Los Fernández Fernández caen (de nuevo)

La Policía Nacional acaba con el clan de la droga más activo de la Cañada Real. Hay seis personas detenidas, entre ellos, los cabecillas

Las viviendas ilegales, la luz enganchada y la reubicación de cientos de familias sin recursos no son las cuestiones más difíciles a las que las administraciones tendrán que hacer frente el día que se decidan a solucionar la compleja problemática que existe a lo largo de los 16 kilómetros de Cañada Real. El verdadero problema, además de los menores que aún hay sin escolarizar, está en el Sector 6, en Valdemingómez. Allí los clanes de la droga siguen campando a sus anchas y, por muchos golpes policiales que reciban, siempre resurgen. El «clan de los Bigotes», el «clan de Los Gordos», «los Emilios» o el «clan de los García», son los míticos. Últimamente había vuelto a subir al número uno de ventas el «clan de los Fernández Fernández» pero esta semana, gracias a una operación de la Policía Nacional, han vuelto a salir del mercado. Al menos, por un tiempo, porque los agentes han arrestado a toda la familia. Los Fernández Fernández llevan toda la vida dedicados al tráfico de cocaína. El negocio familiar lo levantaron allá por los años 90 cuando los abuelos José Manuel Fernández Vázquez, «El Bocalata», llegó desde Plasencia con su mujer, Santa Fernández (ya octogenarios, si viven) y se instalaron en el ya desaparecido poblado de Las Barranquillas.

En este famoso poblado de droga lograron hacerse con el respeto de la competencia y la clientela, que conservaron cuando cambiaron la «sede» de su negocio hasta la vía pecuaria madrileña. Aquí, según la temporada, alternaban el primer puesto de rentabilidad con el clan de «Los Gordos». Es decir, cuando la Policía golpeaba a uno de los clanes, el otro tenía un repunte de ventas y viceversa. En los últimos años, tras la condena de la Audiencia Provincial a casi 20 años de cárcel a los cabecillas de «Los Gordos» (el Supremo rebajó en 2014 su condena a 13 años), habían notado, como siempre, un aumento de la clientela. Y también, con tantos años de antigüedad, la empresa había depurado su técnica para tener siempre la menor cantidad posible de estupefaciente en el interior del punto de venta y métodos rápidos y eficaces para hacerlo desaparecer, ante una eventual redada policial. Eso ocurrió el pasado miércoles 14 de diciembre. La Policía Judicial de Villa de Vallecas (distrito al que pertecece el problemático sector 6 de la Cañada) tenía conocimiento de que el matrimonio del clan, compuesto por José Fernández Fernández (60 años) y Pastora Fernández Saavedra (61 años), ambos de Badajoz, dirigían el negocio de venta de droga –sobre todo cocaína pero también heroína y algo de cannabis– en el número 25 de la Cañada Real Galiana. Tras una serie de vigilancias, los agentes les identificaron así como al resto de miembros del clan que, según fuentes policiales, participaban del tráfico de drogas y, por tanto, también de sus beneficios. Tras tener los suficientes indicios, se solicitó a la autoridad judicial de guardia (el Juzgado de Instrucción número 9) una orden de entrada y registro a la parcela. A las 8:00 horas del 14 de diciembre los agentes aguardaban en el exterior del número 25 de esta vía pecuaria.

Según fuentes policiales, a eso de las 10:45 horas, los funcionarios que se encontraban en la entrada de la Cañada (en la rotonda que la une con la A-3) observaron cómo el vehículo ocupado por el matrimonio salía del poblado dirección a la autovía de Valencia. Los extremeños iban en un Nissan Patrol y los agentes les pararon en la Avenida de Andalucía, donde procedieron a la detención de ambos. A él le constan tres antecedentes por tenencia ilícita de armas, atentado a la autoridad y lesiones. A ella, dos por tráfico de drogas (el primero, de 1994).

Los «jefes» ya habían caído pero aún quedaban más integrantes del clan. Poco depués, sobre las 11:30 horas, la Policía vio cómo el hijo pequeño, José Fernández Fernández, salía del poblado en un Mercedes. Le dieron el alto en la M-45 y también fue detenido. A este joven de 22 años, le constan antecedentes policiales por malos tratos en el ámbito familiar, según las mismas fuentes.

Una vez autorizado el mandamiento de entrada y registro por el juzgado, los agentes entraron a la parcela y procedieron al arresto de quienes estaban en el interior: Fernando Fernández Fernández (de 29 años), Cristina Fernández Fernández (que ese día justo cumplía 31 años) y un supuesto «machaca» del clan: José López, de 44 años, un toxicómano que hacía labores de vigilancia. Ni Fernando ni Cristina contaban con antecedentes policiales hasta ese día. El supuesto toxicómano tenía nueve reseñas por tráfico de drogas.

En el interior de la vivienda la Policía comprobó que el clan estaba bien armado. Tenían una pistola Walther 9 Parabellum con dos cargadores con capacidad para quince cartuchos y completamente municionados, un revolver North American Arms de calibre 22 con 24 cartuchos y una pistola de avancarga. Los agentes también se incautaron de una báscula de precisión, dinero en efectivo y 31 décimos de lotería.

Esta operación ha sido realizada por los agentes de la comisaría de Villa de Vallecas (policía Judicial) aunque también intervinieron los agentes de Seguridad Ciudadana de la misma comisaría, el GOIT (Grupo Operativo de Inspecciones Técnicas), la UIP y Guías Caninos para entrar a la parcela donde estaba el punto de venta.

La frontera del sector 6 de la Cañada

Pertenece al distrito de Villa de Vallecas, en el sur de la capital, y en su interior viven en torno a 5.000 personas, en su mayoría españoles de etnia gitana. Se trata del sector 6, en el que el clan de los Fernández tenía su centro de operaciones y, de lejos, el más conflictivo de la Cañada. No en vano, alberga el que es considerado como el mayor hipermercado de la droga de la región, lo que convierte en habitual la escena de agentes de policía patrullando por sus calles. La solución al sector 6, como la del resto de la Cañada, deberá abordarse en el Plan Regional sobre este ámbito que está pilotando la Comunidad de Madrid con todas las partes implicadas. Según el borrador de este plan, cerca del 75% de las viviendas de la Cañada Real podrían ser finalmente derribadas por problemas urbanísticos y acústicos.