Rivas, el «vecino rebelde» en el proyecto de la Cañada Real

La Comunidad acuerda con Madrid y Coslada la firma del acuerdo marco para el próximo 9 de mayo.

El acuerdo social y urbanístico que la Comunidad planteó hace ya un año y medio para solucionar el problema de la Cañada Real está más cerca. Concretamente, el 9 de mayo será el «principio del fin» para que las 7.725 personas censadas a lo largo de de los 14 kilómetros de recorrido de la antigua vía pecuaria dejen atrás el limbo jurídico en el que llevan viviendo muchos años y podrán adquirir los terrenos donde han levantado sus casas de forma ilegal. Así lo aprobó ayer el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Para ello, los municipios implicados (Madrid, Coslada y Rivas) deberán firmar el acuerdo. Aunque Coslada y Madrid sí se han mostrado conformes, el Ayuntamiento de Rivas ya ha anunciado que no firmará nada. De hecho, el acuerdo marco incorpora las alegaciones de la capital y Coslada porque, según explicó ayer el portavoz regional, Salvador Victoria, el Gobierno municipal de Rivas (a quien también se le envió el borrador hace meses) no realizó alegación alguna.

Sin embargo, a juicio del edil de Urbanismo, Fausto Fernández, este «acuerdo marco» no cierra «la herida abierta ni el problema social» de sus habitantes. El Consistorio criticó, además, que el texto definitivo se haya filtrado antes a los medios que a los ayuntamientos. «Nos mandaron a primeros de año el documento y les comunicamos que no lo firmaríamos, pero nos dijeron que habría un proceso de negociación que no hubo», explicó Fernández.

Rivas planteó a la Comunidad que contemple en el plan también las viviendas que no están edificadas en la propia vía pecuaria, sino también en los márgenes, porque «sería dejar una parte del problema sin solucionar». También plantearon que se pongan en marcha instrumentos para ayudar a las familias con escasos recursos y que no podrían comprar la propiedad ni hacer frente a darle unas condiciones mínimas de habitabilidad a la misma.

El acuerdo que se firmará el próximo 9 de mayo incorpora el protocolo de Seguridad firmado el año pasado, en el que también está implicada la Delegación del Gobierno. De hecho, en el sector 6 de la Cañada, el más conflictivo por albergar en la zona de Valdemingómez infraviviendas y venta de droga, se realizará un plan de intervención especial.

En materia social, según se explicó ayer, se trabajará en los contextos educativo, laboral y sanitario. Y, en cuanto a lo puramente urbanístico, el texto señala como objetivo esencial la consolidación del mayor número posible de residentes y viviendas (donde resulte compatible el uso residencial), un extremo que en el caso de Coslada se resolverá de forma positiva casi en el total de los casos. Eso sí, este extremo sólo se cumplirá para los vecinos que reúnan los requisitos necesarios. Para los que no, el Gobierno regional volvió a asegurar ayer que «la entidad u órgano que proceda establecerá un mecanismo de realojo».