Moncloa inicia el blindaje de Eurovegas

A la espera de que el Ministerio de Sanidad termine de dar forma al retoque de la ley antitabaco que permita a los grandes casinos habilitar zonas de juego para fumadores, el Gobierno central parece dar por fin un paso al frente con el objetivo de hacer viable el futuro de Eurovegas en Alcorcón. El propio Sheldon Adelson reconocía en la presentación de los resultados trimestrales de Las Vegas Sands a finales de octubre que su inversión estaba sujeta a las «aprobaciones gubernamentales» que propiciaran «un entorno adecuado». Pero más allá de los cambios en la regulación del tabaco, lo que más inquieta en la compañía americana es que las condiciones en las que ponga en marcha la primera fase de la futura ciudad del ocio, previa resolución del concurso público, puedan cambiar en los próximos años si los ejecutivos regional y estatal cambian de color político. «En este tipo de inversión la empresa necesita garantías en torno a que no habrá ningún cambio en las normas en las que nos hemos comprometido a desarrollar el proyecto», reconocía hace pocas semanas uno de los portavoces de Adelson.

Y es precisamente en esta dirección en la que se ha comenzado a trabajar desde Moncloa en colaboración con los técnicos de la Comunidad de Madrid. Una comisión bilateral integrada por ambas administraciones se reunió en septiembre para solventar las discrepancias competenciales respecto a la regulación urbanística autonómica establecida en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, y así encajar la figura de los Centros Integrados de Desarrollo –ideados por el equipo de Ignacio González para la puesta en funcionamiento de proyectos de alcance regional como Eurovegas– en la ley del suelo estatal. Dicha comisión terminó resolviendo las tres discrepancias y avalando la legalidad de la norma autonómica.

Tras considerar «concluida la controversia» ambas partes coincidieron –según la disposición publicada en Boletín Oficial del Estado el pasado 22 de octubre– en dar traslado del acuerdo al Tribunal Constitucional. Con este paso, lo que ambos gobiernos impiden es que la norma autonómica pueda ser recurrida al Constitucional. Al ser los dos gobiernos los que dan por resueltos las diferencias planteadas se blindan ante un eventual recurso de inconstitucional en el que se argumente que la normativa reguladora de los Centros Integrados de Desarrollo invaden las competencias del Gobierno de la nación.

Dentro de la ley

Los acuerdos alcanzados en la comisión bilateral conciernen a matices técnicos de la norma. En primer lugar, se determina que la previsión de revertir a su uso y a sus dueños originales los terrenos que hayan sido expropiados para la edificación de un CID siempre y cuando hayan transcurrido diez años sin que los promotores hayan finalizado su urbanización no conculca lo establecido en la ley del suelo. Otro de los puntos resueltos es el relativo a las cargas urbanísticas de los futuros Centros Integrados de Desarrollo. Según lo acordado en la comisión, «la entrega de aprovechamiento urbanístico» a la Administración competente «sólo es posible en la medida en que se satisfagan mediante la correspondiente entrega de suelo, los estándares cualitativos que correspondan a las necesodades funcionales de cada Centro». Es decir, que la entrega de más suelo o de una compensación en metálico a los promotores de la futura Eurovegas sólo se realizara en la medida en que el Ayuntamiento de Alcorcón o la Comunidad e Madrid reciban el suelo necesario fijado en la ley del suelo para que estas administraciones distribuyan viales, espacios libres, zonas verdes y otras dotaciones públicas. Según la norma aprobada por Madrid en diciembre de 2012, el municipio en el que se levante el CID, en este caso Alcorcón, recibirá como cesión 15 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados construidos. Ese espacio estará destinado a equipamientos, infraestructuras y servicios para el aprovechamiento local.

El último de los apartados sometidos a debate en la comisión fue el relacionado con la cesión de un 5% del coeficiente de edificabilidad al municipio en cuestión, como forma de hacer partícipe a la comunidad local en las plusvalías generadas por el nuevo planteamiento urbanístico. Ese 5% de cesión que plantea la norma autonómica, según acuerdan ambas partes, está dentro de la horquilla que establece la ley del suelo de entre un 5 y un 15%. En el caso de Eurovegas, Las Vegas Sands deberá ceder, por tanto, un 5% del suelo que forme parte de cada una de las tres fases del proyecto al Ayuntamiento de Alcorcón. Será un suelo destinado al patrimonio público del consistorio y libre de cargas de urbanización. En el caso de la ley madrileña, el Gobierno de Ignacio González determinó en su redacción que esta cesión podrá sustituirse, de forma global o al menos en una parte, por su equivalente económico, a petición de la sociedad gestora.

¿Qué es un CID?

En diciembre de 2012, la Comunidad de Madrid aprobó una nueva figura de Proyecto de Alcance Regional: los Centros Integrados de Desarrollo (CID). Una «categoría» que ofrece un marco fiscal especial a proyectos de gran envergadura. Además de rebajas especiales de impuestos y otra clase de incentivos, la puesta en marcha de un CID potesta a la Comunidad de Madrid para ocupar los terrenos para la expropiación de los bienes y derechos que resulten afectados y sean necesarios para su ejecución.