La gallina de los «pisos de oro» de Rivas se vuelve contra IU

Decenas de afectados por la paralización de los planes de la EMV en el sector VI reclaman la devolución de las entradas.

Hubo un tiempo en el que miles de ripenses miraban con expectación el «bombo» del sorteo de pisos de la Empresa Municipal del Suelo (EMV) de Rivas. El sueño de la emancipación sólo estaba al alcance a través de una de estas viviendas «protegidas». Hoy, esa gallina de los «pisos de oro» se ha extinguido.

La EMV era una de las banderas de los sucesivos gobiernos de IU, que convirtieron al municipio en la llamada «aldea gala» (el único en el que la izquierda «resistía» al avance del PP en el sur); en los últimos 40 años, el séptimo municipio más rico de España multiplicó por 70 su población. Desde 2003, año en el que fue creada la empresa, ha puesto en marcha cinco planes de viviendas que hasta ahora se vendían o alquilaban como churros.

Ahora hay más pisos que personas. El modelo urbanístico de IU no resultó inmune a la crisis inmobiliaria: falló la financiación, la demanda cayó y el sexto plan de viviendas del municipio quedó paralizado.

Las 527 Viviendas con Protección Pública Básica proyectadas en esta fase en el barrio de la Luna fueron adjudicadas en 2012 y aún no han empezado a construirse, a pesar de que la entrega de éstas estaba fijada para el pasado verano. El retraso ha provocado que muchos de los adjudicatarios se echen para atrás incapaces de seguir abonando mensualidades. El problema es que dieron una señal y pagaron mes a mes unas cantidades que ahora no les devuelven. Así lo ha denunciado la Plataforma de Afectados del VI Plan de Vivienda de la EMV de Rivas, que hoy protestará en el Pleno del municipio ante la negativa de la empresa municipal a devolverles su dinero. Aseguran que las cantidades adelantadas oscilan entre los 5.700 euros y los 33.000 y algunos de ellos llevan más de un año reclamándolas. En la EMV les contestan: «Pónganse a la cola», se quejan los afectados en foros vecinales.

El modelo urbanístico de Rivas, el municipio más grande gobernado por IU de toda España, saltó por los aires al poco de iniciarse la última legislatura. El modelo de la coalición de izquierdas estalló cuando la oferta de pisos sobrepasó la demanda. «Las casas oficiales dejaron de ser tan rentables con la caída de precios de la vivienda libre», explica una vecina afectada. El desastre fue en cadena: «Para obtener un crédito bancario que permita empezar a construir se necesita que al menos el 80 por ciento de los pisos estén vendidos», añade. Y a día de hoy, la EMV aún tiene una bolsa de viviendas sin alquilar o vender.

Para dar salida al excedente de pisos vacíos el Gobierno municipal que dirige Pedro del Cura tuvo que aprobar este otoño una batería de medidas encaminadas a agilizar la gestión de los pisos públicos. Sin embargo, el dinero de aquellos que depositaron sus ahorros en la EMV y ahora no pueden seguir adelante con los pagos no vuelve.

Reclamaciones

Por el momento se han interpuesto al menos 65 reclamaciones, según la Plataforma de Afectados del VI Plan de Vivienda de la EMV. Sin embargo, en la oficina de la empresa municipal «nos dan largas», explica la misma afectada. En el ayuntamiento tampoco logran ser atendidos. «El problema es que nadie se hace responsable porque es una empresa privada quien lo gestiona», asegura esta vecina. Lo cierto es que, aunque resulte contradictorio en un municipio gbernado por Izquierda Unida, en Rivas, la EMV está «privatizada». Constituida en 2003, la Empresa Municipal de la Vivienda ripense no tiene personal propio ni gerente, ya que toda la gestión está a cargo de la sociedad anónima Habyco XXI mediante un contrato que le fue adjudicado a través de un concurso público no extento de polémica. Tal y como señaló la Cámara de Cuentas hace apenas un año, el concurso público se llevó a cabo antes de que Habyco se inscribiera siquiera en el Registro Mercantil. Este informe coincide con los afectados por las devoluciones de la EMV ya que señaló la «falta de control» interno y dejación de responsabilidades por parte de la intervención municipal en lo relativo a la actividad de la empresa. El informe también detectó irregularidades en la facturación y una deuda que ascendía en 2001 a más de 20 millones de euros.