...y sus alcaldes costean oficinas de apostasía

Este Domingo de Ramos, el alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, no quiso faltar a la procesión con la que los vecinos de esta localidad inauguran la Semana Santa. No es algo extraño, ya que es habitual la presencia de Fraile en otras celebraciones con una marcada connotación religiosa, como el traslado de la Virgen de la Soledad durante las fiestas patronales o con motivo de la Romería del Rocío.

La imagen hace dos días del alcalde portando una palma en la tradicional Bendición de Ramos en la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad se produjo, sin embargo, en la misma semana en la que su formación, el PSM, se mostró en contra de la posibilidad de que la Comunidad autorizase, tal y como ayer el Gobierno regional terminó por confirmar, la implantación de un colegio concertado católico en el municipio. Y todo ello llegó también en la misma semana en la que los ediles socialistas del consistorio dieron luz verde a una iniciativa de Izquierda Unida que permitirá la creación de una oficina municipal para apostatar. En concreto, el voto favorable de los concejales socialistas y de Izquierda Unida –UPyD se abstuvo y el PP votó en contra– sirvió para tramitar una propuesta que plantea que en un plazo de seis meses se elabore un estudio para la creación de una Oficina Municipal en Defensa de los Derechos Civiles, cuyo principal cometido sería el de «defender el derecho de apostasía», es decir la negación y renuncia de la fe católica por parte de los vecinos que así lo consideren oportuno. La propuesta de Izquierda Unida plantea que la creación de esta oficina sea sufragada íntegramente con recursos económicos municipales y que, asimismo, esté gestionada por empleados públicos.

Otro de los objetivos que tendría por delante la oficina para apostatar, según recoge la proposición avalada por las formaciones de izquierdas, sería el de «emplazar al Gobierno de la Nación a iniciar ya mismo un diálogo entre las fuerzas políticas y sociales para que las nuevas Cortes Generales y el Gobierno aborden la renegociación del Concordato con la Santa Sede». Además, también plantea la necesidad de que se elabore «una nueva Ley de Libertad de Pensamiento, Conciencia y Religión, todo ello con las premisas de separación efectiva Iglesia/Estado e igualdad de trato en términos de laicidad a todas las creencias y opciones morales y de pensamientos personales, sean éstas religiosas o no».

En 2008 fue Rivas –precisamente el otro municipio que estrenará colegio católico concertado– la primera ciudad española en crear una oficina municipal para tramitar solicitudes de apostasía. Sus empleados prestan asesoramiento y asistencia jurídica gratuita para que los vecinos puedan borrarse del «censo» de católicos de la Iglesia. Además de la puesta en marcha de esta oficina, el alcalde José Masa –de Izquierda Unida– lideró una campaña de laicización que le llevó a convertir a Rivas en el primer municipio en el que se llevó a cabo un bautizo civil y que organizó comuniones laicas. Protagonizó otros episodios anticatólicos cuando el Ayuntamiento eliminó las tres iglesias católicas de Rivas del callejero on-line del municipio, al que se puede acceder a través de la web municipal y cuando obligó a la parroquia de San Maximiliano Kolbe a retirar el cartel de su entrada en la fachada del templo, después de que Izquierda Unida trasladara su sede al mismo edificio.