La Residencia de Estudiantes, en el punto de mira

El Tribunal de Cuentas ha puesto a la Fundación de la Residencia de Estudiantes en su punto de mira. A finales del pasado enero concluía un informe en que había fiscalizado los 255 contratos que la fundación cerró por un importe de 17.372.675 euros durante el periodo 2005-2009.

El Tribunal de Cuentas ha puesto a la Fundación de la Residencia de Estudiantes en su punto de mira. A finales del pasado enero concluía un informe en que había fiscalizado los 255 contratos que la fundación cerró por un importe de 17.372.675 euros durante el periodo 2005-2009. Para su análisis más detallado, seleccionó 37 de estos convenios (por un monto de 3.151.199 euros) en los que ha detectado incidencias cuanto menos curiosas. Y es que en las «deficiencias particulares» que el tribunal ha encontrado en algunos de los contratos más importantes de la Residencia, aparece varias veces citado Giner de los Ríos –fundador de la Institución Libre de Enseñanza, y nombre que también está vinculado a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos que ha organizado las movilizaciones de la «marea verde»–.

En concreto, el tribunal destaca que la Fundación Giner de los Ríos fue la adjudicataria de nueve contratos de la Residencia de Estudiantes por 806.267 euros. El objeto de dicho convenio era elaborar un portal web dedicado a la Edad de Plata Española a través de una serie de servicios editoriales con una empresa cuya administradora única era la directora y responsable de I+D de la Residencia, Alicia Gómez Navarro, y cuyo único socio era la Fundación Giner de los Ríos. Según el informe del tribunal, la Giner es una «fundación privada de cuyo patronato formaban parte la directora de la Residencia, el director honorario y la directora de I+D de la Residencia» con la que ésta «colaboraba frecuentemente». Pero, además, añade que en los citados contratos «la adjudicación fue directa, sin la concurrencia de otros candidatos, siendo los criterios empleados la continuidad de los trabajos a realizar y la especialización de la empresa en el ámbito de la realización de trabajos editoriales».

Ninguno de estos expedientes, continúa el documento del Tribunal de Cuentas, se contrató por escrito. Ni las actas de adjudicación ni las ofertas presentadas describían los contenidos de los trabajos a realizar para la puesta en marcha del citado portal web. La oferta económica dependía de las horas dedicadas a cada uno de los contenidos y las facturas se abonarían una vez verificados los trabajos entregados, sin embargo, también aquí encuentra la inspección una nueva irregularidad: no consta que se haya llevado a cabo tal comprobación, señala el documento. A fecha de la finalización de los trabajos de fiscalización, el portal continuaba pendiente de implantación definitiva, lo que impidió a los «inspectores» valorar si se ha cumplido con los objetivos previstos en el contrato así como evaluar la eficiencia y economía de la inversión.

Pero ésta no es la única relación con la Fundación Giner de los Ríos. El 15 de julio de 2009 la Fundación Residencia de Estudiantes cerró un nuevo convenio con esta fundación, el «Proyecto Red 100», cuya única actividad según el tribunal de cuentas consistió durante el periodo fiscalizado en solicitar una subvención al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. De hecho, en la web de la Residencia se hace referencia a este trabajo aunque, con fecha del 9 de octubre del año pasado, se indica que « próximamente se publicará esta herramienta pionera en el ámbito de la cultura».

Los contratos con la Fundación Giner de los Ríos no son los únicos de la Residencia de Estudiantes podría haber cometido irregularidades. Otro de los convenios en tela de juicio es el que La Residencia formalizó el 29 de octubre de 2004 con la Fundación Arte, Ciencia y Diálogo, fundación privada constituida el 23 de julio de 2003 por la Asociación Amigos de la Residencia de Estudiantes, y de cuyo patronato también formaba parte la directora, Alicia Gómez Navarro.

La Residencia se comprometió a aportar a la fundación privada un total de 2.330.000 euros para que colaborase en la preparación de actividades conmemorativas del 50 aniversario de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, así como en el desarrollo de otras actividades relacionadas con la Edad de Plata. Sin embargo, nunca se concretaron las actividades a desarrollar ni el presupuesto estimado para su ejecución, que había determinado la financiación concedida. «Igualmente, en el convenio no se justificó la conveniencia de la colaboración de esta fundación privada en las correspondientes actividades y que constituían la actuación principal de la Residencia durante el periodo fiscalizado, a pesar de que ello supuso la realización de proyectos y la formalización de contratos al margen de los principios reguladores de la contratación del sector público; por su parte la fundación privada se obligaba a justificar la realización de las actividades programadas mediante una memoria, que hasta la fecha de finalización de estos trabajos no había sido presentada», resalta el informe.

La fundación gastó 50.491 euros en la vigilancia de la exposición «La generación del 27 ¿Aquel momento es ya una leyenda?». Un convenio para el que no solicitó la solvencia de la empresa adjudicataria, a la que tampoco pidió los certificados acreditativos de que se encontraba al corriente de la obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, tal y como requerían las propias normas de la entidad.

Por un importe de 3.606 euros mensuales, la Fundación Residencia de Estudiantes renovó en 2003 un contrato con un estudio jurídico que le venía asesorando desde el año 2000. Sin embargo, contraviniendo los principios de publicidad y concurrencia previstos por la ley de fundaciones y por la ley de contratos del sector público, no solicitaron más ofertas a la hora de sellar la ampliación de contrato.

Y es que, según las consideraciones generales del informe del tribunal del Cuentas, «la Fundación no observó, en ninguno de los contratos analizados, el principio de publicidad, limitándose, en unos casos, a promover la concurrencia de ofertas y, en otros, a contratar directamente con la empresa seleccionada». Esta forma de actuar responde, según el Tribunal, a que, aunque se trata de un organismo público del Estado, la contratación de la Fundación «ha estado sujeta a su propia normativa interna». En concreto, tres normas internas, de las que las dos primeras fueron aprobadas por la dirección de la entidad, a pesar de que tomar esta decisión no estaba entre las competencias que le otorgaba el patronato de la Fundación de Estudiantes.