La vicealcaldesa de Fuenlabrada usó a su suegra para conseguir un chalé de protección

Que la esencia de la construcción de viviendas de protección oficial se perdió hace tiempo es una evidencia. El «boom» de estas promociones impulsadas por el Gobierno regional y muchos ayuntamientos, que tuvo su momento álgido los años previos a la crisis para, supuestamente, facilitar la emancipación y el acceso a una vivienda a jóvenes y personas con rentas más bajas ha degenerado ahora en miles de viviendas vacías por los municipios de la región, construcciones a medias y, lo que es más triste o, cuanto menos sospechoso, en viviendas ocupadas por políticos municipales o familiares y amigos de éstos. El caso de Pedro del Cura con su doble ático en Rivas, un escándalo destapado la semana pasada por este diario, parece ser sólo un ejemplo. En Fuenlabrada tenemos un caso muy similar. En esta ocasión, se trata de una VPPL (Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado) construida en una promoción realizada por la sociedad cooperativa de viviendas Cobijo y que cuenta con el «ok» del Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernada por el socialista Manuel Robles. Precisamente la número dos de Robles, María Teresa Fernández González –vicealcaldesa y portavoz del Grupo IU–, junto con su marido, el diputado de IU en la Asamblea regional, Miguel Ángel Reneses González-Solares, son quienes están disfrutando de esta vivienda de protección pública a pesar de los ingresos mensuales que perciben del erario público, muy por encima de la media y, desde luego, superiores a los límites establecidos para poder acceder a una VPPL, que no pueden superar en más de 7,5 puntos el Iprem. Aunque ahora disfruten de la vivienda, un chalé adosado de dos plantas con dos plazas de garaje, ninguno de los dos formaba parte de la cooperativa Cobijo, una sociedad creada por Izquierda Unida constituida en 1997 ante notario e inscrita en el Registro General de Cooperativas de la entonces Consejería de Economía y Empleo autonómica. Sí lo hacía la madre de Miguel Ángel Reneses, María González-Solares Sierra, una mujer pensionista que, no obstante, fue beneficiara del adosado número 12 situado en la calle Averroes número 25, tal y como consta en las escrituras de adjudicación de vivienda, un documento fechado a 30 de diciembre de 2008 al que ha tenido acceso este diario.

Su hijo y su nuera, según consta en las mismas, vivían hasta entonces en el número 4 de la calle María Moliner de Fuenlabrada. Sin embargo, según el mismo documento, son ellos quienes asumen la hipoteca de la vivienda otorgada a la pensionista por 180.289,50 euros. El problema es que uno de los requisitos de acceso a las VPPL, según el Portal Vivienda de la Comunidad de Madrid es «que se destine a domicilio habitual y permanente de su ocupantes»; un extremo que, a todas luces no cumple la madre de Reneses (y beneficiaria del chalé) porque es el domicilio habitual de la pareja formada por los dos políticos. «Don Miguel Ángel Reneses González-Solares y doña María Teresa Fernández González, solidariamente entre sí, asumen la obligación garantizada con la referida hipoteca, cuya responsabilidad expresamente se subrogan, aceptando la escritura de crédito hipotecario». Es más, la madre de Reneses y beneficiaria de la VPPL podría no estar siquiera empadronada en Fuenlabrada y tener su residencia habitual en un pueblo de Toledo.

La estrategia del matrimonio parece clara. La madre del diputado regional entró a formar parte de la cooperativa y, a su vez, de la promoción de 12 viviendas unifamiliares adosadas en la calle Averroes 25 a 47 (Parcela 8.3.1. del PPI 4) de la localidad. Ellos la pagarían porque, en realidad, eran quienes iban a hacer uso y disfrute de ella. Un adosado que sí cumple los requisitos para ser calificada VPPL en función de los metros (no puede superar los 150 metros cuadrados construidos y tiene 122 metros cuadrados útiles) pero que está sujeta a un coste máximo por metro cuadrado. Este chalé, según la calificación definitiva realizada por la Dirección General de Vivienda regional, tiene un precio máximo de 148.216, 58 euros. La cooperativa adquirió el solar, según el documento, por «adjudicación mediante concurso abierto otorgado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada».

En las mismas escrituras, el notario «hace constar a la parte adquiriente de que de no dedicar la vivienda a domicilio habitual y permanente (por mantenerla habitualmente desocupada, por dedicarla a segunda residencia o a otros usos no autorizados) implicará, además de las sanciones derivadas de la infracción, la descalificación de la vivienda con carácter de sanción».