La Junta adjudicó el 112 a una entidad que al mes alegaba pérdidas

MK Plan 21 es la concesionaria del servicio de Emergencias 112 Andalucía en Sevilla, que gestiona las alertas de la provincia hispalense, Cádiz, Córdoba y Huelva. En junio la entidad renovó el contrato con la Junta. Apenas un mes después, según pudo saber LA RAZÓN de Sevilla, MK Plan 21 alegó un déficit del 10% en sus ganancias para justificar una serie de ajustes laborales en la plantilla. En el pliego de condiciones del concurso se especifica la solvencia como requisito específico para la concesión, lo que abre la posibilidad de que la Junta adjudicara el 112 a una empresa sin capacidad para su gestión o bien que, directamente, la oferta presentada incurriera en falsedad.

Los trabajadores del 112 en Sevilla, precisamente, se concentran a las 12:00 horas en la Plaza Nueva por el conflicto laboral abierto en la empresa. La versión que les ha dado la Junta es que intentará mediar para que se cumpla el contrato. Este jueves tendrá lugar el juicio tras la denuncia presentada por los empleados.

La plica del concurso, que recoge la solvencia de la empresa como requisito básico, especifica que «el pliego de Cláusulas Administrativas particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y demás documentos anexos revestirán carácter contractual», por lo que la solvencia formaría parte del contrato. «Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional», indica el documento, añadiendo que «se indicará la documentación requerida para acreditar las mismas». Según el texto del concurso, «la presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna». En cualquier caso, «el contratista ni podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la expresa autorización del responsable del contrato», esto es, la Junta. Es más, se establece que «el contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa». Entre los requisitos, se indica que debe existir una bolsa de trabajo, uno de los recortes que, según pudo saber este diario, pretende la empresa.

Ampliación de horas

El cambio en la distribución de las horas -otro de los puntos de conflicto- «debe estar abierto a la modificación y adecuación de las necesidades del proyecto, que serán establecidas en el marco de las reuniones de seguimiento, con el acuerdo y aprobación de la Administración». Uno de los puntos álgidos del conflicto radica en, al parecer, la intención de la empresa de acogerse al convenio de telemárketing, que establece unas 17.000 horas de trabajo, por las 12.800 firmadas con la Junta.

El contrato bianual fue adjudicado por algo más de 9 millones de euros a la empresa de Fundosa. La Junta de Andalucía especifica que «el desconocimiento del pliego (...) no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento» y que «los contratos se ajustarán al contenido del presente pliego, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos».

La Administración «verifica»

La Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta mostró su respeto por las movilizaciones y aseguró no tener competencias en las relaciones laborales y el convenio colectivo de estos trabajadores con la empresa contratada.

La Dirección General sostiene que su «obligación y competencia es velar por el cumplimiento del pliego de condiciones establecidas en el contrato», así como «verificar» la calidad del servicio. «Más allá», dice, la Dirección General «no dispone de potestad legal para interferir en las relaciones laborales».