Sánchez defiende su inocencia ante el «acoso político» de la oposición en los tribunales

La juez del caso Auditorio de Puerto Lumbreras traslada la instrucción al TSJ al ser el presidente aforado

«Es tiempo de aclararlo todo, y eso es lo que voy a hacer, como siempre». Así lo comunicó ayer el presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, después de que la juez del «caso Auditorio», Consuelo Andreu, trasladara al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la titularidad del caso al considerar que «existe, indiciariamente, responsabilidad penal en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras» cuando Sánchez era alcalde del municipio. De este modo, al ser aforado, corresponde a dicho órgano admitir o rechazar la instrucción elevada por la magistrada.

Los hechos que se remontan al año 2006, momento en el que Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras. La Consejería de Cultura de la Comunidad dio una subvención de seis millones de euros para la construcción de una infraestructura llamada complejo cultural teatro-auditorio. «Allí está cada euro de la subvención», reafirmó el actual presidente, y recordó que «nadie pone en duda que falte ni un solo euro de dicha ayuda».

La inversión está justificada

Según el presidente, «la subvención se invirtió al cien por cien en su ejecución, se pagó y está justificada, tal y como acreditan todas las certificaciones, la fiscalización, los informes y los documentos».

De hecho, subrayó que no es la primera vez que se da esta situación, dada la recurrente actitud de los socialistas de la Región en intentar ganar en los tribunales lo que no pueden en las urnas. «No vayamos por delante de la Justicia, porque hoy, algunos, con sucia estrategia ya conocida, se están frotando las manos porque ellos ya dan por cumplido el objetivo, que es que el presidente vuelva a estar en duda».

No obstante, recordó que de estas situaciones siempre ha salido bien, porque «la Justicia le ha dado la razón en otras 15 ocasiones, y nadie ha pedido perdón. Mis convicciones son más fuertes que mis enemigos».

Ante esta situación, varias fueron las voces defensoras del presidente. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, denunció que Sánchez «sufre desde hace bastante tiempo acoso político en los tribunales por parte de algunos partidos de la oposición». De hecho, dijo que ya ha estado investigado con anterioridad y después se le levantó la imputación.

Por lo tanto, pidió respeto por la presunción de inocencia antes de condenarle socialmente como ha ocurrido en otras ocasiones.

Por su parte, la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, destacó que lo sucedido no se trata de un caso de «corrupción política, sino que lo único que está por demostrar es si hubo un error administrativo».

La oposición, incluso, se mostró cautelosa antes de elaborar juicios precipitados de valor. PSOE y Ciudadanos mostraron su respeto a los tiempos de la Justicia, pero recordaron que «se pedirá la dimisión como presidente si finalmente es investigado». Podemos, no obstante, decidió atacar y decir que se trata de «la crónica de una imputación anunciada».