Los abogados madrileños dan la espalda a su decana

El "annus horribilis"que ha significado 2013 para el Colegio de Abogados de Madrid se cerró esta semana con una Junta Extraordinaria tensa y caldeada en la que los letrados de la región expresaron su descontento con la gestión del equipo de Gobierno. Los colegiados debían decidir, entre otras cuestiones, el futuro del Servicio Médico de la institución. Finalmente, los abogados presentes en la Junta votaron en contra de la externalización del servicio médico a favor de una operadora sanitaria privada, tal y como había propuesto la propia decana, Sonia Gumpert.

La medida fue rechazada por 1.360 votos frente a 690 afirmativos. En las semanas previas a esta reunión, el futuro de este servicio médico había acaparado gran atención mediática ya que había sido el motivo de una nueva guerra en el seno de la Junta de Gobierno. No en vano, el número dos de Gumpert –el vicedecano y tesorero Manuel Valero– redactó una carta abierta en la que criticaba con dureza la posible externalización propuesta por la decana. Según el vicedecano, si la privatización hubiera recibido el visto bueno de la Junta se hubieran «cercenado derechos adquiridos que afectan al colectivo de compañeros con más de 50 años de colegiación, 600 compañeros en situación muy vulnerable, porque en razón de su edad verían muy complicado y muy caro incorporarse a cualquier otra operadora sanitaria». Valero también se preguntaba en este documento «¿qué gana el ICAM en este viaje aleatorio? Nada tangible, que no sea desconcierto e inseguridad», concluía. El voto en contra de cerca de 1.400 letrados a esta propuesta –dentro de la propia Junta de Gobierno el vicedecano votó en contra y la diputada Marisol Mesas se abstuvo– es una de las mayores derrotas sufridas por una medida impulsada por una Junta de Gobierno en las últimas décadas.

Más allá de la polémica previa, los colegiados se manifestaron en la Junta con meridiana claridad, al ratificar que no quieren entregar su mutualidad a manos de una compañía privada. La tensión marcó varios momentos de la reunión, como por ejemplo, cuando una parte significativa de los presentes protestaron por no poder emitir su voto sobre la externalización sanitaria en urna. Finalmente, tuvo que votarse a mano alzada. Otro de los momentos polémicos llegó cuando durante la intervención del vicedecano, Manuel Valero, éste reconoció la existencia de dos facturas a pagar a Cuatrecasas y a KPMG por los informes de viabilidad que estas firmas redactaron sobre el Servicio Médico. Los representantes de estas firmas negaron que existiesen esas facturas, que, según el vicedecano, ascienden a 260.000 euros. Finalmente, la polémica quedó sin aclararse ya que el vicedecano no volvió a disponer del uso de la palabra.

Treinta intervenciones

En el turno de intervenciones y a propósito de la discusión que se suscitó por la posible venta del servicio médico defendida por la decana, se produjeron más de treinta intervenciones en las que de forma prácticamente unánime, salvo un par de ellas, los letrados, según fuentes consultadas, manifestaron su rechazo a la pérdida de los principios de solidaridad entre colegiados, y reclamaron la defensa de la Institución y la búsqueda de soluciones que no impliquen recurrir a seguros privados.

Destacaron diferentes intervenciones como la del anterior decano del ICAM, Antonio Hernández-Gil, que manifestó su sorpresa por los términos del debate suscitado por la Junta de Gobierno. Defendió asimismo la viabilidad de la nueva Mutua del Servicio Médico que él preside en la actualidad. La letrada Inmaculada Juárez, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Abogacía Madrileña, defendió la no externalización del servicio, ofreciendo en su relato datos que defendían la necesidad de rechazar la propuesta de la decana, para así "proteger a los colegiados más vulnerables y a la propia Institución". Otros intervinientes, como Javier Ledesma y Julio Martínez, también coincidieron en es misma línea.

El otro varapalo sufrido por el equipo de Gobierno del ICAM se produjo cuando los asistentes no aprobaron los informes de auditoría de las cuentas de 2013. Este voto en contra obliga a la Junta de Gobierno a volver a convocar otra Junta extraordinaria para someter a votación otras auditorías de los presupuestos.

Esta tensa Junta llega después de un año cargado de polémica. Hace dos semanas, la Audiencia Provincial archivó una de las causas que investigaba las irregularidades cometidas por el equipo de Gumpert en la noche electoral, aunque aún la vía contencioso-administrativa debe pronunciarse en torno a ello y sobre los supuestos pactos previos suscritos por su candidatura, y que no fueron comunicados a la junta electoral. A ello se han unido las continuas polémicas en el seno de su equipo. Y es que a pesar de llevar menos de un año en el cargo, la Junta ha sufrido ya cuatro dimisiones. En el mes de mayo, además, el ICAM despedía a su gerente, Javier Rivera, que permanecía en el cargo desde hacía veinte años.