisiones que toma. Pero quizá lo más curioso del caso, y la posible incoherencia de Gómez con sus principios, se produce al analizar los informes que Melle ha realizado desde la Cámara de Cuentas sobre la situación económica de algunos ayuntamientos madrileños que han pasado de manos socialistas a ser gobernados por alcaldes del Partido Popular.

Apenas llegó al cargo, en enero, Melle tuvo la oportunidad de votar un informe de fiscalización sobre el consistorio de Alcorcón, cuya dirección abandonó en las últimas municipales el también senador Enrique Cascallana. Una votación de la que decidió discrepar y para la que esgrimió hasta diez argumentos.

Si la Cámara hablaba en su informe de «incumplimientos de la legalidad» sobre unos préstamos por 44 millones que el consistorio solicitó sin la autorización del Ministerio de Hacienda, Melle se amparaba en que «no existe sentencia firme que establezca con claridad cuáles pueden ser esos presuntos incumplimientos legales». Sobre EMGIASA y la construcción del centro cultural CREAA, la Cámara de Cuentas considera que tanto el Ayuntamiento como la empresa pública de gestión inmobiliaria asumieron su construcción «sin la financiación necesaria y sin la debida planificación»; para la consejera socialista, sin embargo, el informe de fiscalización sobre la construcción del CREAA «debe referirse al ámbito de fiscalización que se limita al ejercicio 2010» y, por lo tanto, considera que «incluir la información sobre la evolución que han seguido las obras de este centro en 2011 no procede».

Dos antiguos consejeros, «fulminados» por el informe sobre parla

Mónica Melle y Andrés Gómez Sánchez (el segundo consejero que propuso el PSM el año pasado) sustituyeron en la Cámara de Cuentas a dos veteranos del socialismo: Emilio García Horcajo y Ángel Luis del Castillo, que apenas dos meses antes se habían abstenido en la votación de un informe demoledor sobre la situación financiera del Ayuntamiento de Parla que el propio Tomás Gómez dirigió. La conclusión del informe, que fiscalizaba la actuación del Ayuntamiento parleño en 2010, era clara: Parla estaba en suspensión de pagos, al tiempo que subrayaba numerosas irregularidades, como que el municipio arrastraba una deuda de 240 millones o que las cuentas de 2010 estaban infladas. La abstención de García Horcajo y del Castillo les salió cara. Dos meses después fueron fulminados por el líder de los socialistas madrileños.