El PP-A pregunta a la Junta cuándo tiene previsto iniciar las obras de las Atarazanas

El Grupo Popular (PP) en el Parlamento andaluz preguntará en comisión al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, cuándo tiene previsto la Junta de Andalucía iniciar las obras de las Reales Atarazanas, construidas en 1252 y declaradas bien de interés cultural (BIC).

Así se indica en el texto, consultado por Eurpa Press, de la pregunta formulada por los diputados Alicia Martínez, Patricia del Pozo, Jayme Raynaud y Juan Bueno al Consejo de Gobierno con respuesta oral en la Comisión de Cultura.

En este sentido, hay que recordar que sigue pendiente de firma el acuerdo alcanzado entre la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) y la Consejería de Cultura, tras una larga negociación, para resolver el conflicto derivado del proyecto de restauración del monumento y su adaptación como espacio cultural.

El pasado 7 de junio, Adepa y el secretario general de Cultura, Eduardo Tamarit, visitaron los astilleros medievales, una visita en la que continuaron perfilando aspectos respecto al texto definitivo del convenio que ambas parte habrán de firmar, para desbloquear finalmente este prolongado conflicto.

Por el momento, la licencia de obras del proyecto de reforma y adaptación del monumento, diseñado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, se encuentra cautelarmente suspendida por orden del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número nueve, en el marco del recurso promovido por Adepa contra dicha licencia. Y es que además de recurrir la licencia, Adepa había solicitado la suspensión provisional de la misma, hasta la resolución del litigio.

El diseño original del proyecto plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.

Aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas lo han tachado de “crimen patrimonial”.

La negociación entablada entre Adepa y Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada y modificar el proyecto técnico de rehabilitación y adaptación del monumento.