Los okupas de La Traba, dueños de Delicias

Una protesta con más de 200 activistas frena el desahucio del centro ocupado desde hace siete años. La falta de efectivos de Policía Municipal para poder entrar obligó a la comisión judicial a aplazarar el desalojo

Los okupas se han salido con la suya. Al menos por el momento. Ayer celebraban la «victoria de la segunda Batalla de Belchite», según comentaban, haciendo pararelismo con el triunfo del bando republicano y la calle que toma el nombre de la contienda, que a la altura del número 17 alberga «La Traba». El centro social okupado, propiedad de la inmobiliaria Aiser, S. A., «resiste» desde hace siete años en la ilegalidad (los okupas incurren en un delito tipificado en el artículo 245 del Código Penal) y en él decenas de «antisistema» y chavales del barrio que acuden a utilizar las instalaciones del inmueble, sobre todo el «bikepark» para practicar acrobacias en bici. Pero ayer fue un día clave. Era el día previsto para su desalojo pero el efecto «Can Vies» se había apoderado del barrio y los okupas estaban dispuestos a defender el que consideran su espacio a toda costa. Pese a que un juzgado madrileño había ordenado la ejecución del lanzamiento, éste no se produjo.

La comisión judicial llegó a Batalla de Belchite sobre las 12:00 horas del mediodía pero más de dos centenares de personas, simpatizantes del movimiento y vecinos del barrio, se habían apostado a las puertas del inmueble okupado desde las ocho de la mañana. La convocatoria para «defender» su espacio corrió como la pólvora por las redes sociales y los hashtag «LaTrabaResiste», «LaTrabaNoseAcaba» y «LaTrabaSeQueda» surtieron efecto y aquello se llenó de simpatizantes. El juzgado competente no requirió los refuerzos de la Policía Nacional y el servicio de protección a la comisión judicial cayó en manos de la Policía Municipal. Sin embargo, el área de organización de los servicios del Cuerpo Municipal no valoró de forma adecuada el riesgo y, si lo hizo, quizás no había efectivos suficientes para cubrir el resto del distrito. Es decir, falta de previsión o prodencia. Sin embargo, las UCEs (Unidades Centrales de Seguridad), conocidos como los «antidisturbios» municipales, podrían haber acudido sin dejar imprudentemente desasistido el distrito. En cualquier caso, no acudieron los agentes proporcionales a los «antisistema» que había en el lugar. Sólo acudió una patrulla policial a garantizar el orden y salvaguardar la seguridad de la comisión judicial encargada de ejecutar el lanzamiento. «Se envió el dispositivo habitual», explicaron fuentes municipales.

Sin embargo, no es habitual que durante un lanzamiento haya 200 personas en la puerta del inmueble y, si las hay, –como los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca– suele haber refuerzos de la UIP de la Policía Nacional para que el desalojo pueda llevarse a cabo. De esta forma, ante la errónea evaluación del riesgo primero y la decisión después de no solicitar más efectivos de refuerzo, el desalojo no pudo llevarse a cabo y se decidió aplazar el lanzamiento ante el lógico júbilo de los «antisistema», que tomaron la decisión como un triunfo de la «resistencia okupa». «No es la primera vez que se desaconseja la ejecución de un desalojo por riesgo de órden público. La prioridad no es el lanzamiento, sino la seguridad de las personas», destacó ayer un portavoz sindical. Después de tomar nota de las alegaciones de los portavoces del centro y de levantar acta, los dos enviados por el juzgado y los dos agentes policiales se marcharon del lugar y los «okupas» comenzaron a celebrar la victoria del «primer round», como comentaban. Los gritos de «La Traba no se acaba, no se mueve» y el famoso «sí se puede» sonaron en este punto de Arganzuela. El centro es conocido por ser, en su inicio, un lugar donde planear las acciones en memoria de Carlos Palomino, «antifascista» asesinado en el metro de Legazpi, muy cerca del lugar, y años después por albergar uno de los mejores parques «indoor» de BMX, donde acuden multitud de jóvenes a practicar con sus bicis. Celebraron la «hazaña» políticos como Pedro Higuera, de IU Arganzuela, que señaló a Servimedia que éste es un «triunfo para la gente trabajadora» y aseguró que se trata de una «tremenda derrota para los especuladores». Álvaro Aguilera, secretario general del PC de Madrid, dijo que centros sociales no deben ser «pisoteados» y «barridos por la especulación»

Los propietarios del inmueble, la inmobiliaria Aiser, S. A., que pretende construir viviendas en el edificio, tendrá que esperar a que se ejecute la orden del juzgado, aún sin fecha prevista.

Las siguientes

Otros centros sociales okupados «en peligro»

- La Manuela. En la Corredera Baja de San pablo, 33 está pendiente de la ejecución del lanzamiento decretado por el Juzgado de Instrucción número 35.

- La Morada de Chamberí. Los habituales de la okupa situada en el 5 de la calle Casarrubuelos pasarán en breve a la acción.

- La Casika. La okupa de Móstoles ha cobrado fuerza tras el desalojo de la Eskuela Taller de Alcorcón y este mes tuvieron declaración judicial.

- El Patio Maravillas. Es una de las okupas más conocidas de la capital por sus populares talleres y su activismo político.

La Fravm pide una solución «no policial»

Uno de los activistas que recibió ayer a la comisión judicial en el centro social «La Traba» es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Nacho Murgui quiso formar parte del «apoyo social» a la casa okupa y aseguró que «ahora les toca a las instituciones tomar nota y ofrecer una solución no policial, que no contemple la fuerza, para que se pueda seguir desarrollando la actividad social que lleva a cabo este centro». Su presencia en este acto revindicativo daba muestra del apoyo de la Fravm a este movimiento y en concreto a este centro social que lleva siete años abierto.