La Ciudad de la Justicia será para el más rápido

M. Palacio.- El Gobierno regional quiere enmendar fallos antiguos en su nueva Ciudad de la Justicia.

El Gobierno regional quiere enmendar fallos antiguos en su nueva Ciudad de la Justicia. El plan de unificar en Valdebebas más de 356 órganos judiciales en 220.000 metros cuadrados fue una de las víctimas de la crisis y de las proyecciones faraónicas de las que ahora se rehúye. La Comunidad de Madrid resucitará el Campus judicial con un nuevo método de financiación mediante adjudicaciones «antiendeudamiento» y con la rapidez en la ejecución y la solvencia económica y técnica de las adjudicatarias como requisito indispensable para las empresas que quieran participar en el proyecto.

Con el objetivo de que en 2015 empiecen las obras, Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia del Ejecutivo de Ignacio González, anunció ayer que el Consejo de Gobierno dio ayer luz verde la licitación de los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas que regularán el contrato de concesión de las sedes. Así, en los próximos días se publicará el concurso público en el BOCM a partir del cual los licitadores tendrán 45 días para presentar sus ofertas de tal manera que para el mes de abril se puedan abrir las propuestas. A la hora de valorarlas para su adjudicación, Victoria adelantó ayer que se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, las propuestas de reducción de plazos en la ejecución del proyecto y las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad para lograr un proyecto «práctico y cercano». También se valorará la calidad de los materiales de construcción y del mobiliario urbano y de los edificios, así como la eficiencia energética, tanto de las construcciones como de las zonas comunes, y las propuestas en materia de seguridad, limpieza y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento. Además, según informó la Comunidad de Madrid, los licitadores interesados tendrán que acreditar su solvencia económica y financiera, así como su solvencia técnica y profesional.

Para evitar que el aspecto económico vuelva a lastrar este macroproyecto al que se comprometió Esperanza Aguirre en 2003, las empresas que resulten adjudicatarias se encargarán de la redacción del proyecto de ejecución, de la construcción, de la conservación y de la explotación de las zonas comerciales que están proyectadas dentro del recinto. La clave del «blindaje» de la Administración está en que la concesión durará 30 años, pero se empezará a contabilizar desde el día en que se adjudiquen las obras y no desde la entrega de las obras, prevista para 2019, como se hace habitualmente. Durante este tiempo, la empresa concesionaria se encargará de todos los gastos generados, por lo que, según fuentes regionales, no supondrá coste alguno para la Comunidad de Madrid, que pagará un canon anual de alrededor de 45 millones de euros, similar a lo que ahora se abona por el alquiler y los servicios de las 28 sedes judiciales de Madrid.

Se calcula que una vez levantado el complejo judicial pasen cada día por él más de 25.000 personas, entre ciudadanos y profesionales de la Justicia, cifrados en más de 49.800 sólo en la Comunidad.

El aeropuerto privado de El Álamo, a concurso

- Pero este año no sólo se iniciarán los trámites para recuperar la Ciudad de la Justicia, la Comunidad también sacará a concurso la construcción del aeropuerto privado en El Álamo para vuelos de negocios, otro proyecto paralizado por la crisis. La Comunidad tomará esta decisión después de que Fomento haya dado el visto bueno a la compatibilidad y a la carta de navegación conjunta entre el aeropuerto de El Álamo y el cercano aeródromo de Casarrubuelos.