La operación Chamartín, ahora o nunca

Castellana Norte esperaba empezar a construir a finales de año, pero el bloqueo de Carmena puede poner en peligro el proyecto. La escasez de vivienda y la inversión de más de 5.000 millones, las claves de la oportunidad del desarrollo

La operación Chamartín no es para siempre, es para ahora. Está comprometida la financiación y el capital reservado, se ha sometido a todos los informes públicos y valoraciones vecinales y el mercado inmobiliario está en el momento adecuado. Sólo falta un trámite y nadie, menos quienes deben aprobarlo, quiere perder la oportunidad. Desde que a la ex alcaldesa madrileña Ana Botella se le quedaron cortos los plazos para dejar lista la mayor operación urbanística de Madrid de los próximos años y su sucesora afirmase que «no hacen falta ahora las viviendas», no sólo los promotores sino todos los sectores que se podrían beneficiar del impulso de Castellana Norte están tratando de convencer a Manuela Carmena de que dé la luz verde cuanto antes.

El último ha sido el presidente de la patronal madrileña (CEIM), Juan Pablo Lázaro, que ha insistido a la regidora sobre la importancia de desbloquear cuanto antes los planes de inversión, avanzar en su tramitación y, si hay que modificar alguna cosa, que se hagan los cambios rápidamente. «Espero que, si se tiene que redefinir el modelo, que se redefina, pero que todas las operaciones urbanísticas, que no sólo generan empleo y riqueza para las empresas que tienen que ver con ella, sino para la sociedad, cuanto antes, con los matices que quiera poner, pero que cuanto antes se desbloqueen», señaló Lázaro.

No en vano, los más de 5.000 millones de euros que Castellana Norte invertirá para hacer realidad en nuevo distrito, en el que, entre otras cosas, están previstas 17.739 viviendas, podría generar 120.000 empleos a lo largo de su desarrollo, previsto por fases durante los próximos 20 años sin contar los puestos de trabajo indirectos que generará el espacio destinado al sector terciario, comercial y de oficinas. Además, el 80% del suelo se destinará a infraestructuras públicas entre zonas verdes, viales, Metro y Cercanías, carriles-bici y dotaciones sociales, entre otros.

Sin stock de obra nueva

Asimismo, está la cuestión de la vivienda que, según Carmena, es innecesaria pero que los promotores recuerdan que no se va a construir toda a la vez, sino que se adaptará a las necesidades del mercado, como el resto del nuevo distrito, por fases. A este respecto, un reciente estudio de mercado realizado por el Foro Consultores Inmobiliarios desmiente a la alcaldesa en cuanto al stock de viviendas vacías y recuerda a la primera edil, que apuesta por rehabilitar los pisos de segunda mano, que los compradores tienen derecho a elegir dónde y cómo quieren vivir por lo que debe de haber oferta de todo tipo.

Según este estudio, cada vez quedan menos viviendas nuevas en los PAU de la capital y los desarrollos urbanísticos de Arroyofresno, Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Valdebebas, El Cañaveral, Ensanche de Vallecas y Carabanchel. Los datos recabados por Consultores Inmobiliarios cifran en 1.770 pisos disponibles actualmente entre vivienda libre y protegida lo que supone un 22% del total de viviendas iniciadas en éstas zonas. De ellas, 781 corresponderían a viviendas libres y 989 a las que tienen algún tipo de protección.

En virtud de estos datos, el consejero delegado de Foro Consultores, Luis Coral, considera que la oferta actual «se está agotando». «No olvidemos que para promover hay que crear suelo y éste necesita tiempo. De ahí la necesidad de tener suelo urbanizable en cartera, porque, si se espera a que se agote definitivamente, en dos años puede no salir nada al mercado», añade. De hecho, según la previsión inicial de Distrito Castellana Norte, las primeras viviendas en el nuevo barrio al norte de la capital no estarían listas hasta 2017 o 2018, si bien la entrega de las llaves a los primeros vecinos podría no producirse hasta 2020.

Antes de que Botella agotase su legislatura sin aprobar el último trámite para dar luz verde a la operación Chamartín –el visto bueno del pleno municipal al Plan Parcial del ámbito de ejecución–, los promotores calculaban que podrían empezar las obras de la primera fase a finales de año, siendo el lugar elegido la parte más cercana a la estación de Chamartín, entre las vías y la M-30. El lugar elegido alude además al otro gran conflicto que supone que Carmena haya decidido «estudiar» el proyecto y frenar su paso por el pleno del Ayuntamiento donde, al gobernar en minoría y con un PSOE liderado con Antonio Miguel Carmona como socio necesario que hace unos días dio su visto bueno a la operación Chamartín, podría ser aprobado rápidamente por los tres grupos de la oposición contra las intenciones de Ahora Madrid.

Tres administraciones

El problema es que el Ayuntamiento no está solo en este desarrollo urbanístico. Distrito Castellana Norte y BBVA, propietarios del suelo junto con Renfe, la Comunidad de Madrid y el consistorio madrileño, firmaron a comienzos de este año un convenio para impulsar el nuevo barrio de la capital en el que los promotores y las tres administraciones –Estado, Comunidad y Ayuntamiento–, se comprometían a desarrollar el proyecto que necesitaba de la venta de parte del suelo de las vías y del entorno, así como la reubicación de todas las infraestructuras implicadas tanto del Canal de Isabel II como de la estación de Chamartín y los viales que gestiona el consistorio –Paseo de la Castellana, nudo norte de la M-30, etc–. Así, Carmena no sólo ha paralizado a los inversores, sino también a las administraciones públicas, incluida la municipal, que recibirán 3.362 millones de euros de beneficio, el 2% del PIB anual de Madrid.

Al margen de la deplorable imagen de la seguridad jurídica madrileña en un «momento excepcional de interés por invertir en la ciudad», como aseguraba una de las responsables del anterior gobierno de Ana Botella antes de que se hiciera efectivo el traspaso de poderes, queda por ver hasta qué punto tanto Distrito Castellana Norte y BBVA como el propio Gobierno de la Nación y la Comunidad de Madrid pueden reclamar, incluso judicialmente, al Ayuntamiento el cumplimiento de lo acordado en el convenio y lo que supondría para las arcas públicas el coste del cambio de modelo que abandera Ahora Madrid.

Igualmente, fuentes del entorno de los inversores advierten de que después de una década de dimes, diretes y vueltas sobre el proyecto de la operación Chamartín, el momento de hacerla ha llegado ahora, cuando se ha despejado el panorama judicial que la bloqueaba, ha regresado la inversión y se ha consignado el dinero necesario y el mercado se encuentra en la situación adecuada. Si Carmena retrasa su decisión más allá del pleno de septiembre, entrarían en liza las elecciones generales y la paralización de la operación urbanísitca como bandera electoral de los titiriteros de Ahora Madrid, Podemos. Un escollo que podría hundir, una vez más, el proyecto de crear un nuevo barrio en la capital a partir del soterramiento de las vías de la estación del norte.