La ex concejal carga contra Seguriber y la oficial de Moncloa

La versión de la ex concejal de Seguridad ante el juez instructor del caso Madrid Arena no distó mucho de lo explicado en la comisión de investigación del Ayuntamiento el pasado mes de diciembre. Fátima Núñez, que insitió mucho en que su cargo era político y no técnico –por lo que no tenía capacidad para intervenir en ningún dispositivo policial–, cargó principalmente contra Seguriber, ya que «en ningún momento» alertaron a la Policía sobre lo que estaba pasando. Durante las más de tres horas de declaración ante Palop, la ex concejal insistió en que se trataba de una fiesta «privada» y cargó contra la oficial de Moncloa, supuestamente encargada del operativio aquella noche. En contra de lo que declaró la mando policial, Núñez asegura que Cándida Jiménez sí estaba al frente del dispositivo y que el mismo sí era de nivel alto porque, aseguró, por eso estaba una oficial al frente y no un suboficial, como hubiera sido si se tratara de un evento de riesgo medio, según fuentes jurídicas presentes en la sala. En cualquier caso, criticó que Jiménez no solicitara en ningún momento más efectivos. Los abogados de las familias de las víctimas criticaron el carácter «político» de la declaración de la ex número dos de Antonio de Guindos. «Como buena política, no responde de forma muy concisa a las preguntas», explicó uno de los abogados de la familia de Teresa Alonso. Pero la polémica sobre las declaraciones de la imputada se desató por la tarde. Los abogados Abdón Núñez y Felipe Moreno explicaron a la salida del juzgado que la ex concejal de Seguridad apuntó a la Policía Nacional como la responsable de la fiesta por tratarse de una concentración de más de 20 personas y que, por tanto, les corresponde controlar las alteraciones del orden público que se produjeran tanto en el interior como en el exterior de la fiesta. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid desmintió que Núñez hubiera hecho tales afirmaciones y afirmó que el malentendido se debía a «unas informaciones falsas o al menos tergiversadas tendenciosamente» por por algunos abogados. «Núñez no le ha repercutido a la Policía Nacional responsabilidad alguna», aclaraba el comunicado. No obstante, antes del desmentido oficial por parte del Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno se mostró «sorprendida» del «absoluto desconocimiento de las competencias que la Ley atribuye a la Policía Nacional y Municipal» por parte de la ex concejala de Seguridad. El gabinete de Cifuentes precisó que «corresponde al Ayuntamiento la función inspectora que garantice el cumplimiento de las normas en los establecimientos».