Parla privatiza las multas de tráfico al ser incapaz de cobrarlas

En Parla, una buena parte de los servicios que presta el Ayuntamiento a sus vecinos estan externalizadas. Lo está el tranvía, la gestión de los polideportivos, la recogida de basuras, la limpieza viaria, el mantenimiento de las fuentes, pero también prestaciones como, por ejemplo, la teleasistencia, la atención a mujeres víctimas de malos tratos, las escuelas municipales, las casas de niños o los puntos de encuentro familiar. A partir de este año, también lo estará la gestión de las multas de tráfico. El próximo viernes finaliza el plazo de presentación de ofertas dado por el Ayuntamiento a las empresas privadas que quieran hacerse cargo de la notificación, la tramitación y la recaudación de las infracciones que cometan al volante los parleños.

La poca efectividad recaudatoria del consistorio ha forzado al Ayuntamiento gobernado por el socialista José María Fraile a tomar esta decisión. En 2011, el montante de las multas de tráfico impuestas a los vecinos de esta ciudad ascendió a los 378.574 euros, de los que el consistorio sólo ha podido recaudar 92.289, un 24,3%, o lo que es lo mismo, menos de uno de cada cuatro euros reclamados. En 2012, el último año del que se tienen datos, ocurrió algo similar: de los 444.386 euros que deberían haber percibido las arcas municipales, sólo fueron recaudados 108.588 euros, un 24,4% del total. Sólo en estos dos años, por tanto, el Ayuntamiento dejó de percibir por este concepto 622.083 euros.

Y precisamente para que este porcentaje recaudatorio se incremente, los pliegos de condiciones de la adjudicación del servicio dejan claro que la empresa cobrará en función de lo recaude. De esta forma, las empresas podrán presentar ofertas en las que planteen percibir hasta el 80% de lo recaudado en multas en el periodo voluntario de pago durante el primero de los cuatro años que durará la concesión. En los tres años restantes, la empresa podrá quedarse hasta con el 70% del dinero recaudado en el periodo voluntario de pago. Las empresas también podrán plantear en su oferta quedarse con el 100% del dinero recaudado en concepto de recargos.

De entre las 51 funciones que se le exigen a las posibles empresas adjudicatarias –iniciar un expediente tras cada denuncia, proceder a la notificación de las multas, creación de bases de datos, entre ellas– destaca el control y ecumplimiento de la Ordenanza de Circulación de la Villa de Parla «con especial referencia», subrayan los pliegos, «a la carga y descarga, carril bus, plazas reservadas y controles de velocidad». El presupuesto calculado por el consistorio para los cuatro años es de 1.131.217 euros más 237.555 euros € de IVA.

Para la puesta en marcha de este servicio, la empresa deberá hacerse cargo de la instalación de nuevos radares y sistemas de detección de infracciones circulatorias. Entre ellos, un mínimo de 10 dispositivos móviles PDA que permitan la formulación de denuncias y la captación de imágenes, que conecten al Ayuntamiento con los agentes, cámaras fijas que graben y reconozcan la matrícula en el acceso a las vías peatonales, sistemas de captura de imágenes para los vehículos que atraviesen un semáforo en rojo así como la equipación para vehículos de la Policía Local para que graben infracciones y lean matrículas.

90 cámaras del Plan E

Este particular «Gran Hermano» estará también integrado por otros 10 dispositivos tablet que permitan la consulta de denuncias de tráfico, un mínimo de dos radares de velocidad fijos, al menos otro radar de velocidad móvil y terminales portátiles de transmisión de radio: 2 fijos, 10 equipos móviles para los teléfonos de patrullas y 40 terminales de radio portátiles. La empresa también deberá instalar un servidor central en el lugar que así lo determine el Ayuntamiento que permita la visualización en tiempo real de las imágenes captadas por todos los dispositivos mencionados.

La implantación de estos sistemas de control llega tres años después de que el consistorio invirtiera 1,2 millones de euros del Plan E –aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero–, en la instalación de 90 cámaras encargadas de vigilar el tráfico de la ciudad. En los pliegos técnicos, el consistorio también subraya que será la empresa la que deba contar con el personal necesario para la ejecución del contrato, lo que supone que no intervendrá ningún funcionario público. Un delegado elegido por la empresa será, a su vez, el interlocutor con el Ayuntamiento.

El Gobierno municipal justifica esta decisión en la necesidad de implantar un plan de seguridad que, además, respondeaa las peticiones de los vecinos de tres barrios. El proyecto ha sido rechazado por todos los grupos de la oposición, incluidos los concejales de Izquierda Unida, antiguos aliados de Gobierno Fraile. De hecho, en el Pleno de enero, PP y UPyD presentaron una propuesta para que fuera anulada la adjudicación del servicio. Según estos dos grupos, el consistorio tiene el personal suficiente para efectuar la labor de la empresa y que su externalización sólo incentivará la imposición de sanciones.