Tres concejales contra su código ético

La causa abierta a la alcaldesa Carmena por un delito «contra los trabajadores» y a los ediles Maestre y Zapata contradicen el compromiso firmado por Ahora Madrid de «renunciar al cargo por una acusación judicial».

Desde que el pasado 13 de junio Manuela Carmena tomó posesión como alcaldesa de la capital, el Gobierno municipal ya se ha acostumbrado a compatibilizar su agenda municipal con la judicial. La regidora, la portavoz y el ex concejal de Cultura tienen sendas causas abiertas en distintas instancias de la Administración de Justicia. La actual edil de Cultura también fue denunciada. Dos actores contratados por Madrid Destino fueron detenidos por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo tras la denuncia del propio consistorio.

El último de estos procesos es el que concierne directamente a Carmena. La semana pasada, un Juzgado abrió diligencias contra la alcaldesa y su marido, el arquitecto Eduardo Leira, por un posible delito contra el derecho de los trabajadores. El esposo de Carmena se declaró insolvente para no pagar a varios empleados de su estudio de arquitectura las indemnizaciones a las que fue condenado. Lo que se investiga ahora es si Leira incurrió en un delito de alzamiento de bienes, al poner a nombre de Carmena sus propiedades para, de cara a la Ley, no poder hacer frente a esos pagos: «Los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», señaló la jueza en el auto.

Los otros dos frentes abiertos afectan a Guillermo Zapata y Rita Maestre. El primero, apenas duró dos días como concejal de Cultura por sus tuits ofensivos y humillantes contra víctimas de ETA, como Irene Villa, y de los crímenes de Alcasser. La Audiencia Nacional ya le ha procesado para la apertura del juicio oral. La que ya ha pasado por el banquillo del juicio oral es la portavoz de Carmena, acusada de un delito contra los derechos religiosos por quedarse semidesnuda en una capilla de la Complutense y proferir gritos ofensivos contra las personas que rezaban en su interior. La Fiscalía le pide un año de prisión.

Desde la oposición, tanto el Partido Popular como Ciudadanos han reiterado a lo largo de estos meses la necesidad de que algunas de estas investigaciones se tradujese en la asunción de responsabilidades políticas que, de momento, no han llegado. El propio código ético de Ahora Madrid, partido instrumental de Podemos y Ganemos para las municipales de 2015, recoge cuál debería ser la conducta de sus representantes públicos. «Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción (...) así como también en casos de acusación judicial por delitos de racismo, xenofobia, violencia de género, homofobia u otros delitos contra los Derechos Humanos o los derechos de los trabajadores», señala el punto 1.4 del código ético de Ahora Madrid. Incluso las normas de buenas prácticas de los otros tres partidos con representación en el Ayuntamiento de Madrid pondrían contra las cuerdas a los tres concejales del Ayuntamiento. En el caso de Ciudadanos, los cargos públicos deben renunciar a su cargo si resulta «acusado por el Ministerio Fiscal de cualquier delito», tal y como le ocurre a Maestre. También PP y PSOE recogen en sus códigos la obligación de dimitir a raíz de la «apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional».