La Policía, la Iglesia y los funcionarios, en la diana del plan de Derechos Humanos de Carmena

Los colectivos que asesoran al Ayuntamiento acusan a los agentes de «represores» y dicen que los funcionarios carecen de «preparación» para impedir las violaciones de derechos

El Gobierno municipal de Manuela Carmena tiene previsto aprobar en los próximos meses un Plan de Derechos Humanos para la ciudad de Madrid. Se trata, en palabras de la alcaldesa, de «una nueva forma de interpretar y llevar a cabo la gestión municipal» que permita conocer el grado de cumplimiento del consistorio en materia de Derechos Humanos. Actualmente, el Ejecutivo de Ahora Madrid está dando forma al primer borrador de este plan con la intención de llevar su redacción definitiva al Pleno de Cibeles antes de que acabe el año.

Para su elaboración, el consistorio ha puesto en marcha distintas acciones, entre ellas, un cuestionario para todos los trabajadores municipales, reuniones con los directivos de las distintas áreas de Gobierno y distritos, además de una serie de talleres celebrados durante el verano en los que numerosas organizaciones y movimientos sociales debatieron y señalaron las buenas prácticas, retos e incumplimientos del Ayuntamiento en este terreno. El consistorio ha publicado ahora el resultados de estos encuentros con el tejido asociativo en unos documentos en los que se señala a colectivos como la Policía Municipal y al conjunto del funcionariado como los principales responsables de que se no respeten los Derechos Humanos en la capital. En las conclusiones de estos talleres, la Iglesia Católica o el Comisionado de la Memoria Histórica creado por la propia Carmena también salen mal parados.

En el debate en torno al «derecho a la Seguridad y Fuerzas de Seguridad Democráticas» –en el que participaron colectivos como Legal Sol, SOS Racismo, Amnistía Internacional y Jueces para la Democracia, entre otros–, el primer problema diagnosticado fue el relativo a la «discriminación y represión policial». Los ponentes de este taller pusieron encima de la mesa situaciones como «malos tratos policiales y uso excesivo de la fuerza, discriminación de sujetos y prácticas, islamofobia y vigilancia masiva, controles de identidad basados en el perfil étnico y represión en manifestaciones» por parte de la Policía Municipal. Según el diagnóstico de esta mesa, una de las causas de este problema es la «formación insuficiente» de los agentes municipales, a los que se acusa de aplicar la «legislación de una manera no garantista con los derechos humanos».

El «modelo represivo» de la Policía Municipal de Madrid es detectado por estos colectivos como un problema en sí mismo y para ello señalan que «las personas que entran en la Policía» tienen «rasgos en común como el afán y motivación por ser autoridad y ejercer el poder, en lugar del afán de proteger». Las consecuencias de todo ello, añaden, son que los agentes «en lugar de ser garantes de derechos son represores», potencian la «desconfianza hacia el propio ayuntamiento», caen en situaciones de «abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza». Denuncian «identificaciones indiscriminadas» cuyos principales objetivos son «grupos étnicos –gitanos, negros magrebíes...–, prostitutas, activistas o personas con estéticas ‘‘mal vistas’’ (rastas, tatuajes...)».

También en lo que concierne al ejercicio de la libertad de expresión, manifestación, reunión o de conciencia, la Policía Municipal es objeto de duras críticas por los colectivos participantes, en este caso tales como Europa Laica, Pluralismo y Convivencia, No Somos Delito o la ONG Zerca y Lejos. Los agentes municipales son criticados en este punto por su «falta de sensibilización» hacia colectivos como los inmigrantes y las prostitutas. «Uno de los grandes problemas en torno a los delitos de odio es la falta de formación de la policía local y la falta de educación y sensibilidad con la que se dirigen a determinadas personas con palabras despectivas como ‘‘negrata’’, ‘‘puta’’, ‘‘maricón’’, etc.», destacan en otro punto de este documento de trabajo. E insisten en este extremo al afirmar que «la falta de formación en Derechos Humanos se refleja cuando los agentes de seguridad se dirigen a la ciudadanía en como ‘‘maricón’’ o ‘‘tú, perroflauta’’».

Según estas «aportaciones» que el Ayuntamiento valorará para su posible inclusión en el Plan de Derechos Humanos, los sectores más afectados por la ausencia de normas sobre delitos de odio son «los inmigrantes, la comunidad musulmana, las personas sin hogar y los militantes antifascistas». Por todo ello, recomiendan «disminuir el enfoque represivo y caminar hacia una policía comunitaria y más comprensiva».

Pero las críticas incluidas en estos documentos van más allá de la Policía. Los colectivos participantes en estos debates también acusan al conjunto del funcionariado de «falta de cultura democrática», de poca «preparación» y censuran «lo que llamamos el ‘‘funcionariado de ventanilla’’». Respecto al papel que juega la Iglesia en el terreno de los Derechos Humanos, el grupo de trabajo señala que la principal causa de situaciones de discriminación «es la propia cultura española en torno al nacional-catolicismo». En este punto, los «asesores» del consistorio critican a Carmena: «La alcaldesa acude a eventos religiosos que no representan a todos los madrileños». Las organizaciones participantes censuran «los privilegios que reciben determinadas organizaciones a la hora de solicitar el espacio público, como la Iglesia Católica» y llaman a que el Ayuntamiento de Madrid adopte medidas como la publicación de «un censo de los edificios que están exentos de pagar el IBI» o, incluso, la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y de la ley de libertad religiosa para su sustitución por una ley de libertad de conciencia.

- Policía Municipal. «Uno de los problemas en torno a los delitos de odio es la falta de formación de la Policía Municipal y la falta de educación con la que se dirigen a determinadas personas con palabras despectivas como ‘‘negrata’’, ‘‘puta’’ o ‘‘maricón’’».

- Funcionarios. Dentro de las aportaciones del tejido asociativo que participó en los talleres se acusó a lo que denominan el «funcionariado de ventanilla» de «falta de cultura democrática» así como de «falta de preparación y voluntad política».

- Iglesia. Respecto al problema de la «discriminación por convicciones personales», uno de los documentos de trabajo señala que «el principal causante es la propia cultura española en torno al nacional-catolicismo».

- Gobierno central. Los colectivos cuyas reflexiones podrán ser incluidas en el Plan de Derechos Humanos precisan que la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera el derecho de expresión y reunión y convierte a la Policía en «juez y parte».