Un tribunal obliga a la Comunidad a «resucitar» el Campus de la Justicia

Admite el recurso de las constructoras tras la paralización del proyecto, que estaba bloqueado por los anteriores licitadores.

El pasado 17 de noviembre, la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, decidió dar carpetazo al proyecto de la Ciudad de la Justicia que había rescatado Ignacio González por los conflictos contractuales y ordenó el desestimiento del contrato de concesión de obra pública que habían ganado Acciona y OHL, a quienes se los compensaría por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, pues así se contemplaba en el pliego de contratación. Sin embargo, las constructoras decidieron recurrir la orden del Consejo de Gobierno ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que les ha dado la razón, obligando así a la Comunidad a volver a la casilla de salida.

Se da la circunstancia de que es este mismo tribunal el que obligó a Cifuentes a renunciar a la Ciudad de la Justicia, ya que éste se había licitado sin que se hubiese resuelto aún varios contratos previos del primer proyecto que licitó Esperanza Aguirre. De hecho, el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, explicó que se había tomado la decisión de desistir con el proyecto –que rehizo González en la anterior legislatura– «ante la incertidumbre temporal sobre la resolución de los contratos adjudicados con anterioridad».

La sentencia, contra la que cabe recurso, retrotrae al Gobierno regional a la situación previa a la decisión de renunciar a las obras. Es decir, la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia está adjudicada a la UTE Acciona-OHL, pero no se puede iniciar, ya que hay varios contratos del anterior intento de unificar las sedes judiciales en Valdebebas que no se han resuelto todavía, lo que deja al equipo de Cristina Cifuentes en una situación administrativa de «pescadilla que se muerde la cola».

Ante estas circunstancias, desde la Consejería de Presidencia y Justicia explicaron que remitirán la decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública a los servicios jurídicos para estudiar qué acciones se pueden llevar a cabo e insistieron en que hasta que no se solventen los contratos de la anterior adjudicación no pueden dar luz verde a la continuidad del proyecto adjudicado en mayo de 2015.