«A quien más le interesa cerrar la polémica es a la marca Caixafórum»

Son uno de los colectivos con mayor preparación y prestigio, y a la vez, de los que más están sufriendo la crisis. El decano de los arquitectos habla del cierre de estudios, la emigración de la profesión y las trabas que pone la Administración.

–¿En qué situación se encuentran los arquitectos sevillanos?

–La verdad es que hay que decir que el pasado 2012 ha tenido unos pequeños repuntes, en algunos meses inusuales, como febrero o septiembre. Parece que ha habido un cierto movimiento pero muy tenue. Son pocas obras, pero algo hay, aunque la verdad es que muchos arquitectos de la ciudad están fuera, principalmente en Perú, Panamá y Marruecos.

–¿Cree que con el fin de la burbuja inmobiliaria se acabó la de los arquitectos?

–Sobre eso tengo un criterio particular: no creo que haya habido una burbuja inmobiliaria, porque los datos que se barajaban era que a Andalucía iban a venir a jubilarse más de cuatro millones de europeos en cuatro años y que en la siguiente década lo harían diez millones y medio. Eso es una estadística de 2005. Es decir, no es una burbuja, es una realidad que hay que atender. Lo que ocurrió fue que la Administración, no señalo a ninguna porque fueron todas, comenzó a tomar una serie de decisiones que generaron dudas jurídicas y paralizó proyectos que con la normativa vigente deberían haber avanzado. Se trata de una situación que se debatió hasta en el Parlamento europeo, lo que demuestra que es algo muy importante. Podríamos haber seguido bien pero el capital se va a otro sitio, donde haya una seguridad. No hubo una burbuja, sino una serie de malas decisiones que no midieron las consecuencias que ahora estamos padeciendo.

–Falla la Administración...

–Es que no se puede gastar el dinero que no tienes y no puedes tomar decisiones que vinculen a generaciones futuras. Mi crítica es que nuestros hijos pagarán los platos rotos de nosotros y eso es muy duro. Los nuevos arquitectos no tienen unas perspectivas dignas por culpa del Estado y la sociedad. Me parece que es muy serio y preocupante.

–En los últimos tiempos, en Sevilla se ha asistido a un «urbanismo de confrontación» entre el Ayuntamiento y la Junta. ¿A quién beneficia esta estrategia?

–La Administración tiene que estar al servicio de los administrados, no al contrario. En ese sentido, hay que recordar que las ciudades tienen que desarrollarse, tienen sus tiempos, como las personas. Para establecer su desarrollo están los planes de ordenación urbana y el que tenemos se desarrolló en la cúspide de la actividad económica. Ahora todo ha cambiado radicalmente, por lo que el plan está abierto a las modificaciones necesarias para que crezca la ciudad. Ante este panorama, en cuanto a los trámites administrativos, está claro que no se puede entrar en una guerra de confrontación, porque perjudica a ese desarrollo natural y necesario. La ley en eso es muy clara, el urbanismo es competencia exclusiva de los ayuntamientos, excepto en los temas estructurales, en los que la Junta tendrá que velar por el control de legalidad. Éste es el sistema que tenemos, si no nos gusta cambiamos de sistema, pero es su competencia. Lo que está claro es que la confrontación no le gusta a nadie.

–A veces los políticos se arrogan capacidades propias de los técnicos, ¿no cree?

–No tengo en la cabeza ahora mismo ningún caso concreto, pero sí es cierto que muchas veces ciertas de sus decisiones afectan al profesional.

–El caso más cercano lo tenemos en el cambio de ubicación del Caixafórum. ¿Qué le ha parecido la manera en la que se han desarrollado los acontecimientos?

–Voy a hacer un análisis rápido. Guillermo Vázquez Consuegra me dijo que de esta decisión se enteró por la radio y creo que eso no es adecuado. Por otro lado, pienso y defiendo que la decisión es de La Caixa y la Administración tendrá que ver cuáles son sus derechos generados, pero a quien más le interesa cerrar esa polémica es a la marca Caixafórum. Es una marca impecable, que tiene el reconocimiento de la mayoría de los arquitectos, y que se precia de que siempre ha intervenido en edificios que luego ha puesto a disposición de la ciudad. Debería analizar realmente lo que le interesa.

–¿A quién le interesa más?

–Al proyecto Caixafórum y a la ciudad.

–En otras ciudades parece que todo funciona mejor. ¿Por qué cree que suceden estas cosas en Sevilla?

–Por mi experiencia puedo decir que en todas las grandes ciudades se montan grandes tinglados. Igual le digo que en Europa también hay muchas trabas en la Administración. Europa no es lo que a uno le cuentan, Europa hay que conocerla. Los debates tienen que estar en un contexto y no irse fuera de éste, porque entonces ya no aportan nada.

–¿El desarrollo urbanístico de Sevilla está adecuado a los tiempos?

–Está claro que ahora mismo la actividad generada por esta ciudad está muy por debajo de sus propias necesidades. Estamos inmersos en una situación en la que las administraciones en el apartado de inversiones tienen cero. Cuando las cosas faltan te tienes que ir a proteger lo básico, eso es evidente. Los bancos no pueden financiar, las administraciones no tienen inversión y la iniciativa privada no puede intervenir. Estamos fastidiados por todos lados, no hay un sitio donde te puedas meter.

–Hay arquitectos que aseguran que «trabajan para poder trabajar». ¿Qué soluciones se diseñan desde el Colegio de Arquitectos?

–Hemos montado la oficina de externalización para poder conocer mejor lo que piden en otros países y está pendiente de llegar a convenios con otros países en tanto que somos arquitectos civiles, que no es lo normal. Tenemos una formación técnica y humanística, que no tiene parangón. Los arquitectos españoles junto con los ingenieros son los más reconocidos del mundo. Además, está la agrupación de arquitectos analistas inmobiliarios para posicionarnos para lo que tiene que venir. Lo único que podemos decir es que a peor que estamos no podemos ir. La sensación que se tiene en el colegio es ver cómo pasamos el invierno.

–¿Qué cifras tienen de descenso de la actividad desde que comenzó la crisis?

–Nosotros vimos claro que comenzaba a finales de 2006 y en 2007 ya estaba plenamente consolidada. Hemos descendido en términos generales un 50%. Los colegios de interior han bajado entre el 40 y el 60%, pero los de la costa han llegado hasta el 90%. También es cierto que fueron los que más crecieron.

–¿El motor cómo se arranca otra vez?

–Los políticos tienen que dar un giro en su forma de entender el bien social, que se pongan uno al lado del otro y que ayuden al administrado a solucionar sus problemas.

–Sin embargo, la inseguridad jurídica sí frena a muchos inversores.

–Claro. Por ejemplo, te pueden anunciar que van a sacar una ley de campos de golf, que tardaron cinco años en sacarla, y se paralizan 17 campos de golf que llevaban viviendas. No entro en la idoneidad de los campos, pero sí en que no se pueden parar.