Un juez reabre la batalla de los Caídos

Autoriza la búsqueda de dos hermanos fusilados en Calatayud, pese a que no hay constancia de que sus restos fueran trasladados a San Lorenzo de El Escorial

Los hermanos Antonio Ramiro y Manuel Lapeña Altabás podrían cambiar la historia del Valle de los Caídos. Este herrero y este veterinario fundaron en los años 30 del pasado siglo la CNT en el pueblo zaragozano de Villarroya de la Sierra. Ambos desaparecieron en Calatayud pocos días después del comienzo de la Guerra Civil. Fueron detenidos. Sus captores los fusilaron y enterraron en dos puntos de la localidad, junto a la tapia del cementerio y en el Barranco de las Bartolinas. En 1959, según el relato familiar, sus restos fueron trasladados e inhumados en el Valle de los Caídos junto a los de otros fusilados también en Calatayud.

La nieta de uno de ellos comenzó hace dos años un periplo judicial que ahora, tras varios reveses por la vía penal, ha dado sus frutos: el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial ha autorizado la búsqueda de sus restos. La importancia del fallo radica en que se trata del primero en el que se da luz verde a una exhumación en el Valle de los Caídos. La resolución, fechada el pasado 30 de marzo y contra la que ya no cabe recurso, reconoce el derecho de los dos hermanos a recibir «una digna sepultura» y el de sus familiares a que les sean entregados «los restos cadavéricos» después de las pertinentes pruebas de ADN. Patrimonio Nacional, al menos hasta ayer, no había recibido la notificación de la sentencia.

Al margen del derecho que el juez reconoce a la familia de los Lapeña Altabás, el fallo y la propia historia sobre el lugar en el que actualmente pueden encontrarse sus restos están rodeados de incógnitas.

El Ministerio Fiscal, de hecho, señala que ni siquiera se «ha podido aseverar el lugar inicial en el que se depositaron los restos mortales» en el primer enterramiento, en Calatayud. Tampoco hay certeza de que fueran trasladados al Valle de los Caídos. Y es que los 81 restos mortales que fueron inhumados en El Escorial en 1959 procedentes de la localidad zaragozana pertenecen a individuos desconocidos. Según la documentación aportada a la causa por Patrimonio Nacional, no existen fichas sobre estos 81 cuerpos. Tampoco «puede certificarse la cripta u osario donde se encuentran». Aunque da una pista: «Podría deducirse que, sin identificar y procedentes de Calatayud, estos restos cuya numeración se corresponde del 9.466 al 9.546 se situaron en dicha Cripta del Sepulcro, posiblemente y por el orden lógico de numeración, en el piso 3º». Pese a todas las lagunas existentes, el juez argumenta en su dictamen que «existen indicios suficientes para entender procedente la aprobación» de la exhumación solicitada.

La Asociación en Defensa del Valle de los Caídos anunció ayer mismo que ejercerá acciones legales «contra los responsables de cualquier vulneración de los derechos de las familias de los caídos de ambos bandos que allí reposan». También remitió ayer un escrito a Patrimonio Nacional en el que reclama que deniegue cualquier tipo de manipulación de los restos óseos allí enterrados: «Es indemostrable que los restos mortales de Manuel Lapeña Altabás y Ramiro Lapeña Altabás reposen en la Basílica Pontificia del Valle de los Caídos, más bien todo lo contrario, puesto que ni en los listados oficiales de enterramientos del lugar, y ni tan siquiera en el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia, aparece referencia alguna al enterramiento de estas dos personas en el Valle de los Caídos», señalan desde esta asociación en su escrito.

El fallo judicial, al autorizar esta primera exhumación, abre la puerta a que otras familias reclamen la entrega de los restos de sus allegados para darles sepultura fuera del recinto de El Escorial. Sin embargo, dado el elevado número de cuerpos enterrados en el Valle de los Caídos –el registro oficial sitúa esta cifra en 33.847 personas– y, teniendo en cuenta el mal estado de los columbarios, es muy probable, tal y como señalan fuentes expertas la conservación del recinto, que las labores de exhumación invadan derechos del resto de personas allí inhumadas con las que compartan enterramiento.