Operación Púnica
Granados se llevaba el 20% de las operaciones inmobiliarias
Como alcalde de Valdemoro, el ex consejero recibía entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda construida por su socio en el municipio
Como alcalde de Valdemoro, el ex consejero recibía entre 3.000 y 6.000 euros por cada vivienda construida por su socio en el municipio
Con pelos y señales detalló David Marjaliza cómo funcionaba la «trama» que presuntamente dirigía para lograr adjudicaciones de contratos públicos en una extensa red de municipios madrileños. Para obtener sus millonarios beneficios, el empresario contó con la inestimable «ayuda» e influencia de su «socio» Francisco Granados, primero como alcalde de Valdemoro y, posteriormente, como consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Esa «ayuda» le reportó a Granados unas suculentas comisiones, que llegaron, en algunos casos, a 6.000 euros por cada vivienda construida por las empresas de Marjaliza entre 1999 y 2007.
El sucesor de Granados, José Miguel Moreno, parece que tampoco se quedaba atrás, pues, según el constructor, también le pidió directamente relevantes cantidades de dinero por las adjudicaciones de suelo.
Marjaliza pretendía, con esa voluntaria declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, «colaborar con la Justicia» –de hecho, poco después quedaría en libertad provisional–, por lo que no tuvo reparos en reconocer que destruyó documentos relevantes poco antes de que se llevara a cabo la operación policial que acabó con su detención, una operación de la que se enteró, según su testimonio, porque le avisó el propio Francisco Granados, a quien puso en alerta un guardia civil en una discoteca de madrugada.
«Si hay cualquier cosa, rómpelo», conminó Granados a su amigo. Marjaliza se encontraba entonces en Formentera, disfrutando de unas relajadas vacaciones con su mujer e hijo, en los primeros días de septiembre de 2014, coincidiendo con las fiestas patronales de Valdemoro. Al tener constancia de que se iba a llevar a cabo la citada operación policial, regresó de inmediato y se puso a destruir documentos sin parar.
Al preguntarle una de las fiscales por los papeles que destruyó, Marjaliza no escatimó en detalles y fue directo y claro: «Todos». Y, a continuación, fue relatando de forma pormenorizada: carpetas de la Comunidad de Madrid, la lista de las obras y las empresas que podían ser adjudicatarias, la lista relacionada con las «entradas y salidas» de dinero que llevaba en relación al sucesor de Granados en la Alcaldía de Valdemoro y «todo lo relacionado con esto».
Sin que nadie le preguntara, continuó detallando ese frenesí destructivo que acabó hurtando a la Justicia una más que relevante documentación. Para ello, contó con la ayuda de «gente de la oficina» y, entre todos, explicó, «sacamos tres carros enteros de Carrefour» con documentos que «llevamos a quemar. Eran papeles. Me entró el pánico y no dejé nada, sólo lo poquito que tienen ustedes».
Granados avisó a Marjaliza a comienzos de septiembre de 2014, después de que un guardia civil le dijera en una conversación «con muchas copas» que investigaban «a un empresario de Valdemoro que tiene su oficina en Pinto». «Blanco y con asas», le indicó Granados, quien animó a su socio y amigo a romper «cualquier cosa» que tuviera sobre una relación de años, pues empezaron a trabajar juntos cuando el político era alcalde de Valdemoro.
Su relación venía de años atrás, aunque no de la infancia, sino de cuando ambos militaban en el PP. Tras un enfrentamiento que no precisó, la relación se restableció cuando «Paco» fue elegido alcalde de Valdemoro. Y se selló con la constitución, a instancias del entonces regidor del PP, de una sociedad inmobiliaria, Servicios Patrimoniales de Obras y Vías, en la que Granados, representado por la esposa de su jefe de gabinete, se habría embolsado el 20% de esas operaciones. Era «su porcentaje», contó el empresario. «No lo dice así, pero se sobreentiende», cuenta Marjaliza, porque dice que «nos va a ayudar». Y lo hace. La empresa se dedica, entre 1999 y 2011 (con Granados y sus sucesores), a comprar suelo rústico a sabiendas de que será recalificado. El alcalde recibía, según precisó, entre 3.000 y 6.000 euros por vivienda que construían en el municipio.
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