Imputados por no reincorporar a Ginés

El ex alcalde de Coslada y dos concejales declararán el viernes ante el juez por su «rebelde voluntad de incumplimiento» judicial

La negativa a reincorporar al ex jefe de la Policía Local de Coslada Ginés Jiménez a su puesto de trabajo como oficial del cuerpo y las triquiñuelas del Ayuntamiento de la localidad para no hacerlo (a pesar de que varias decisiones judiciales así lo acordaban) les ha pasado factura. Para aclarar lo sucedido, el ex alcalde de la localidad y dos concejales de la Corporación deberán explicarse ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Coslada el viernes a las 10:00 horas. Raúl López –ex alcalde y actualmente concejal en la oposición–, el ex concejal de Economía y Hacienda de la localidad Emilio García Grande y el ex concejal que ejerció de alcalde en funciones el verano de 2012, Francisco Javier Becerra, están imputados por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

La Audiencia Provincial de Madrid, en un auto fechado a 17 de noviembre de 2015, al que ha tenido acceso este diario, estima el último recurso presentado por la defensa del ex jefe policial y ordena al juzgado de Coslada que cite como imputados a los tres políticos.

Los hechos comenzaron hace casi cuatro años. El 23 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Coslada recibió un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid ordenando la incorporación del funcionario a su puesto como oficial. La defensa del policía denunció que el alcalde se jactaba en sus manifestaciones públicas de que haría todo lo posible para evitar que el policía fuera readmitido o lo retrasaría lo máximo posible. Así, el Ayuntamiento incumplió esta resolución judicial de julio y la Providencia de 19 de septiembre de 2012, ambas resoluciones notificadas al consistorio para su cumplimiento «de forma inmediata». La tercera orden judicial en este sentido llegó el 10 de octubre del mismo año. Jiménez permaneció apartado y comenzó una interminable batalla judicial entre el ex jefe policial y el Ayuntamiento.

En el último auto de la Audiencia, de noviembre, la Sección Segunda considera que existen «indicios racionales de criminalidad del delito de desobediencia denunciado». Y es que, posteriormente, el Ayuntamiento reincorporó a Ginés en el área «Proyectos y Estrategia Policial», un espacio de «naturaleza administrativa creada dentro del Plan de Modernización de la Policía Local de Coslada aprobado en 2010». El Ayuntamiento explicó que durante ese tiempo lo que se había hecho era «encontrar la oportunidad de adscribir al funcionario, habida cuenta de la situación conflictiva que había generado a raíz de las denuncias interpuestas». El consistorio aportó al juez el organigrama municipal y ese «Plan de Modernización» bajo el que fue adscrito el funcionario. Pero, según la jueza, «todo conduce a entender que el Área a la que fue destinado el recurrente ha sido ideada ad hoc con la finalidad de soslayar el cumplimiento judicial», pues «fue creada –sin que exista informe al respecto de su conveniencia– en días posteriores a la recepción del auto judicial». Por lo tanto, dice al auto «constituye una verdadera decisión arbitraria y conculcadora de los derechos constitucionales de la persona».

La magistrada da un «tirón de orejas» al consistorio y recuerda los pasos a seguir «cuando alguna persona decide no cumplir con resoluciones judiciales cuyo contenido es claro incluso sin necesidad de tener profundos conocimientos del derecho». «Si estimaban la orden no clara, debieron solicitar su aclaración y, si consideraban que la resolución era injusta, sólo tenían la vía de los recursos para tratar de cambiar su sentido». Así, califican de «obstinado comportamiento negativo que ponga de manifiesto una rebelde voluntad de incumplimiento». De los tres citados por el juez para el viernes, Emilio García Grande, curiosamente, también está imputado en otro polémico caso. Dejó Coslada para convertirse en número dos del Área de Seguridad del Ayuntamiento de la capital en enero de 2013, pero en febrero del año pasado dimitió tras ser imputado por el caso del «pequeño Nicolás». Sólo un mes después, la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, le recolocó como asesor del Grupo Municipal del PP.