Inmigración
Nadie quiere ser «destino Mena»
La Comunidad de Madrid estudia cómo afrontar la crisis derivada del aumento de la llegada de estos menores y la negativa cerrada de varios ayuntamientos para acogerles en sus centros municipales
La Comunidad de Madrid estudia cómo afrontar la crisis derivada del aumento de la llegada de estos menores y la negativa cerrada de varios ayuntamientos para acogerles en sus centros municipales.
Youssef Ghailan y Nawfal Arook tienen 16 y 15 años, son de Tánger y, aunque llegaron a Madrid hace quince días, su periplo comenzó mucho antes, cuando zarparon en patera desde las costas marroquíes el pasado mes de septiembre. Son dos de los nuevos «menas» (menores extranjeros no acompañados) del Centro de Primera Acogida de Hortaleza (Madrid) que duermen en el suelo porque allí ya no saben ni qué hacer con ellos. La Comunidad de Madrid, de quien depende este recurso, reconoce que la situación les sobrepasa porque el goteo de este tipo de menores es constante. Sólo de enero a septiembre pasaron «en tránsito» (ninguno fue después tutelado por la Administración) nada menos que 785 menores en estas circunstancias.
Youssef y Nawfal, como tantos otros, llegan sin nada. Y muchos, se van igual que llegaron. Nadie les echa en falta, nadie denunciará su desaparición si un día deciden no volver por allí. Porque este centro es una especie de limbo, una «sala de espera» antes de que la Administración asuma su guardia o tutela. Es decir, que como nadie es aún responsable de ellos, si no vuelven por allí, simplemente no ocurre nada. La ley dice que no deben pasar más de dos meses en este «limbo», un tiempo en el que, entre otros asuntos, la Fiscalía del Menor debe decir si, efectivamente el chico lo es. Porque muchos aseguran serlo sólo para acceder a esta red de ayudas y, en realidad, son mayores de edad. Así, en este proceso, según establece el Protocolo Marco Mena, el Ministerio Público puede ordenar la práctica de pruebas médicas que determinen el grado de maduración ósea o dental del chico, como son las pruebas radiológicas del carpo izquierdo de la muñeca, examen del tercer molar o radiografía de la clavícula. Una vez cumplido ese trámite, pasa a asumir la tutela la Administración (ya tiene 3.992) y son reubicados en otros centros ya con programas específicos. El problema es que ningún menor pasa este proceso en dos meses y se «perpetúan» en Hortaleza, lo que provoca hacinamiento para los menores y problemas de convivencia en el barrio.
A esta situación habitual de saturación de plazas se une, en los últimos meses, el incremento de la llegada de estos chicos. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales reconocen que llegan hasta 70 en una semana y que no tienen recursos para atenderles, aunque eso es un tema que veremos más adelante. El principal problema que tienen ahora es que están buscando otros lugares por la Comunidad para hacer frente a este «overbooking», pero los ayuntamiento ponen trabas para acogerles. Ha habido problemas con Tres Cantos, Somosierra, Pozuelo y un instituto de la carretera del Colmenar hasta el punto de que el presidente regional, Ángel Garrido, ha amenazado con denunciar a «alcaldes, asociaciones o particulares» que desvelen dónde van a ser ubicados estos menores. Muchos achacan esta negativa a las inminentes elecciones municipales porque, aunque sea impopular asumirlo, los vecinos se muestran reacios a tener un centro de «menas» al lado de casa.
