Las víctimas de la mafia del Ivima: «Nos desahuciaron sólo un mes antes de condenar a los estafadores»

Cuando Julio González ideó un sistema para vender ilegalmente viviendas sociales cuyos propietarios habían fallecido o estaban ausentes no tuvo en cuenta que además de al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que no recuperaba las casas para reasignarlas a personas en necesidad, dejaba en la calle a los legítimos dueños y herederos de dichos pisos, que, en el caso de Patricia, se han quedado en la calle de forma abrupta. Apenas un mes antes de que la Audiencia Provincial condenase a la red de estafadores, la nieta de Petra, propietaria de uno de los hogares vendidos fraudulentamente, perdió la última batalla para evitar su desahucio.

Fue Cesáreo Reguero, abuelo de Patricia, quien firmó con la entonces Obra Sindical del Hogar en 1964 el contrato de alquiler con opción a compra de la calle Deportistas 22, en San Blas. A su muerte, en 1986, su viuda, Petra, pidió la subrogación del contrato y le fue concedida. Ya en 2001 e iniciado el proceso para que todos los adjudicatarios de las viviendas sociales comprasen definitivamente sus hogares por entre 2.000 y 30.000 euros, Petra lo solicitó, sin lograr respuesta alguna del Ivima hasta septiembre de 2003, cuando le reclamaron un recibo de 2,23 euros. Se da la circunstancia de que la mujer estaba enferma de alzhéimer y en octubre de ese mismo año asumió su tutela la Comunidad de Madrid.

Fue entonces cuando la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos pidió al Ivima información sobre el piso de Petra, a lo que contestó el Instituto de la Vivienda que era la titular del inmueble en la calle Deportistas 22. Esta comunicación se realiza en enero de 2004 y, apenas cuatro meses después, un tal Juan Salvador Martínez solicitaba la compra de la misma acreditando, con documentación falsa, que era su hogar desde hacía veinte años.

Sin embargo, quien sí vivía allí era Patricia, nieta de Petra, su marido y su hijo pequeño, que se encontraron un buen día con un mensaje en el buzón que decía: «Soy Juan Martínez, el propietario de esta vivienda, les ruego se pongan en contacto conmigo». «Nos quedamos de piedra, porque nadie había visto nunca a este señor», cuenta Patricia, que ha tenido que trasladarse con su niño al piso de sus hermanos después del desahucio.

Inmediatamente, y acompañada por su madre, Mari, nuera de Petra, acudieron al gestor de la comunidad de vecinos, que, alarmado, los informó de que habían desaparecido de los registros informáticos los recibos pagados por la familia desde 1994, apareciendo en su lugar Juan Salvador Martínez. Con esos datos acudieron al Ivima, donde no encontraban datos de su abuelo. «Luego nos dijeron que sí había aparecido y que todo era debido a un error que iban a investigar», explica Patricia, que siguió indagando.

Sus pasos les llevaron hasta Geplaur, empresa gestora de las viviendas para el Ivima y en la que trabajaba Julio González, cabecilla de la trama. «Allí el chico que nos atendió alucinaba, porque había desaparecido el expediente completo del ordenador», aseguran. Después descubrieron que Juan Salvador había falsificado la firma de la presidenta de la comunidad de vecinos, Ana María, para acreditar que era su vivienda habitual y también los datos del padrón, en los que aparece inscrito en otro número distinto al de Patricia, que se había empadronado correctamente.

Para más inri, el estafador hipotecó la casa dos meses después de adquirirla y, tras unos años, dejó de pagarla quedando el piso en manos de Bankia sin que Patricia o su familia pudiesen hacer nada, como reclamaron, ante la subasta de su hogar. «Hemos conseguido pagar el desahucio durante diez años, pero nos echaron un mes antes de que saliera la sentencia en la que los condenan por la estafa», se lamenta la mujer, mientras su hijo llora por no poder entrar en su casa. Y, como las desgracias nunca vienen solas, horas después del desalojo la casa fue ocupada ilegalmente. Ahora esperan que el Ivima los asista mientras los condenados han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Un caso «especialmente grave» para el tribunal

El caso de Patricia es tan flagrante que la sentencia recoge lo grave de su estafa. En concreto, relata la comunicación de su abuela Petra, adjudicataria del piso, con el Ivima para comprar su vivienda, en 2001 –trámite del que no obtuvo respuesta– y el requerimiento de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos para comprobarr la titularidad del piso de la mujer, enferma de Alzheimer. Apenas unos meses después de que el Ivima asegurase que Petra era la titular, lo vendió sin comprobar los datos a Juan Salvador Martíneza. «Con un mínimo de diligencia esta siguación no se habría producido, y eso revela una actuación de negligencia inexcusable», considera la Audiencia Provincial.