La Sanidad privada lleva a la Justicia las coacciones de Gómez

Tras protagonizar 17 jornadas de huelga en los dos últimos meses del pasado año, los sindicatos sanitarios capitaneados por Afem decidieron entonces cambiar su estrategia de oposición a los planes del Gobierno regional de externalizar seis hospitales y 27 centros de salud. Centraron sus esfuerzos, con el inicio de 2013, en paralizar el Plan de Sostenibilidad en los tribunales. El PSM se sumó a esta campaña judicial contra las iniciativas del consejero Fernández-Lasquetty, y en ese contexto se han ido sucediendo los recursos que Tomás Gómez ha presentado ante los tribunales ordinarios por la vía contencioso-administrativa, ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Comisión Europea.

El pasado mes de mayo, el secretario general de los socialistas madrileños fue más allá cuando remitió un burofax a las empresas privadas que pudieran optar a gestionar alguno de los hospitales externalizados. En ese escrito, Gómez les advertía de que él, en el caso de convertirse en presidente autonómico, revertiría los concursos públicos y a anularía los contratos. Este burofax llevó ayer a la Confederación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados y a su filial madrileña a anunciar la interposición de una denuncia contra Gómez por un posible delito de amenazas y coacciones contra sus miembros. Según explicó su presidente, Isidro Díaz de Bustamante, la denuncia, que ha sido presentada ante la Fiscalía del TSJM, incluye el citado burofax, en el que el ex alcalde de Parla subraya haberse «comprometido pública y solemnemente, si los ciudadanos nos otorgan su confianza para formar Gobierno, a una completa y exhaustiva revisión de la legalidad e interés público de las privatizaciones resultantes de este concurso».

Según De Bustamante, la actuación del líder socialista genera una «grave inseguridad jurídica». Achacó al burofax un «matiz coactivo» que tiene como objetivo «alejar a los posibles licitadores del concurso para la gestión sanitaria» y cuyo resultado es, según el presidente de la CNCHP, una criminalización de la Sanidad privada. «En realidad lo que hace el señor Gómez Franco es forzar a posibles inversores a alejarse de la presentación de una oferta al concurso, maquinando un artificio con pretensión de que el mismo quede desierto al no presentarse ningún licitador».

Al margen del burofax remitido a estas empresas, la denuncia también incluye algunas de las manifiestaciones públicas realizadas por Gómez en los últimos meses en las que, por ejemplo, amenaza a los posibles licitadores con que si un eventual gobierno presidido por él anula las concesiones, «perderían el lucro cesante» así como «los derechos económicos que puedan tener».

La denuncia pone también en conocimiento del fiscal de TSJM las «presiones que el señor Gómez Franco» ha efectuado en las últimas semanas a los dirigentes de la empresa Hima San Pablo, después de que ésta presentase ofertas para la gestión de los hospitales de Parla, Aranjuez y San Sebastián de los Reyes. «Los socialistas vamos a enviar a esta empresa de Puerto Rico todo un dossier completo de cuál es nuestro modelo sanitario, un modelo incompatible con la privatización y que, si finalmente decide optar a los hospitales, lo primero que vamos a hacer cuando gobernemos es revertirlas», aseguró Gómez el 14 de este mes.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, aseguraron ayer que la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia contra Gómez «sólo busca amedrentar. Y lo hace en una situación en la que la sociedad madrileña se ha manifestado unánimemente en defensa de la Sanidad pública».

La Justicia rechaza los recursos de IU contra la externalización

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha inadmitido los recursos presentados por Izquierda Unida y por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad contra los pliegos del concurso para la licitación de la gestión los seis hospitales. Ambos recursos constituían el paso previo a la interposición en los tribunales de una denuncia por la vía contencioso-administrativa. Su objetivo era la suspensión del proceso de licitación: «Solicito expresamente que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión», finalizaba el escrito de IU firmado por su coordinador general, Eddy Sánchez. CAS basaba su recurso en que las cláusulas administrativas y técnicas del concurso vulneraban preceptos legales como la igualdad de trato, la transparencia y la libre concurrencia exigidos en la contratación pública, por lo que solicitaba la anulación y revocación de los pliegos.

Para el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, la inadmisión de los recursos pone de manifiesto que los pliegos de la externalización «cumplen con todas las garantías», al tiempo que denunció la «estrategia de atemorizar a empresarios y usuarios llevada a cabo por la izquierda».