El problema «endémico» de la vivienda en Sevilla

Sevilla- La crisis económica ha vuelto a desenterrar el drama de la vivienda en Sevilla. Recientemente, el PP señalaba que en sólo cuatro años se habían realizado más de 13.000 desahucios en la provincia, de los cuales, la mayor parte se concentra en la capital. Con una ciudad repleta de edificios vacíos y sin vender, los sevillanos reviven de nuevo las peores estampas del siglo XX al quedarse sin sus viviendas tras perder, en su mayoría, su trabajo y no poder hacer frente al pago de la hipoteca. Paralelamente, ha surgido un fenómeno que tampoco es nuevo, pues la ocupación de inmuebles por familias sin recursos ha sido algo habitual a lo largo de la centuria pasada, aunque parecía erradicado con la implantación del Estado del Bienestar desde mediados de los años setenta. Los ejemplos de La Corza, San Lázaro, Feria y, recientemente, Lumbreras no son más que un nuevo mecanismo para un problema que se ha convertido en atávico y habitual para Sevilla.

La actual situación económica y el elevado desempleo han destapado una realidad que parecía oculta. Lo mismo, aunque de una manera, desde luego, mucho más dramática, pasó hace cincuenta años con la trágica riada del Tamarguillo, en la que afloraron todas las miserias de una ciudad que vivía en la indolencia pese a estar minada de un elevado número de infraviviendas y rodeada por un cinturón de refugios y chabolas donde se vivía sin las mínimas condiciones dignas de habitabilidad. Cuando el agua sacó a la luz en diciembre de 1961 un déficit de casi 30.000 viviendas se puso en marcha un plan que duró hasta 1977 con la eliminación de La Corchuela, donde vivían más de 12.000 personas y 3.000 familias.

El periodista y escritor Nicolás Salas, que ha publicado importantes trabajos sobre este asunto, señala que «el problema de la vivienda ha sido algo endémico desde finales del siglo XIX» y que aumentó con las oleadas de gente venidas al calor de las obras de la Exposición Iberoamericana y durante la Guerra Civil. «Entre los años 1913 y 1915, por orden de Alfonso XIII, se crea el Real Patronato de Casas Baratas, siendo en Sevilla, en el Porvenir, donde se construyen las primeras de este tipo en toda España», cuenta Salas, que señala que «la riada del Tamarguillo puso de manifiesto que había 53 suburbios y 25 refugios». En ese momento, cuando la ciudad fue calificada en los periódicos madrileños de la época como «vergüenza de España», el Estado puso en marcha un programa de realojo de las familias obreras cuyos descendientes viven ahora una situación parecida. «Antes lo que no había eran casas donde vivir, no como ahora, que faltan pisos», matiza Salas, que señala que «lo normal era que varias familias compartieran una infravivienda durante años en unas condiciones higiénicas lamentables».

De la actualidad de este problema sabe bien Antonio Buenavida, miembro de la Intercomisión de Vivienda del 15M, quien lamenta que una vez que se pudieron solventar las carencias, en los años ochenta se cambió la legislación en beneficio de los bancos y las empresas constructoras. Para Buenavida, desde que en 1985 se crea el «Decreto Boyer», con el que «se puso en manos de los mercados un derecho tan básico como el del trabajo o la alimentación», arrancó el problema actual. Explica que «las casas tienen que ser un bien de uso, igual que no es propiedad de nadie la cama de los hospitales ni el pupitre en el que se estudia». Así, entiende que las administraciones «no están trabajando en este asunto por muchos anuncios que hagan», comenta este activista del 15M, que apoya la invasión que varias familias han llevado a cabo en los últimos meses. Ante estas ocupaciones se muestra crítico el catedrático de la Universidad de Sevilla Rafael Lucas, que señala que estas ocupaciones producen un doble riesgo, social y de seguridad, en el sentido de que «por un lado hay una falta de autoridad para defender los derechos de los propietarios de las casas y por otro, la entrada en una vivienda sin la licencia de ocupación puede ser peligroso», pues en estos inmuebles no se han realizados las pruebas necesarias para certificar la seguridad de los inquilinos.

La situación que cuenta es la habitual en todos los inmuebles ocupados, ya que se trata de viviendas a las que les falta muy poco para terminarse, pero debido a la falta de financiación no se pueden entregar. Lucas explica esta cuestión de manera gráfica: «Si queda el 10% para acabar una obra, aunque sea por poco dinero, no se pueden acabar las viviendas y entregarse», comenta, al tiempo que señala que ese dinero «en muchas ocasiones es muy poco en comparación con el total» y se convierte en un lastre importante. De esta manera insta a «rescatar a las empresas constructoras, como ha sucedido con los bancos» y resucitar un sector clave para dinamizar el mercado laboral.

Vacías, pero con un peligro latente

La mayoría de las viviendas que han sido ocupadas en los últimos meses no cuentan con los permisos de habitabilidad. Es decir, no tienen garantizada la seguridad. En el caso de que le suceda algo a los «ocupas» debido a esto, ¿quién es el responsable? Según el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, si hay un peligro manifiesto debe ser la autoridad la que impida la estancia de estas personas allí, pero si se trata de aspectos menos evidentes, como fallos en la electricidad o en la conducción del gas, son estas personas las «únicas responsables», ya que son conscientes del peligro que asumen en la vivienda.