El parque aledaño al centro de Hortaleza suele estar frecuentado por estos menores. Aunque sus miembros van variando, los vecinos les llaman desde hace años «La banda del pegamento» porque pasaban el día inhalando esta sustancia con una bolsa de plástico. «Es lo más barato para colocarse, no saben ni qué hacer con su vida. Están sin hacer nada, no les ponen ninguna actividad y tienen libertad para entrar y salir cuando les de la gana porque, lógicamente, no están en la cárcel. Y para sacar dinero ¿qué van a hacer? Pues robar», explica Raquel, una vecina del barrio de 32 años, acompañada de su madre. La mujer mayor sí reconoce tener cierto temor a estos jóvenes por los robos que han sufrido sus vecinas los últimos meses. Que hay un problema con estos chicos, lo reconocen hasta ellos mismos. Youssef y Nawfal, recién llegados, ya lo han vivido en sus propias carnes. «No hay buena gente ahí dentro, nosotros tenemos miedo. Te roban y te amenazan con pegarte sino obedeces», explica el mayor. Y es que las dinámicas que se han creado en el centro, con líderes conflictivos y autoritarios, han desembocado en todo tipo de problemas. La inseguridad en el barrio es uno de ellos. Carmen vive en el edificio de al lado, una urbanización con piscina donde, a veces, logran colarse. «En verano se meten a ver qué sacan de los bolsos de la gente mientras se baña pero violentos no son», explica. No tiene la misma opinión su vecina Gracia, a quien tiraron una piedra de considerables dimensiones desde el patio hasta la calle cuando ella pasaba. «No me dio de milagro pero cayó sobre un coche. Avisé a los trabajadores de dentro y te dicen que lo tendrán en cuenta, pero ellos no pueden hacer nada tampoco: están desbordados». Y es que los empleados del centro son otros damnificados. Fuentes policiales aseguran que son los propios trabajadores quienes llaman a la Policía porque se les encaran. Así, la presencia de patrullas policiales en la zona son frecuentes. «“Palos” a comercios del barrio aún no han dado. Sobre todo robos con violencia a señoras mayores», explica un agente. Cuando la Policía detiene a alguno debe trasladarlo al Grume (Grupo de Menores) de la Policía Nacional, en Julián Camarillo, y éstos se ponen en contacto con la Fiscalía del Menor. «Y si son menores de 14 años son inimputables», recuerda el agente. Pero el de los «menas», desde luego, no es un problema policial. Desde el Gobierno regional aseguran que no tienen medios para atenderles en condiciones dignas. El Gobierno central ofreció 40 millones de euros a las comunidades autónomas para hacer frente a la situación de especial emergencia ante la llegada extraordinaria de «menas». El Gobierno autonómico (PP) dice que Madrid no recibió un sólo euro, pero desde el PSOE critican haberse saltado el Protocolo Marco Mena. El capítulo 7 del mismo, establece que deben comunicar a Policía Nacional y Fiscalía los datos que dispongan del menor recién llegado a estos centros para su inscripción en un Registro Oficial de Menas. Sin embargo, desde diciembre de 2017 hasta septiembre de 2018, Madrid registró cero «menas». «O ha habido dejadez de funciones y no los han inscrito, o se ha hecho a propósito para evitar que Madrid parezca un “destino mena”», asegura la diputada Carla Antonelli (PSOE). Sea por lo que fuere, sí resulta extraño que precisamente Madrid sea, junto a La Rioja y Baleares, sea la única comunidad que oficialmente no recibió a ninguno de estos menores y, de ahí, que no recibieran ayuda económica. No obstante, la Comunidad reconoce haber ampliado plazas: 17 más en Hortaleza (ahora hay 52), 38 en Isabel Clara Eugenia (para menores de 0 a 14 años) pasando ahora a 93.
Los expertos señalan que las condiciones en las que se encuentran ahora estos «menas» afecta a toda la sociedad. «Todo lo que suponga hacinamiento puede generar un conflicto. Es fundamental una atención socioeducativa personalizada», señala el psicólogo y profesor de la UCM Valentín Martínez-Otero. «Al final son menores en riesgo de exclusión social», comparte la psicóloga de familia Isabel Menéndez. Cree que «es muy extraño que tengan un desarrollo emocional sano porque ya vienen con trastornos». Ante las expectativas frustradas, suelen desarrollar un Trastorno Negativista Desafiante (TND). «Con 9 o 10 años ya ves cómo te retan. Por las situaciones tan dolorosas que han vivido, se vuelven chicos vengativos, con fuertes explosiones de ira».
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