Guerra entre abogados y el Ayuntamiento de Madrid por el servicio de orientación jurídica

Los letrados del turno de oficio se manifestaron ayer contra el concurso para prestar el servicio. El Consistorio mantiene que seguirá siendo gratuito.

La guerra entre los abogados y el consistorio madrileño por la decisión de última hora del Gobierno de Manuela Carmena de sacar a concurso el servicio de orientación jurídica gratuita del Ayuntamiento de Madrid estalló ayer con dos frentes diferenciados. Por un lado, la Asociación de Letrados por un turno de oficio digno (Altodo) se manifestó ayer, con sus miembros ataviados con togas, frente al consistorio madrileño y tras una pancarta con el lema «contra la desaparición del turno de oficio abogados y ciudadanos, defendamos nuestros derechos», y con el respaldo de la portavoz adjunta del grupo municipal del PSOE, Mercedes González, que ha respaldado las reivindicaciones de estos letrados contra el concurso para el servicio de orientación jurídica gratuita.

Por el otro lado, el delegado del área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, aseguró que este servicio continuará siendo «público y gratuito» e insistió en que el único cambio que se va a producir es que antes se ofrecía por subvención nominativa y ahora se a va a realizar por contrato, según marca «la propia ley de contratos públicos como la propia lógica de transparencia de la administración». En ello ha abundado la anterior delegada de Equidad, Marta Higueras, responsable de la puesta en marcha del concurso para prestar dicho servicio apenas dos días antes de las pasadas elecciones municipales.

En un comunicado, Higueras ha insistido en que la orientación jurídica que estaba a cargo del Colegio de Abogados de Madrid desde 1989 «no podía continuar gestionándose vía convenio por razones estrictamente jurídicas».De acuerdo con la legislación europea, «el Ayuntamiento no podía ya suscribir un nuevo convenio de subvención, sino que estaba obligada a licitar un contrato de servicios en virtud de Ley de Contratación del Servicio Público». Es más, la anterior delegada y edil ahora de Más Madrid, afirma que se puso en contacto con el Colegio de Abogados el pasado año para explicarles las circunstancias y para invitar al ICAM a presentarse a la licitación del concurso cuyas plicas se abrían ayer.

Sin embargo, los abogados consideran que la prestación externa de este servicio, sobre cuya licitación han criticado que priman las condiciones económicas y no la formación de los abogados como sí hace el ICAM, es contrario a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que han pedido su suspensión cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo, denuncian que durante un periodo de tiempo indeterminado el servicio de orientación gratuita dejará de prestarse ya que el actual convenio con el Colegio de Abogados concluye el próximo 1 de septiembre.

En cambio, tanto la ex delegada Higueras como el actual concejal de Bienestar Social insisten que en el servicio de orientación «nada que ver con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita», dado que este servicio es «total y radicalmente distinto de los derechos» que asiste esta Ley. «El servicio licitado es un servicio generalista», precisó la edil de Más Madrid, que añadió que si un usuario necesita asistencia letrada, el servicio municipal le pone en contacto con el servicio de orientación de los juzgados, que sí está regulado por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Desde el consistorio añadieron a su vez que en las bases del contrato se prohíbe que los abogados que den orientación representen a los ciudadanos, por lo que no pueden derivar casos a sus despachos.