Los empresarios ponen en jaque la inversión de los PGE en la Región

La Comunidad defiende que los Presupuestos recogen los principales proyectos estratégicos

Los empresarios de la Región de Murcia no están satisfechos con el Gobierno central y se sienten discriminados. Así precisamente lo trasladó ayer el presidente de la patronal empresarial Croem, José María Albarracín, al lamentar que, una vez más, «la Comunidad ha quedado claramente perjudicada con los 272,6 millones de euros que el Ejecutivo central ha consignado para Murcia en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017». Según Albarracín, se trata de la «peor inversión registrada, al menos en la última década».

Criticó los retrasos en determinados «capítulos importantes» que afectan al ámbito social y económico de la Región y clamó contra un presupuesto «que no puede ser más negativo, en el que los empresarios van a perseverar en denunciar y presionar las cuentas ante la Administración».

De entre los principales motivos destacados por el presidente de Croem se apuntó al «poco peso histórico» que el Gobierno regional y la Comunidad en Madrid. Algo que, con el paso del tiempo, ha ido a peor recordando que en 2011 consignaban para la Región 526 millones de euros y en 2010 el montante ascendía a 732. Pese a ello, incidió en que la patronal es «consciente de que las cuentas del Estado están condicionadas por el objetivo de déficit que marca la Unión Europea y que ha resultado difícil de cumplir».

Asimismo, afirmó que el sector empresarial se va a «rebelar» contra el hecho de que dicho objetivo «parece pesar más todavía en la Región que en el resto de España, ya que en comunidades como Cataluña, País Vasco o Canarias no condiciona el dinero que se les destina», porque son otros los intereses que priman en cada caso.

Retrasos

Igualmente, señaló que casi la mitad de la inversión en 2017 se la lleva las infraestructuras ferroviarias, entre las que destacan los 105 millones de euros destinados a la llegada del AVE a Murcia. «Si se hubieran cumplido los plazos, esta inversión no se tendría que estar produciendo en 2017».

Por su parte, y como respuesta a las quejas del sector empresarial, el Gobierno regional salió en defensa de las partidas del Ejecutivo central y respaldó que los PGE de 2017 «recogen los principales proyectos estratégicos y no dejan de lado ninguna de las principales inversiones».

Así lo explicó la portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, quien recordó que dichos presupuestos tienen un plazo de ejecución de seis meses, y en los que solo se ha tenido en cuenta una enmienda del Grupo Parlamentario Popular para abaratar el agua desalada por un montante de cuatro millones de euros.

«Pedimos a los grupos políticos y empresarios que convenzan a los partidos de la importancia de que se aprueben las enmiendas, que sean responsables y se apruebe la Ley de PGE, que es la más importante para un país».

Por su parte, el diputado nacional en el Congreso, Teodoro García, reiteró que la dotación económica para la Región está «diseñada para ejecutar en seis meses las principales infraestructuras murcianas».