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Comunidad de Madrid

La Audiencia Nacional abre una investigación sobre el Campus de la Justicia de Madrid

La Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía Anticorrupción en abril pasado la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre posibles delitos de malversación y prevaricación

El proyecto fue encargado en 2007 por Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas / Foto: Javier Fdez-Largo
El proyecto fue encargado en 2007 por Esperanza Aguirre para agrupar las 19 sedes judiciales en el barrio madrileño de Valdebebas / Foto: Javier Fdez-Largolarazon

El 20 de abril pasado, la Fiscalía General del Estado remitió a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia de la Comunidad de Madrid sobre posibles delitos de malversación y prevaricación

Cuando el pasado mes de abril el Gobierno regional de Cristina Cifuentes llevó a la Fiscalía el proyecto de la Ciudad de la Justicia de su predecesora, Esperanza Aguirre, muchos consideraron que había llegado el fin para la ex delegada del Gobierno que, poco después, dimitió por el escándalo del robo de cremas. Sin embargo, la Justicia ha tomado en consideración el informe de la Cámara de Cuentas trasladado por los servicios jurídicos regionales a la Fiscalía en el que se apuntan posibles «irregularidades» en la gestión del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que afectarían tanto a la creación de mecanismo de control interno en la sociedad creada ad hoq para la construcción de las sedes judiciales como a los pagos y contratos que se realizaron.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una investigación sobre distintas prácticas irregulares acometidas por la sociedad mercantil Campus de la Justicia S. A. (CJM), que podrían ser constitutivas de los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, delito societario y conexos. De la Mata admitió el pasado 3 de agosto la denuncia trasladada desde la Fiscalía Anticorrupción en base al citado informe de la Cámara de Cuentas. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción aceleró la judicialización del posible desfalco del Campus de la Justicia para evitar la prescripción de algunos de los presuntos delitos. Es por ello que el Ministerio Público ha optado por la fórmula de la denuncia para poner en conocimiento del juez José de la Mata unos hechos presuntamente irregulares, en lugar de una querella, que debería dirigirse contra personas concretas y requiere una elaboración más precisa, según explicaron fuentes judiciales a Ep.

En el informe de la Cámara se destacaba, entre otras cuestiones, que CJM no estableció en materia de contratación ningún sistema de control interno que garantizase el cumplimiento de las disposiciones legales y principios que rigen la contratación del sector público. También señala la ausencia de documentación justificativa del proyecto, la falta de criterios de racionalidad económico-administrativa de la sociedad anónima y, especialmente, los fallos en la rendición de cuentas que se presentaron incompletas o fuera de plazo en varios ejercicios.

Respecto a la contratación, la Cámara de Cuentas detectó irregularidades en la tramitación de la contratación y los pagos. Así, se hacían contratos ajenos al objeto social de la entidad y sin documentación que justificase tanto la contratación como los pagos efectuados. En total, se invirtieron 355.577.355,92 euros en contratación. Sin embargo, tan sólo consta que se hicieran las obras de urbanización, los túneles de acceso y el Instituto de Medicina Legal, todas ellas inacabadas y en situación de abandono. Es más, se generaron costes de 19 millones de euros por los edificios del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial, «sin tener una piedra colocada».

Contratos bajo sospecha

En la investigación abierta por la Audiencia Nacional se incluyen, entre otras operaciones y procesos de contratación, la gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la fase 1 del Campus de la Justicia, que se puso en marcha en 2007. Igualmente se analizarán los contratos de consultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema integral de seguridad, así como la creación de la marca representativa y la estrategia de comunicación. Respecto a esto último, las diligencias también apuntan al alquiler de una lona publicitaria para la fachada de Goya 66 y la cobertura fotográfica del Campus de la Justicia.