La Justicia da la razón ahora a Cifuentes sobre las actas del Canal

«No ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial», concluye refiriéndose al llamado «caso Lezo» el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6.

«No ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial», concluye refiriéndose al llamado «caso Lezo» el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6, García Castellón, en un auto emitido el pasado lunes día 29 de enero. En concreto, el auto hecho público ayer atiende a una segunda consulta realizada por el consejero de Presidencia del Gobierno regional, Ángel Garrido, sobre si el Ejecutivo de Cifuentes debía o no entregar a la oposición documentación sobre las reuniones del Canal de Isabel II. El juez señala ahora que «su entrega a terceros, en este caso, a la comisión de investigación, podría conducir a valoraciones y juicios paralelos contrarios a la decisión judicial y a la presunción de inocencia de los acusados».

Este auto judicial llega sólo a unos días de la polémica comparecencia de Cifuentes en la Comisión de Investigación sobre la Corrupción de la Asamblea para someterse a las preguntas de PSOE, Podemos y Cs sobre el papel que jugó como delegada del Gobierno en los Consejos del Canal desde el 2012 hasta el 2014, años investigados en la «operación Lezo». Una comparecencia en la que –en contra de lo deseado por la oposición– Cifuentes no contestará a las preguntas sobre el polémico extravío de la providencia, con fecha del 18 de agosto, en el que el juez sustituto, Fernando Andreu, autorizó a la Comunidad a dar información sobre el «caso Lezo» a la comisión.

Así, en contraposición con lo que el juez Andreu firmó en agosto, esta nueva resolución judicial firmada por el titular del juzgado, García Castellón, da un respiro a la presidenta del Gobierno regional a la que ayer la oposición seguía reclamándole que dé explicaciones sobre el polémico «extravío».

El primer documento, la providencia, fue enviado en contestación a una consulta que la Comunidad hacía el 1 de agosto sobre la conveniencia de facilitar a la Comisión de Investigación las actas reclamadas; la notificación habría llegado vía fax el 21 de agosto, «traspapelándose» por no haber sido remitido a la persona responsable, argumentó el Gobierno regional. Ahora, el juez responde a un nuevo escrito que el portavoz del Gobierno regional remitió el pasado 3 de enero preguntando sobre la misma cuestión, pero esta vez al juez titular, y no al sustituto. Este «espaldarazo» a Cifuentes llega en un momento de máxima tensión con su socio de investidura, que en las últimas semanas ha hecho del «caso Lezo» y del retraso en la entrega de la documentación su caballo de batalla contra el Gobierno de Cifuentes.

Así lo señaló ayer en la rueda de prensa que siguió a la reunión del Consejo de Gobierno Ángel Garrido, consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional: «Ciudadanos se ha situado en el bloque de la izquierda pura y dura», aseguró en varias ocasiones durante el encuentro con la Prensa. Según Garrido, la actitud de Ciudadanos está pidiendo un cambio en el trato y la forma de trabajar por la ciudadanía, y no por decisión del PP: «Ellos han elegido pasarse a la oposición en lugar de colaborar con el Gobierno». Aún así, desde el Ejecutivo de Cifuentes se insiste en que no se romperá el pacto con Cs por dos razones: en primer lugar, porque tienen «un compromiso» y, por consiguiente, «una obligación» de mantenerlo; en segundo lugar, porque lo acordado incluye «muchas cosas buenas para los madrileños».