La Inspección de Trabajo remite a la Fiscalía el caso del amianto en el metro

La Inspección de Trabajo pide al ministerio fiscal que determine si ha habido responsabilidades penales o civiles por parte de Metro de Madrid.

La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía el caso de la presencia de amianto en el suburbano de la capital para que sea ésta quien determine si Metro de Madrid ha podido cometer algún tipo de infracción penal o civil. El organismo fiscalizador del Ministerio de Empleo ha paralizado, a la espera de que se pronuncie la Fiscalía, el expediente sancionador que había abierto a la compañía, que contempla una multa de 191.000 euros –correspondientes a una infracción «muy grave» y a otra «grave»– por incumplir la normativa de seguridad y no adoptar las medidas suficientes para prevenir la seguridad y salud de los trabajadores del suburbano evitando su exposición al mineral declarado tóxico en 2002.

El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, explicó ayer a los medios de comunicación, que la compañía, por su parte, tiene previsto presentar alegaciones a la sanción, sin embargo, esperarán a que la Fiscalía se pronuncie sobre si admite a trámite la denuncia para así trasladar dichas alegaciones a la Inspección o al Ministerio Fiscal.

Metro también presentará alegaciones –tiene de plazo hasta el martes– al caso del segundo trabajador enfermo de cáncer que ha pedido al Instituo Nacional de la Seguridad Social que se le reconozca su patología como enfermedad laboral y cuyo proceso está en trámite. En concreto, según detalló Carabante, se está estudiando la vida laboral de este empleado así como su posible exposición o manipulación de amianto en el suburbano, ya que Metro considera que ninguno de sus trabajadores ha estado expuesto ni ha tratado con amianto de forma permanente por lo que defenderá que no hay «relación causal» entre la presencia de la sustancia y la patología. En la actualidad, solamente hay un caso de un empleado con ese reconocimiento. A éste se podría unir el de un segundo que está en vías de tramitación e incluso un tercero que, como anunció ayer LA RAZÓN, el sindicato CC OO ya ha denunciado.

En cuanto a la venta de varios trenes del modelo 5000 que se vendieron a partir de 2011 a Buenos Aires y que contienen amianto «encapsulado», el consejero delegado de Metro defendió ayer que la compañía argentina rubricó en el contrato su conformidad con los vehículos tras varias revisiones realizadas por sus técnicos; no obstante aseguró que desde Metro de Madrid aún no saben «con exactitud» si en la venta de convoyes se comunicó a Buenos Aires que éstos contenían piezas encapsuladas por contener amianto. De hecho, Trasnportes ha abierto una investigación para revisar si el procedimiento de venta se hizo de forma adecuada. No obstante, Carabante aseguró se han puesto en contacto con el metropolitano de Buenos Aires –que ha sacado de la circulación los trenes importados– para poner a su disposición la información necesaria sobre los mismos. Por último, el consejero delegado de la compañía aseguró que no ha pensado en dimitir, como le piden los sindicatos, porque «se están haciendo las cosas correctamente». Además calificó la huelga anunciada por el sindicato de maquinistas de «política».