La Justicia aprueba la reforma de los PAU

Respalda la modificación «exprés» llevada a cabo por el Ayuntamiento para desbloquear 22 desarrollos afectados.

Septiembre de 2012 es una fecha negra para todos aquellos que apostaron su futuro en los PAU de la capital. En pleno camino de salida de la crisis, que bloqueó el desarrollo de muchos de ellos, el Tribunal Supremo anulaba el Plan General que les había dado luz porque no se habían desprotegido adecuadamente algunas parcelas. Una sentencia que cerró la puerta a 137.000 viviendas, algunas a punto de ser habitadas y para la que el Ayuntamiento de Madrid, con la inestimable colaboración del Gobierno regional y el Ministerio de Fomento, ideó una «reforma exprés» que solucionó el problema en tiempo récord.

Sin embargo, el PSM decidió denunciar ante la Justicia el acelerado método para devolver la tranquilidad a los vecinos de los PAU y, en septiembre de 2014, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que amenazaba de nuevo con bloquear los desarrollos urbanísticos. Un proceso judicial del que ayer se conoció el veredicto: favorable al Ayuntamiento y, por ende, al futuro de los 22 barrios afectados.

La sentencia del TSJM desestima el recurso, que planteaba la suspensión y anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid del 1 de agosto, por el que se aprobó la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 –para desproteger conforme a la legislación las parcelas cuestionadas, que fue lo que motivó la denuncia de Ecologistas en Acción y el PSOE que llevó al Supremo a anular los PAU– y la modificación del PGOU del 1997 –en el que se creaban los desarrollos urbanísticos para adecuarlos a la normativa–.

El tribunal ha estudiado de forma pormenorizada cada uno de los ámbitos, así como la memoria y el informe de sostenibilidad ambiental que acompaña al expediente, y el procedimiento seguido. Y su conclusión es clara al respecto: el trámite se ha realizado de forma correcta y está sobradamente motivado. Igualmente, el auto avala al Ayuntamiento no sólo en el contenido, sino en cuanto a la forma de proceder, subrayando que se ha actuado conforme a sus competencias y ajustándose al procedimiento establecido por la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Hay que recordar que toda la oposición municipal rechazó la denominada como «reforma exprés» de los PGOU alegando que no había tiempo para estudiar todos los recursos –lo que no impidió que PSOE e IU presentaran 42 alegaciones; de las cuales, nueve fueron admitidas en su totalidad y otras diez de forma parcial–. El enfrentamiento con el consistorio llegó al punto de que UPyD optó por votar en contra del trámite y renunciar a su aprobación definitiva a su paso por el Pleno municipal. Un año después, el PSOE denunciaba el acuerdo al considerar que el consistorio madrileño pretendía «torcer la voluntad del Supremo».